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Pese a lo que podría haberse esperado, la pandemia no está reduciendo la cantidad de hechos punibles violentos, en plena calle y a la luz del día. Tres de los más recientes fueron atracos similares perpetrados en la zona comercial de Ciudad del Este, en horas de la mañana, sin que ninguno de sus autores haya sido capturado hasta hoy; en el del 20 de mayo, al menos cuatro bandidos provistos de armas largas y de insignias de la Policía Nacional desarmaron a dos agentes policiales y luego asaltaron un puesto de cambistas; se fugaron en dos vehículos e intercambiaron disparos con uniformados del grupo Lince, uno de los cuales resultó herido. El último atraco a mano armada publicado en la prensa fue cometido en la noche del domingo, en un barrio asunceño; fueron sus víctimas una mujer despojada de 750.000 guaraníes y un joven herido de gravedad al perseguir al delincuente. Bastan estos ejemplos para ilustrar que crímenes como los apuntados han recrudecido no solo en la citada capital departamental, sino también a lo largo y a lo ancho del país, aumentando aún más la ya permanente “sensación de inseguridad”.
El subcomandante de la Policía Nacional (PN), Víctor Balbuena, cree que ella solo responde a la “mediatización” de los “hechos muy violentos”, pues en lo que va del año, se habrían registrado menos delitos que en igual periodo de 2019 y 2020. No queremos creer que el jefe policial haya querido “culpar al mensajero” ni que, por tanto, la prensa debería silenciar los atracos. Al contrario, tienen que ser publicados para que la población sepa el riesgo que corre al salir a la calle con dinero; lo que habría que hacer es impedir que proliferen hasta el punto de que ya no sean noticias. El subcomandante afirma que la inseguridad resulta de la suma de situaciones tales como el desempleo y el consumo de drogas. Es cierto que ellas juegan un rol importante, pero también lo es que no faltan quienes preferirían robar antes que trabajar y no necesariamente para inhalar cocaína. Llevará su tiempo crear el pleno empleo y erradicar el consumo de drogas, pero entretanto es imperioso que la población se sienta segura.
Hasta hoy, ninguno de los autores de los asaltos antes mencionados ha sido detenido, lo que sugiere que la falta de castigo es un factor a considerar a la hora de estudiar las causas de la criminalidad. La PN cuenta con unos 24.000 agentes, lo que se ajusta a la proporción aconsejada de uno por cada 300 habitantes. El problema es que no están bien distribuidos, pues no son pocos los que ejercen funciones burocráticas o prestan servicios en viviendas privadas: deberían salir a la calle para que los de uniforme tengan allí una “mayor presencia”, en el marco del “nuevo esquema de seguridad” a ser aplicado desde el martes. La redistribución del personal resulta aún más urgente por el hecho de que también debe velar por el cumplimiento de los decretos sobre la cuarentena y por el buen desarrollo de los desalojos de predios rurales y de las manifestaciones capitalinas. A ello se agrega que el covid-19 ya se habría llevado a 38 agentes y que unos 600 estarían en aislamiento, lo que resulta lamentable.
Empero, la “falta de resultados”, admitida por el propio jefe policial, no puede atribuirse a la insuficiencia del plantel policial. No mencionó como una de las causas la corrupción allí reinante, hasta el punto de que hay quienes secuestran a turistas o hasta fungen de sicarios del crimen organizado. También es verdad que los jueces otorgan las medidas alternativas a la prisión incluso a presos con graves antecedentes, lo que resulta inadmisible aunque las cárceles y las comisarías estén abarrotadas; para peor, nadie controla que sean cumplidas. Urge poner coto a la inseguridad reinante no solo por el obvio motivo de que el Estado debe proteger la vida, la libertad y los bienes de las personas, sino también porque hay que evitar que las víctimas intenten hacer justicia por mano propia: los “linchamientos” implican un rotundo fracaso estatal.
La PN está en deuda con la sociedad, que tiene muy buenos motivos para sentirse insegura ante unos delincuentes que hasta están empleando amas largas, acaso porque resulta muy fácil introducirlas al país para revenderlas al crimen organizado brasileño. El país tampoco debe caer en las garras de los bandidos de manos ensangrentadas, para lo cual resulta necesario, para decirlo una vez más, depurar a fondo la institución policial. Su Dirección de Asuntos Internos tiene mucho que hacer para que la gente de bien se detenga ante una barrera policial, sin temor a ser asaltada o extorsionada. Flaco favor le haría si se le ocultaran los “hechos punibles muy violentos”: conocer la realidad es un requisito indispensable para mejorarla.