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Después de 14 meses de cuarentena, con un promedio de más de 12 muertes diarias por millón de habitantes, Paraguay es en este momento uno de los países con más fallecimientos por covid en relación con su población en el mundo, y hay pronósticos, que ojalá no se cumplan, que indican que lo peor todavía está por llegar. La pandemia no es culpa del Gobierno, pero la situación que atraviesa el país sí lo es. Hay dos factores de extraordinaria importancia para detener el coronavirus que son de su directa responsabilidad y en ambos la “administración” de Mario Abdo Benítez está fracasando calamitosamente, con gravísimas consecuencias en términos de salud pública y de impacto socioeconómico: la vacunación y los testeos masivos.
En cuanto a la vacunación, nos habían prometido que en mayo llegarían un millón de dosis, lo cual, sin ser lo óptimo, al menos habría permitido comenzar una campaña nacional de vacunación anticovid verdadera, no el simulacro que es actualmente. Sin embargo, ya estamos en la segunda quincena y solo han arribado 40.000 dosis de la rusa Sputnik V, lo que constituye poco más que una gota en el océano, y ahora el ministro Julio Borba habla de 500.000 antes de fin de mes, sin dar precisiones de ninguna clase ni explicaciones de qué pasó con el resto.
Cada vacuna es importante para salvar vidas, pero a los efectos de obtener una “inmunidad de rebaño” capaz de cortar la circulación interna del coronavirus se requiere vacunar cuando menos al 30% de la población en 2021 para alcanzar al 50% de los adultos, considerando que Paraguay tiene casi 3 millones de menores de 18 años, para quienes, por el momento, la vacuna no está indicada.
Para esa meta, de por sí muy básica, se necesitan 4.500.000 dosis, ya que son dos dosis por persona. Hasta ahora, incluyendo estas últimas 40.000, el Gobierno ha traído menos de 450.000, un 10% de lo requerido para lo mínimo necesario. Y aun si se concretara el reciente anuncio del ministro con otras 500.000, estaríamos en un 20% de los requerimientos cuando ya va acabándose el primer semestre del año.
Como resultado, Paraguay es el país que proporcionalmente menos ha vacunado en toda Sudamérica después de Venezuela, con el 2,2%, y con el agravante de que 9 de cada 10 solo recibieron la primera dosis. Es cierto que hubo vacunas disponibles por un breve lapso, pero fue una efímera ilusión. Cuando a los mayores de 75 años se les agregaron los mayores de 65, el plan rápidamente colapsó, y eso que entre ambos rangos etarios suman unos 400.000, apenas el 5% de los habitantes. Los adultos que faltan, ya excluyendo a los menores de 18, son más de 4 millones.
Las perspectivas de que haya vacunas para ellos son sumamente inciertas, y las vagas y ambiguas informaciones que brinda el Gobierno no ayudan a aclarar el panorama. Se cifraban esperanzas en un presunto acuerdo con el laboratorio indio Bharat Biotech para la adquisición de 2 millones de dosis de Covaxin, pero la India está con más de 4.000 muertos diarios y el gigante asiático sigue sin autorizar la exportación. También se contaba con una supuesta donación de 400.000 dosis por parte de Qatar, pero hay fuentes que aseguran que ello no es oficial y el embajador paraguayo en ese reino, Ángel Barchini, se ha llamado a silencio. En estos días se ha estado hablando de una posible donación de Estados Unidos, pero tampoco hay detalles al respecto.
A falta de vacunas, otra seria falencia que está mostrando este Gobierno tiene que ver con el sistema público de testeos, que podría muy bien ser la razón por la cual se han disparado exponencialmente los casos graves y los fallecimientos. En el sector público están dando turno para hacerse pruebas PCR con sumo retraso, después de desafiar la paciencia en el call center 154 y, salvo excepciones, solo en caso de que se presenten al menos tres síntomas. Debido a ello, muchísimos potenciales infectados no se hacen el test, y aquellos que no tienen síntomas, o los tienen muy atenuados, siguen normalmente con sus vidas. Esto tiene un doble efecto negativo. Por un lado se multiplican los contagios y, por el otro, se obstaculiza una detección temprana para empezar oportunamente el tratamiento y reducir así la posibilidad de llegar a estados graves.
Por estos motivos, en muchos países les dan una altísima prioridad a los análisis masivos y permanentes, complementados con kits de autotest rápidos que se distribuyen gratuitamente en lugares como Suiza, o se venden libremente en farmacias y supermercados por 3 euros, como en Alemania. Cuantas más opciones tenga la gente de saber rápidamente si están contagiadas, ya sea porque tuvieron algún contacto o porque tienen alguna sospecha, es más factible que los portadores del virus se aislen antes, con lo que se aminora la propagación y se pueden iniciar los tratamientos preventivos a tiempo.
Pero ni esto ha podido hacer bien este Gobierno, por lo cual no es casual la alta tasa de fallecimientos. Las autoridades nacionales no pueden esquivar su responsabilidad por lo que está ocurriendo ni pueden continuar desviando la atención con restricciones a la sociedad que, además de inconstitucionales y económicamente insostenibles, han probado ser totalmente inefectivas. La ciudadanía espera que le informen sin rodeos qué exactamente están haciendo para masificar los testeos y para traer los millones de vacunas que se necesitan. Y si no pueden, ya saben lo que tienen que hacer.