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Tarde o temprano la pandemia quedará atrás, pero la pospandemia presenta desafíos tremendos que deben ser encarados ya mismo, sin pérdida de tiempo. Lamentablemente, el Paraguay ha dado varios pasos atrás en su marcha al desarrollo y no le será fácil retomar el camino que venía transitando de crecimiento sostenido con relativa estabilidad macroeconómica, con el que se había logrado una consistente, aunque todavía insuficiente, reducción de la pobreza y de la desigualdad, y un paulatino cambio de imagen internacional como país a considerar para radicación de inversiones.
La pobreza en Paraguay bajó del 40,5% en 1997/98 al 23,5% en 2019, y la pobreza extrema del 12% al 4% en el mismo período, producto de un ciclo de alto crecimiento económico impulsado mayormente por las buenas cosechas y los buenos precios internacionales de los commodities agrícolas, pero no únicamente por ello. Hicieron también su gran contribución muchas inversiones nacionales y extranjeras en diversos sectores, incluyendo el industrial, sobre todo en maquila, en el área inmobiliaria, en servicios, con la consecuente creación de riqueza, innovación y fuentes de trabajo.
Algunos afirman que este proceso solamente benefició a los segmentos minoritarios y más ricos de la población, pero lo cierto es que la desigualdad también ha experimentado una importante reducción del 24% en las dos últimas décadas, con una caída del coeficiente de Gini del 0,573 en el pico del 2002 al 0,437 en 2020, bastante mejor que la media de América Latina (0,525) y al nivel de la de América del Norte (0,438).
En síntesis, Paraguay venía bastante bien, pero con una salvedad. Como suele ocurrir, en tiempos de bonanza se tiende a disfrutar del momento y no pensar en el mañana. Cuando llegó la época de las vacas gordas el país cómodamente se dejó arrastrar por el “viento de cola”, no realizó las debidas reformas y paulatinamente empezó a tirar la casa por la ventana, primero con un incremento desproporcionado de funcionarios públicos y de beneficios a cuenta del Estado, y luego, cuando se acabaron los superávits, con la aceleración cada vez más pronunciada del ritmo de endeudamiento.
La situación ya se avizoraba preocupante, pero la pandemia vino a precipitar todo dramáticamente y a desnudar sin contemplaciones nuestras falencias más profundas. Para fines de 2019 ya se acumulaban varios ejercicios de saldos rojos y ese año se saltó el tope de la ley de responsabilidad fiscal con un déficit del 2,8%. En 2020 el déficit se disparó al 6,2% del PIB y el endeudamiento público se volvió una gran bola de nieve, pasando de 8.000 millones a más de 12.000 millones de dólares en solo un año, actualmente superando la barrera del 35% del PIB. La pobreza total se incrementó en 3,4 puntos porcentuales (13%) por primera vez en mucho tiempo, mientras el desempleo abierto urbano creció 40%, con datos que probablemente todavía no recogen del todo el impacto de las restricciones sobre la economía. Todo esto en medio de una interminable crisis sanitaria, sin vacunas en el horizonte, y con una tasa de fallecimientos diarios por covid por millón de habitantes que está en el primer lugar entre las mayores del mundo después de 14 meses de cuarentena.
La pandemia nos encontró con un Estado parasitario, inoperante, viciado por la corruptela, que cuesta 13.000 millones de dólares al año y es incapaz de dar respuestas adecuadas a la ciudadanía en los peores momentos, pese a contar en tiempo y forma con los recursos necesarios. Un sistema de seguridad social al que aporta apenas un quinto de la población económicamente activa y que a largo plazo es una bomba de tiempo. Un sistema educativo que, además de sus conocidas limitaciones, sigue manteniendo al 76% de los alumnos fuera de las escuelas y se encamina a un segundo año prácticamente perdido, o sumamente por debajo de los requerimientos en un país con un altísimo porcentaje de población muy joven que necesita prepararse para enfrentar la vida y para incrementar su productividad.
Está claro que en estas circunstancias Paraguay no está en condiciones de salir adelante, por más que siga habiendo sectores dinámicos que sostengan cierto nivel de recuperación y crecimiento durante algún tiempo. Para aspirar al desarrollo económico y social se precisa mucho más.
Para empezar, es crucial restablecer los equilibrios macroeconómicos cuanto antes, so pena de caer en la debacle de otros países de la región, con incontenible fuga de capitales y altas tasas de inflación que carcomen los ingresos de los más pobres. No hay que esperar el fin del mandato de este Gobierno, como pretende el Ejecutivo, para volver al tope de la ley de responsabilidad fiscal (1,5% del PIB), y mucho menos apostar a una incierta renegociación del Tratado de Itaipú, en la que muchos parecen cifrar esperanzas.
Para que el país se desarrolle se necesita una reforma del Estado profunda que asegure una mejor utilización del dinero de los contribuyentes, con una nueva ley de la función pública que ponga freno al clientelismo a costa del pueblo, proteste quien proteste, y con una reforma del sistema de contrataciones y adquisiciones que garantice una efectiva transparencia. El desarrollo del país igualmente requiere educar como corresponde a nuestros niños y jóvenes, llevar adelante una reforma previsional que promueva el ahorro interno y asegure una amplia cobertura, eliminar monopolios, fortalecer la competencia y el ambiente de negocios, combatir frontalmente la corrupción.
Es perentorio volver a debatir sobre reformas estructurales como causa nacional. Si las fuerzas políticas, las organizaciones civiles, la sociedad en su conjunto realmente quieren un Paraguay desarrollado y próspero, y no uno estancado, corrupto y atrasado, hay que comenzar de inmediato a reencauzar el país en esa dirección, porque de eso depende nuestro futuro como nación.