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La Constitución no es neutral desde el punto de vista económico: al garantizar la competencia en el mercado y prohibir la creación de monopolios, así como el alza y la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia, adoptó la economía de mercado, esto es, el sistema que genera riqueza frente al de la empobrecedora economía centralmente planificada. Esto no significa que el Estado se abstenga de intervenir para, entre otras cosas, promover el pleno empleo, fijar la duración máxima de la jornada laboral, establecer un salario mínimo y obligar a que el trabajador dependiente y su familia cuenten con seguridad social. Lo que no se admite es que una ley garantice una determinada tasa de ganancia a los productores, a los prestadores de servicios o a los intermediarios, pues ella depende del libre juego de la oferta y la demanda, así como de la eficiencia de los actores. Es obvio que los contribuyentes tampoco deben absorber sus eventuales pérdidas.
Por tanto, resulta aberrante que la Federación de Camioneros del Paraguay haya forzado el tratamiento de un proyecto de ley que aseguraba a sus miembros un “beneficio del 25% sobre el costo operativo de referencia”, pretensión a la que finalmente renunciaron, pero no así a que dicho costo del sector sea calculado por un comité técnico. Desde hace varios días tienen “sitiada” Asunción y cerraron rutas en varios puntos del país, recurriendo incluso a la violencia, ante la pasividad del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, de la Policía Nacional y de la Patrulla Caminera. El director operativo de esta última, Florencio Vargas, incurrió en la estupidez de alegar que ella no tenía la potestad de impedirla. Sus agentes se cruzaban de brazos mientras los prepotentes violaban los derechos al trabajo y al libre tránsito de los demás, trabando a la vez la libre circulación de los productos, también prevista en la Carta Magna. Más aún, el ridículo funcionario se permitió decir que entiende los reclamos y hasta rogó a los camioneros que tengan “empatía”, o sea, que permitan pasar al menos a quienes necesitaban llegar a hospitales, ya que en algún caso no lo permitieron. Según agregó, serían ellos quienes decidan cuánto duraría un bloqueo. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, no fue tan lejos, pero tampoco fue muy enérgico: se limitó a pedir la suspensión de la medida de fuerza y a sugerir una “mesa de diálogo”, adelantando que no se emplearía la fuerza pública para hacer cumplir el Estado de Derecho, como si este concepto jurídico pudiera defenderse por sí solo. Es de esperar que el Ministerio Público, que no se complica mucho cuando de defender a los ciudadanos se trata, actúe con firmeza en esta ocasión contra los prepotentes manifestantes.
Así, una vez más, quienes nada tienen que ver con la disputa planteada sufren sus consecuencias, convertidos en rehenes de quienes querían hacer valer sus pretensiones a como dé lugar. El fondo de la cuestión –el malhadado proyecto de ley– es un verdadero disparate, ya que atenta no solo contra la Constitución, sino también contra el simple sentido común. Lo de menos es apuntar a la arbitrariedad de la tasa de ganancia, que bien podría ser del 10 o del 50%; más preocupante es que, en virtud del principio de igualdad ante las leyes, todos los trabajadores por cuenta propia, incluidos los labriegos, podrían exigir en adelante que el Estado les garantice también un beneficio similar en sus transacciones. En efecto, ¿por qué solo los camioneros deberían tener un ingreso asegurado?
Dos de las funestas consecuencias del extremado intervencionismo estatal, como el de este caso, son la proliferación de órganos y el burocratismo feroz: se pretende crear –cuándo no y como si faltaran organismos– un Comité Técnico del Costo Operativo del Flete, integrado por representantes de seis entidades públicas, así como de firmas agroexportadoras, de empresarios y de camioneros; sería presidida por la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), también encargada de reglamentar la ley respectiva y de sancionar a los infractores. Asusta imaginar la cantidad de comités a ser inventados para estudiar constantemente los precios, como lo haría el referido, si el privilegio de asegurarles por ley su ganancia a los camioneros se extendiera a las más variadas áreas económicas.
Peor aún, el engendro propuesto causaría una inflación de más de dos dígitos, según voceros de 83 gremios empresariales. En palabras de Beltrán Macchi, presidente de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco): “Esta ley afecta a (...) toda la cadena de producción: al sector industrial que tiene que mover su materia prima, que tiene que hacer circular sus productos hacia los mercados, y también al comercial, que tiene que hacer lo propio. De esto nadie se salva. Esta fijación de precios que quieren establecer por ley, tendrá un impacto económico”. Dicho impacto lo habría sufrido la población entera en la forma de un enorme aumento de precios, empezando por la canasta básica.
En suma, la muy infeliz iniciativa ataca la Constitución, el buen criterio y el bolsillo de la gente, de modo que su merecido destino debería ser el basurero. Pero, los dadivosos senadores la aprobaron en general y la estudiarán en particular el próximo martes, dejando pendiente una funesta amenaza sobre la población.