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El senador Miguel Fulgencio Rodríguez (FG) presentó un proyecto de ley para revivir Líneas Aéreas Paraguayas (LAP), una empresa pública de muy triste memoria. La iniciativa lanzada en plena catástrofe sanitaria revela no solo un pésimo sentido de la oportunidad, sino también –y sobre todo– que el estatismo es inmune a la penosa experiencia acumulada a lo largo de las décadas. Desde luego, resulta hasta indignante que se pretenda tamaño despilfarro mientras en los hospitales faltan camas y fármacos, pese al notable endeudamiento público y al auge del déficit fiscal, mientras la crisis económica agrava el desempleo: la resurrección de ese “elefante blanco” no conllevará la de las víctimas de la pandemia ni la creación de puestos de trabajo, salvo para la consabida clientela política. Más aún, hay notorias carencias públicas que deben ser atendidas con urgencia, concentrando en ellas los recursos disponibles, en vez de desviarlos hacia un emprendimiento absurdo, contrario al interés general: si la infraestructura vial y la educativa son tan ruinosas, como lo son, resulta aberrante que se proponga que se dilapiden fondos para que la bandera nacional vuelva a “surcar los cielos de América”, según rezaba el eslogan de la funesta aerolínea. A propósito, vale la pena recordar que la desaparecida LAP dejó una deuda de más de G. 131.000 millones al Estado, que el Ministerio de Hacienda terminó pagando al Banco Central del Paraguay (BCP) recién en el 2013, a través de la entrega simbólica de bonos perpetuos a la banca matriz (en total se emitieron unos US$ 900 millones).
En su vuelo inaugural de 1963, transportó a Río de Janeiro a una comitiva oficial, integrada por jefes militares y altos funcionarios de la dictadura, que no habrá perdido la oportunidad de volver con valijas llenas de valiosos productos, que ni siquiera habrán sido revisadas. Se comenta que los aviones de LAP, pilotados por oficiales de la Fuerza Aérea, también servían para el contrabando, y que los buques de la otra fallida empresa estatal, Flota Mercante del Estado (FME), traían costosos productos de Europa para sus propios tripulantes y para los popes de la época. No estaban precisamente al servicio del común de los paraguayos, ese que hoy, como ayer, necesita enviar a sus hijos a una escuela pública bien equipada y tener caminos transitables en todo tiempo. Se busca repetir una desgraciada historia, tanto que el proyecto dice que LAP quedará “restablecida de pleno derecho” y que se regirá por la ley a ser sancionada, casi idéntica a su carta orgánica de 1990. ¡Dios salve al Paraguay!
Es que el senador Rodríguez no cree que fijar prioridades racionales en medio de la crisis sanitaria, económica y fiscal sea más necesario que el hecho de que el país “recupere su soberanía aeronáutica y aprovechar la coyuntura especial para resucitar LAP, para que en los cielos del mundo puedan volver a surcar aviones con matrícula y bandera 100% nacional”. En otras palabras, le seduce la “soberanía aeronáutica”, que sería mejor defendida instalando radares que detecten las avionetas del narcotráfico que sí surcan nuestro cielo, y el prestigio que el Paraguay ganaría se logrará más bien combatiendo la corrupción para que, entre otras cosas, a ninguno de sus hombres públicos se le prohíba llegar tan siquiera al aeropuerto de Miami, por ser “significativamente corruptos”.
La deplorable iniciativa es asombrosa, pero no sorpresiva, pues el presidente de la Dinac, Félix Kanazawa, ya había anunciado en agosto de 2020, sin entrar en detalles, que se estaba analizando la posibilidad de “reflotar” la malhadada empresa hundida en 1994, para lo cual ya se habría registrado la “marca” en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (Dinapi). Efectuado el análisis, el senador Rodríguez, tan convencido de las bondades del estatismo como sus compañeros del FG, se lanzó al rescate de los restos, justo cuando las grandes aerolíneas atraviesan serias dificultades debido a las restricciones derivadas de la pandemia. Incluso, se correría el riesgo de que, si la disparatada iniciativa fuera aprobada, empeore la conectividad del país, en la medida en que la eventual “monopolización” de la ruta nacional induzca a las compañías extranjeras a eludirlo.
Según parece, esta “coyuntura especial” favorecería –curiosamente– a una empresa estatal que fue tan ineficiente y corrupta como lo siguen siendo las empresas públicas ANDE, Petropar e INC, así como las sociedades anónimas estatales Essap y Copaco. La ciega confianza en las bondades del Estado empresario trasciende las fronteras partidarias, como lo demostraron hace poco los diputados Basilio Núñez (ANR) y Enrique Mineur (PLRA), al lanzar sendos proyectos de ley para reactivar la rapiñada Acepar SA, a costa de los contribuyentes. No hay que dejarse engañar por los cantos de sirena de los “nacionalistas” de todo pelaje, que quieren hacer creer que una empresa pública pertenece a todo el pueblo, y no a sus sindicalistas, a sus mandamases de turno y a sus respectivos allegados, como ocurre en la práctica.
Lo que al pueblo le interesa no es que la bandera paraguaya “surque los cielos”, sino contar con buenos servicios públicos en materia de salud, de educación y de vialidad. Sus necesidades están en la tierra, de modo que los senadores le harán un gran favor si envían al basurero el despropósito comentado, que trasunta una nostalgia por lo que solo fue una pesadilla. El Estado es un mal empresario. Por eso, el proyecto es descabellado, lo que se agrava con el difícil momento que está pasando el paraguayo “común”, aunque esto no preocupa a la mayoría de nuestros legisladores.