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El Estado paraguayo se parece a un asesino serial. En lugar de proteger a las personas que habitan su territorio, los gobernantes se dedican a torcer la ley cometiendo constantemente actos de corrupción como cohecho, soborno, lesión de confianza, entre otros delitos que nunca son sancionados por la Justicia.
Además de enriquecerse a costa del pueblo coimeando en la compra de insumos médicos, ventiladores, tapabocas, venta clandestina de energía, licitaciones públicas relativas a obras viales, concesiones y todo cuanto pueda manotear cual peajero, sus actos ocasionan daños irreparables para ciudadanos inocentes.
El Gobierno ha tolerado de parte de las autoridades del Ministerio de Salud que otorguen contratos multimillonarios a empresas como Imedic, sin respetar criterios elementales de seguridad, lo que terminó en la indisponibilidad de insumos, camas, tapabocas, trajes protectores, etc. Su inutilidad en la compra de vacunas desemboca en la muerte de centenares de personas diariamente, que no hubiesen perdido la vida si se actuaba con honestidad.
Cuando asignan de manera dirigida licitaciones para la construcción de aulas, que luego se caen literalmente sobre la cabeza de los niños, ponen en riesgo la vida de esos inocentes y matan las posibilidades de que reciban la instrucción necesaria para decidir justamente no votarlos cuando estén en edad de hacerlo.
Se desconocen los números de personas muertas en las rutas nacionales debido a la construcción deficiente de las mismas, producto de la corrupción. La última tragedia ocurrió el jueves 10 de junio en el tramo Tacuatí en el departamento de San Pedro. Se cayó un puente al momento en que circulaban vehículos de pequeño y gran porte, con la pérdida de tres vidas, además de igual número de heridos.
El MOPC es la institución encargada de la construcción y mantenimiento de las rutas del país, por lo que es directamente responsable por lo sucedido. Esta responsabilidad tiene al menos dos vertientes, la civil y la penal. El procurador general de la República debería gestionar una indemnización decorosa para las familias de las víctimas, sin esperar una demanda. En el ámbito penal, el Ministerio Público abrió una investigación que debe llegar hasta un juicio oral contra cada uno de los responsables de la creación del riesgo, producto de la deficiente construcción y la falta de mantenimiento.
Es una ofensa para la gente que el Presidente de la República ocupe su tiempo en campañas ridículas mostrando camionetas adquiridas por las entidades binacionales, o exhibiendo ventiladores en la explanada del Palacio de Gobierno en vez de estar instalados en los hospitales.
En lugar de actuar como un bufón habitante de un termo que lo inmuniza de la realidad, debe investigar personalmente qué pasó con los negociados en Salud Pública, por qué sus ministros encargados de transparentar esos procesos no detectaron nada, quiénes son los responsables de la caída de aulas y puentes, por qué no se construyeron fábricas de oxígeno en cada hospital para que hoy no mueran personas, entre otras cosas. Una vez que identifique a los delincuentes de su entorno, debe destituirlos y denunciarlos por acción u omisión.
Pero probablemente esto no va a suceder, porque el mismo Abdo Benítez es el primer responsable, primero por ubicar a inútiles en los distintos ministerios y, segundo, porque de ser así, él deberá ser el primer destituido por mal desempeño.
La inoperancia de los corruptos del Gobierno es la principal causa directa de la muerte de ciudadanos en los hospitales, en las calles víctimas de asalto, en las rutas que se construyen sin contemplar medidas de seguridad o que no son mantenidas. Es hora de identificar y sancionar a los culpables, del primero al último.