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Bajo la dictadura de Alfredo Stroessner, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Juan Félix Morales, solía lucir el pañuelo colorado al cuello, como si fuera la cosa más natural del mundo. Desde 1989 hay algún recato: lo más cerca que se ha estado de llegar a tal extremo fue la participación de Alicia Pucheta, quien presidía la máxima instancia judicial, en un almuerzo de clara connotación partidaria, realizado en 2016 en el domicilio pilarense del diputado Pedro Alliana (ANR). Uno de los comensales –el entonces jefe del Poder Ejecutivo, Horacio Cartes– se despidió con un estentóreo “¡Viva el Partido Colorado!”, ignorándose si la magistrada respondió con el “¡Viva!” de rigor.
Empero, es público y notorio que el partidismo sigue inficionando el Poder Judicial, como lo admiten los propios miembros de la Corte. Uno de ellos, Manuel Ramírez Candia, afirmó hace poco que no es un hecho nuevo que las autoridades de dicho órgano respondan a sectores políticos, aludiendo a la elección del ministro César Diesel, como presidente. Indignados, sus colegas le pidieron en vano, por boca de Alberto Martínez Simón, que tenga a bien disculparse. Ahora resulta que el propio Diesel cree que el Consejo de Administración de la Corte debe “evitar” las reuniones de “sesgo político-gremial” que se realizan en los palacios de Justicia, con motivo de la próxima elección de las nuevas autoridades de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Aspiran a presidirla los camaristas Ángel Cohene y Enrique Mongelós, apoyados, respectivamente, por Jorge Bogarín Alfonso, miembro del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y por el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.
Todo indica así que lo político-partidario infesta la judicatura, pero se detendría ante las puertas de la Corte, integrada por unos ministros dotados de los anticuerpos necesarios para inmunizarlos. Es lo que quiere hacer creer la mayoría de ellos, tomando el pelo a la ciudadanía, aparentando estar muy “indignados” ante la grave acusación del ministro Ramírez Candia, quien, por otra parte, no hizo otra cosa sino hacerse eco de un secreto a voces.
Fueron nombrados por unos políticos –los senadores y el Presidente de la República– que, con toda certeza, no solo tuvieron en cuenta sus méritos y aptitudes, sino también su filiación partidaria. Así actúan, además, los integrantes del Consejo de la Magistratura y del Jurado, porque en su integración también influye el color del carnet. Valga como ejemplo el caso del citado Jorge Bogarín Alfonso, representante de los abogados en el primero de esos órganos: tuvo el respaldo de Horacio Cartes en unas elecciones en las que también se atendió la filiación partidaria de los candidatos, de modo que los políticos no son los únicos culpables de la partidización de esos órganos relacionados con la administración de Justicia: los candidatos buscaron su apoyo y los votantes tuvieron anteojeras partidarias, sin que nadie les hubiera obligado a ello.
No debe sorprender que ese criterio también juegue un importante papel cuando la máxima autoridad judicial nombra a jueces y magistrados. Por tanto, es comprensible que, por extensión, también influya en la elección del presidente de una entidad gremial, hasta el punto de que se podría detectar el “internismo”: si el camarista Cohene tiene el apoyo del cartismo, su contrincante Mongelós cuenta con el del abdismo, en la figura del vicepresidente de la República. Tras bambalinas, Hugo Velázquez –que está en todas– actúa siempre que haya que llenar un puesto más o menos relevante o negociar un acuerdo internacional. Como nadie le para el carro, utiliza hasta un avión de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) para participar en una campaña electoral.
La partidocracia y la politiquería lo contaminan todo, degradando las instituciones y desvirtuando tanto la democracia como la política. Los efectos de esas degeneraciones son particularmente nocivos en la administración de Justicia porque, entre otras cosas, quebrantan su independencia y el principio de igualdad ante las leyes. Los beneficiados no se corregirán a sí mismos, de modo que cabe esperar que sus conciudadanos, más temprano que tarde, les priven del voto que no merecen por enviciar la República. Esa depuración democrática solo será posible si el electorado tiene como alternativa a candidatos honestos y capaces, que no dejen el campo libre a los sinvergüenzas. Al fin y al cabo, todo o casi todo depende del voto consciente y del sincero interés en la cosa pública. En otros términos, la judicatura seguirá siendo una calamidad, en toda la línea, mientras los justiciables no se rebelen mediante las urnas, las manifestaciones pacíficas y las denuncias responsables.