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Finalmente, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, formalizó la presentación de su polémico proyecto bautizado como “ley garrote” en el que pide al Congreso autorización para suspender derechos constitucionales y violar disposiciones de la Carta Magna con la excusa de defender la vida, lógica argumental típica de todo autoritarismo, en especial del fascismo y del comunismo.
El Gobierno realizó un “acting”, una actuación, para tratar de disimular el carácter autoritario de la “ley garrote” diciendo que el proyecto que se socializó la pasada semana no era sino un borrador y que algunos elementos de esa propuesta ya no fueron presentados.
No interesa que lo presentado haya sido un borrador, pues mantiene todo lo que era discutible en el primer ensayo: Mantiene la autorización al Ejecutivo de suspender derechos constitucionales (artículo 6), mantiene la creación de tribunales especiales (artículo 9), mantiene la disolución de la división de poderes (artículo 11) y mantiene las multas confiscatorias (artículo 19).
Cambió en algunas cuestiones accesorias, tal vez con el propósito de engatusar a los incautos, como por ejemplo la recusabilidad de los jueces de sus tribunales especiales, como si el problema fuera el recurso y no el instituto.
Conviene repetir por qué este proyecto es ideológicamente monstruoso y jurídicamente violatorio de la Constitución y por qué aceptarlo sería un intento de poner fin al periodo democrático inaugurado el 3 de febrero de 1989.
Se puede decir que es ideológicamente monstruoso porque las leyes habilitantes son el pilar habitual de las dictaduras y, justamente por eso, están terminantemente prohibidas por el artículo 3 de la Constitución: “...El Gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público. La dictadura está fuera de ley”.
La disposición “ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público” es demasiado clara, aunque el Gobierno pretende hacerse del desentendido insistiendo en la presentación de su estrafalario proyecto.
La frase dice que el Congreso no puede otorgar al Ejecutivo la potestad de suspender derechos enunciados en la Constitución y está explicado precisamente en el artículo 3 de la Carta Magna.
Si lo hiciera, el Congreso no solamente estaría convirtiéndose en cómplice de la violación de derechos ciudadanos y de sumar al Ejecutivo poderes que la Constitución no le otorga, sino que estaría también derogando el artículo 137 de la Ley Fundamental que establece el orden de prelación de las leyes al autorizar al Ejecutivo suspender con una ley y unos decretos partes de la propia Constitución.
Y es eso lo que han hecho todos los aspirantes a dictadores y todos los dictadores de todos los tiempos y todos los lugares, cortados por la misma tijera del desprecio al Estado de Derecho.
Por eso el proyecto es ideológicamente monstruoso.
El proyecto es jurídicamente violatorio de la Constitución porque destruye, además del equilibrio de poderes que garantiza la vigencia de nuestros derechos, todo el esquema que la Carta Magna estatuye para proteger a los ciudadanos contra los abusos de autoridad.
Crear en el ámbito administrativo “juzgados” con potestad de castigar a la gente está prohibido por el artículo 17 inciso 3 de la Constitución y el hecho de que desde épocas pasadas se hayan mantenido algunas prácticas autoritarias de esta índole no les presta legitimidad ni constitucionalidad, como pretende el Gobierno.
Pero no solamente crea esos “juzgados”. Les impone procedimientos absolutamente contrarios a lo ordenado por el citado artículo 17 completo y, al hacerlo, pasa por encima de los Códigos Procesal Penal y Penal, para vergüenza perenne de los autores y defensores del proyecto de “ley garrote”.
El proyecto deja a “los comunes” a merced de la omnipotencia gubernamental más descarnada y durante la presentación de ayer muchos senadores, incluso aquellos proclives a apoyar la norma, coincidieron en este peligro aberrante.
Muchos partidarios del Gobierno admitieron que gobernar por decreto es una violación de la Constitución demasiado flagrante, pero gobernar por decreto es lo que autoriza el artículo 13 del Código Sanitario de 1980, que no es inconstitucional por ser de 1980, sino porque el citado artículo 13 es también una ley habilitante, solo que la Constitución de Stroessner admitía los “decretos-leyes” como toda dictadura digna de ese nombre.
El proyecto de “ley garrote” empeora lo del Código Sanitario, pues aunque igual que él usa el decreto para suspender derechos (artículo 5 del proyecto), expresamente deroga las garantías procesales que hoy todavía tienen los ciudadanos.
El Senado debería rechazar el tratamiento de este proyecto por todo lo anterior, que es un intento avieso y abierto de destruir los cimientos mismos de la democracia paraguaya.