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La Justicia paraguaya se encuentra en uno de sus exámenes probablemente más difíciles, ya que en pocos días, un tribunal de sentencia deberá decidir la suerte procesal de uno de los hombres más influyentes de la política paraguaya en los últimos treinta años, Óscar González Daher (OGD).
El acusado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración jurada falsa lleva años ocupando cargos de gran relevancia, como los de presidente de las Cámaras de Diputados y de Senadores, y presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Desde estas posiciones de privilegio, en lugar de servir al pueblo, a la democracia, abusó de ellos traficando influencia, tal como fue corroborado ya antes en otro juicio donde fue condenado con una pena irrisoria, lo cual le permite estar libre sin cumplirla. Es decir, en papeles tiene una condena, pero no ha respondido con su libertad, gracias a la condescendencia de la justicia y al pésimo trabajo de los fiscales de la causa.
Definitivamente no es un accidente que alguien como OGD haya ocupado tantos años posiciones de influencia para beneficiarse y beneficiar a sus amigos del poder. Varios actores de la política acompañaban estas trapisondas aportando sus votos en los colegiados para elegir presidente al luqueño.
A tal punto llega la complicidad de sectores del poder que, en la última lista de senadores de la ANR, OGD, inclusive luego de ser expulsado del Senado, ocupó el tercer lugar por el movimiento Honor Colorado, de Horacio Cartes. Durante la campaña presidencial, el candidato cartista a la Presidencia de la República, Santiago Peña, esgrimió una recordada frase: “No te preocupes, querido Óscar, la gente solo le tira piedras al árbol que da frutos”. ¡Y qué frutos! Durante el anterior juicio en el que se le aplicó una exigua condena por tráfico de influencias, se viralizó una fotografía en casa del expresidente Cartes, donde se lo veía junto a OGD compartiendo una mesa. Fue como una ominosa amenaza y como si una poderosa estructura infundiera temor a quienes deberían dictar su fallo.
Ahora, durante la reciente presentación de alegatos finales en el juicio sobre enriquecimiento ilícito, los agentes fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera solicitaron una pena de diez años de privación de libertad para el citado político y su hijo Rubén González Chaves, también imputado por las mismas causas que su padre, aun cuando de acuerdo con el concurso de delitos previsto en el Código Penal, la pena podría haber llegado a quince años. Solicitaron además el comiso de bienes, como una forma de recuperar parte del perjuicio causado.
En esta etapa del juicio estuvo presente un alto funcionario del Gobierno de los Estados Unidos –país que declaró al extitular del JEM “significativamente corrupto” y le prohibió entrar en ese país–, lo que no es frecuente. Son muchas las interpretaciones que pueden darse a este hecho, pero una de ellas sin dudas es que el Gobierno estadounidense, que es un protagonista mundial en el combate al lavado de dinero, entiende que se trata de un caso de gran importancia en esa materia. En este sentido, no debemos olvidar que dicho Gobierno es un gran colaborador del Paraguay en distintas áreas, como por ejemplo, recientemente en la donación de vacunas. Pero además, desde hace muchos años colabora con el Ministerio Público y el sistema de Justicia con capacitación, además de equipos que recibe la Unidad de Delitos Económicos. Sin embargo, los resultados obtenidos por los fiscales en casos de corrupción son sumamente pobres, como se observó hasta ahora con la exigua condena del mismo OGD, y la tibieza con que llevan adelante otros procesos como los del el ex fiscal general Javier Díaz Verón, y de los diputados Tomás Rivas y Ulises Quintana.
Aunque parezca relevante la pena solicitada por los fiscales, no constituye motivo para la confianza en que los acusados recibirán las que corresponden cuando de políticos influyentes se trata. En el mencionado anterior caso del mismo OGD, ya tuvimos la experiencia del pésimo trabajo fiscal de presentar alegatos fácilmente rebatibles, o sin las pruebas correspondientes, lo que al final derivó en penas irrisorias para el encausado. Razón de peso para estar alertas en lo que pueda ocurrir nuevamente en el próximo fallo, de maquillar las pruebas aportadas con arena y pintura relucientes, pero fácilmente removibles con rebuscados argumentos en favor de los corruptos.
La justicia paraguaya ha demostrado su ineficiencia, complicidad e inutilidad en casos de corrupción, por lo que el tribunal de sentencia compuesto por los jueces Yolanda Portillo, Yolanda Maciel y Jesús Riera tendrá en esta ocasión una excelente oportunidad para emitir un mensaje ejemplar que se contraponga a la impunidad reinante hasta hoy.