En esta semana, el contralor general de la República, Camilo Benítez, presentó su informe anual ante el Congreso de la Nación. Entre otras cosas informó la cantidad de comunicaciones presentadas ante el Ministerio Público, que revelan indicios de comisión de hechos punibles, lo que resultó de los distintos trabajos practicados por la Contraloría General de la República. En total, fueron 52 reportes en los que se estima de posibles daños al patrimonio público por valor de 379.000 millones de guaraníes.
La mayoría de los hallazgos están relacionados con administraciones municipales, es decir posibles desfalcos en comunas que son perjudicadas delincuencialmente por intendentes que, en lugar de destinar los recursos recibidos de la administración central, de los impuestos y tasas municipales en favor de sus comunidades, se dedican a robar creando empresas fantasmas, asociándose ilícitamente con parientes y correligionarios para sobrefacturar obras, o directamente pagar servicios inexistentes. Es por eso que las ciudades en nuestro país presentan un estado deplorable en cuanto a caminos, empedrados, plazas, alumbrado público, policías municipales coimeras, solo por citar algunas penurias que pasan los vecinos.
El negocio de ser intendente, concejal o gobernador es altamente lucrativo por una sencilla razón: los desfalcos que cometen estos delincuentes disfrazados de políticos no son castigados por la justicia. ¿Cuál es la razón por la que los fatos que están a la vista de todos no tienen consecuencias para los administradores?
En la Constitución, la Contraloría General de la República es el órgano encargado de verificar la correcta administración de las Municipalidades. Al respecto, el Artículo 281 reza: DE LA NATURALEZA, DE LA COMPOSICIÓN Y DE LA DURACIÓN. La Contraloría General de la República es el órgano de control de las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades, en la forma determinada por esta Constitución y por la ley. Gozará de autonomía funcional y administrativa. Igualmente, entre sus atribuciones previstas en el artículo 283 se establece: la denuncia a la justicia ordinaria y al Poder Ejecutivo de todo delito siendo solidariamente responsable, por omisión o desviación, con los órganos sometidos a su control, cuando estos actuasen con deficiencia o negligencia.
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Las comunicaciones que realizó la Contraloría al Ministerio Público son parte de su responsabilidad, a partir de lo cual, es tarea de la Fiscalía iniciar las investigaciones por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, cohecho o cualquier delito. En consecuencia, la primera pregunta que surge es cuántas causas ha iniciado el Ministerio Público una vez recibidas las denuncias de un órgano estatal como la Contraloría, cuyas documentaciones son consideradas como instrumentos públicos y, por tanto, hacen plena prueba en juicio.
En segundo lugar, la Fiscalía tiene la obligación de explicar claramente por qué no inició investigaciones en todos los casos. En relación con los que se iniciaron, debe explicar cuál es el avance de los mismos y en cuáles logró la condena de los imputados.
La misma ley orgánica del Ministerio Público en su Art. 8º impone esta carga pública a la titular: PUBLICIDAD. A fin de facilitar el conocimiento público de su labor y de posibilitar su control, el Ministerio Público deberá: 2. informar objetivamente a los medios de comunicación social sobre los principales asuntos o investigaciones, sin afectar la reserva de las actuaciones judiciales o el principio de inocencia.
Lo preocupante de los datos brindados por el contralor general es que, del lado del Ministerio Público, representante de la sociedad, solo se escuchó un silencio pasmoso. No se ha tenido ninguna declaración de su titular, Sandra Quiñónez, rechazando las declaraciones o los números del contralor. La cuestionada fiscala general, que hace tiempo parece estar paralizada, tampoco se ha pronunciado sobre los casos recibidos como denuncia de la Contraloría con los resultados positivos o negativos.
Por lo tanto, el sistema constitucional que protege el patrimonio de los ciudadanos no está funcionando como corresponde. Aunque la Contraloría detecta y comunica posibles hechos punibles al Ministerio Público, esto no sirve de nada si esta institución no toma acciones concretas de persecución, castigo de los ladrones y recupero de los bienes mal habidos.
Esta actitud cómplice de la Fiscalía desnudada esta semana por el contralor general de la República no es algo novedoso. Más bien, es la confirmación de la inutilidad y pasividad dolosa de los fiscales para con la corrupción, la misma que exhibe en los casos de enriquecimiento ilícito. La Fiscalía paraguaya no representa a la sociedad, es más bien su enemiga, ya que en lugar de proteger sus bienes, forma parte del latrocinio cometido por administradores de Gobernaciones, Municipalidades y entes del Estado.
Mientras este estado de cosas no cambie, los delincuentes de cuello blanco seguirán apostando a copar espacios de poder político, como los de gobernadores, intendentes, concejales, directores de entes, etc., para enriquecerse a costa del pueblo. Lo seguirán haciendo con total tranquilidad porque la impunidad estará asegurada con una fiscalía que parece tan corrupta como ellos. Gracias a esta situación, la corrupción pública y privada sigue siendo un gran negocio en nuestro país.