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El Gobierno de Mario Abdo Benítez una vez más pretende establecer restricciones a la circulación y al consumo en horario nocturno, lo cual única y exclusivamente sirve para desviar la atención, intentar disfrazar su inoperancia, desangrar las finanzas públicas y castigar aún más a golpeados segmentos de la economía legal. Volver a fases estrictas de la cuarentena a estas alturas es impracticable, de cumplimiento imposible, y las restricciones horarias solo afectan a una parte del sector formal y no surten efectos para contener el coronavirus, como ya ha quedado suficientemente demostrado. En vez de persistir en medidas sin sentido ni resultados –al margen de su dudosa constitucionalidad– el Poder Ejecutivo haría bien en dedicar su tiempo y sus esfuerzos, por ejemplo, a mejorar su pésimo sistema de testeos, asegurar la disponibilidad de medicamentos e insumos en los hospitales y traer vacunas de una vez por todas.
Nada de esto significa que no deba ponerse el máximo empeño en las acciones preventivas, tanto por parte de las autoridades, que podrían hacer más en términos de campañas educativas, sobre todo en zonas marginales, como por parte de las empresas, las diversas instituciones y la ciudadanía en general. Los protocolos sanitarios son sencillos y aplicables: lavado frecuente de manos, uso de tapabocas, mantenimiento de cierta distancia, aislamiento en caso de síntomas o sospechas por contactos y, en lo posible, realización de pruebas cuantas veces sean necesarias para confirmar o descartar el contagio de manera oportuna. Pero desconocer la realidad nunca será la fórmula correcta.
Querer frenar el covid con restricciones horarias es un absurdo en sí mismo, porque el virus no toma en cuenta la hora para propagarse, no distingue si es antes o después de las 20:00 o de las 5 de la mañana. De hecho, la actividad diurna es muchísimo mayor que la nocturna, con el agravante de la inevitable aglomeración en el transporte público precisamente en las horas no restringidas. ¿Qué razón puede tener tratar de impedir que la gente se movilice y se junte de noche cuando la mayor parte lo hace de día? ¿Por qué no podrían las personas, con los cuidados de rigor, en uso de sus legítimas libertades, reunirse con sus familiares o con sus amigos, o ir a hacer compras, o ir a bares y restaurantes en grupos, o a realizar cualquier actividad lícita que les plazca durante la noche, cuando durante el día esas mismas personas trabajan, van a copetines, a supermercados, a tiendas, suben a ómnibus, están en permanente contacto unos con otros? ¿Por qué limitar a los formales, que al final son los únicos que cumplen las prohibiciones, y hacer la vista gorda con todo el resto?
Algunos dirán que, entonces, corresponde paralizar el país y clausurar todo de día y de noche por tiempo indefinido. Sin duda sería efectivo, pero no es una opción realista en un país como Paraguay, donde la mitad de la población ocupada obtiene sus ingresos de manera independiente y donde dos tercios de la mano de obra urbana se emplea en el sector informal, lo que significa que, si no trabaja, no come. La clausura total o semitotal solo pudo ser factible durante una muy corta temporada, con exoneraciones y auxilios estatales directos para ayudar a la gente a cubrir sus necesidades más urgentes. Después de más de 400 días de cuarentena ininterrumpida y con muy escaso margen fiscal para nuevos programas extensivos de ayuda, por el alto déficit y un ritmo de endeudamiento sin precedentes, la paralización no solamente sería insostenible, sino ilusoria. Sencillamente, la gran mayoría de la población no está en condiciones de quedarse en casa y acatar encierros estrictos, ni aunque pongan a todo el Ejército a controlar y a forzar el cumplimiento, lo que solamente podría derivar en un estallido social.
El Gobierno sabe que una cuarentena total es inviable y que las restricciones parciales y horarias son ineficaces, pero permanentemente amenaza con lo primero y decreta lo segundo para esconder su propia inutilidad y su incapacidad de ganarle batallas a la pandemia.
Por ejemplo, una de las graves falencias que requiere inmediata atención es el sistema público de testeos, que está seriamente colapsado y es muy probablemente uno de los motivos por los cuales se han disparado los casos graves y los fallecimientos en el país.
Para hacerse una prueba PCR en el sector público hay que perder no menos de una hora en el call center 154 y, con suerte, conseguir agendamiento para dentro de siete días o más, salvo casos excepcionales. Debido a ello, la gente que no puede o no quiere pagar el análisis en el sector privado, o bien tarda mucho en hacerse la prueba o bien directamente desiste de hacérsela. Esto tiene una doble consecuencia negativa. Por un lado, se pierde un tiempo valioso que podría usarse en un tratamiento preventivo que evite llegar a estadios más avanzados de la enfermedad, y, por el otro, sobre todo cuando los síntomas son leves, esa persona tiende a no darle importancia y a convertirse en un foco móvil de contagio. Por estos dos motivos, muchos países les dan extrema importancia a los testeos permanentes y masivos, a la par de promover “autotest” de quince minutos que se compran en farmacias y supermercados. No es el caso de Paraguay y los resultados están a la vista.
Y, obviamente, lo más importante es la vacunación, área donde el Gobierno hasta ahora ha fallado estrepitosamente. Se espera que empiecen a llegar más dosis a partir de ahora, pero el hecho es que, finalizando el cuarto mes del año, Paraguay es el país que menos porcentaje de su población ha vacunado en toda Sudamérica después de Venezuela con poco más del 1%, cuando la meta para conseguir cortar la transmisión del virus y empezar a volver a la normalidad es vacunar a no menos del 30 al 50 por ciento de los habitantes en 2021.
Por lo tanto, para decirlo sin vueltas, el Gobierno de Mario Abdo Benítez debe dejar de plantear disparates, ponerse a hacer lo que le atañe y no buscar en todo momento autojustificarse y trasladarle la responsabilidad a la ciudadanía. Vacunas y remedios en los hospitales ¡ya! Dejen de mentir.