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Los chantajistas nucleados en el Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Cetrapam) han vuelto a las andadas. En plena crisis sanitaria y económica, anunciaron un paro de 48 horas para forzar al Gobierno a negociar un aumento del precio de los pasajes. En realidad, lo que pretendían es el “reajuste” inmediato, cuyo monto aún no han revelado. El paro es una medida de fuerza a la que se recurre tras el fracaso de unas tratativas, pero esos caraduras lo emplean de entrada, conscientes de su gran capacidad de extorsión: quieren “negociar” con una pistola apuntada a la cabeza de las autoridades, conscientes de que al paralizar el servicio público que tan mal prestan, impedirán o dificultarán la asistencia a los centros educativos y a los lugares de trabajo, como los hospitales.
En efecto, también atentarán contra la salud pública, porque no tienen escrúpulos, pero sí muchas ganas de seguir enriqueciéndose a costa del erario y de la población, a la que toman de rehén. Para destacar la trascendencia del transporte de pasajeros, es de recordar que la Ley Nº 1626/00 lo incluye entre los “servicios públicos imprescindibles”, de modo que cuando está a cargo directo del Estado, los trabajadores en huelga deben garantizar su funcionamiento regular por parte del personal necesario. Tal disposición es inaplicable en esta suerte de “lock out” realizado por unos “empresarios” voraces que, felizmente, no contarían con el apoyo de las principales asociaciones de empleadores. El presidente de la Unión de Gremios de la Producción, Héctor Cristaldo, señaló que es “inapropiado” que el Cetrapam amenace con un paro sin previo diálogo, que también sus miembros deberían asumir los desafíos económicos generados por la pandemia y que la “politiquería es poner los intereses particulares por sobre los del país”.
Esta última cuestión es muy relevante, dada la evidencia de que los transportistas cooperan de cerca con los politicastros, sobre todo en años electorales, poniendo a disposición sus vehículos para el traslado de hurreros y de votantes, a cambio de alguna contraprestación del Estado, de la Gobernación o de la Municipalidad. Hasta pueden conquistar un escaño, como el diputado luqueño Celso Maldonado (PLRA). Sus estrechos vínculos con el poder político-administrativo, tan bien cultivados por César Ruiz Díaz, titular del Cetrapam, les han permitido no solo que sigan operando con buses obsoletos, sino también que defrauden al fisco. Durante años, han venido cobrando el subsidio en función de un número promedio de pasajeros muy superior al que se ha constatado mediante el billetaje electrónico: entre 2012 y 2020, recibieron casi 400.000 millones de guaraníes, lo que plantea la pregunta de si devolverán lo robado. El viceministro de Transporte, Pedro Britos, cree que el subsidio es una ayuda que brinda el Gobierno para que el usuario no sea afectado, pero resulta que el dinero sale del bolsillo de todos, incluso del de quienes no viven en la Gran Asunción y, por tanto, no son transportados por unos avivados que primero apelan a las “reguladas” y luego el paro puro y duro para enriquecerse ilícitamente.
El alto funcionario anunció que no iba a ceder ante el “chantaje de los transportistas”, pero tras reunirse con ellos, el día siguiente, dio por cierto que el precio del gasoíl de los emblemas privados tuvo un incremento de 375 guaraníes, pese a que un empresario del área, Blas Zapag, había dicho que el combustible utilizado por los transportistas no se ha encarecido. La cuestión sería analizada ahora por el Equipo Económico para determinar si subirá el precio del pasaje o la cantidad del subsidio. En uno u otro caso, el Gobierno habrá capitulado ante los chantajistas, que así volverán a salirse con la suya. El lunes y el martes próximos, gracias a la “generosidad” de los transportistas que suspendieron el paro, la gente podrá desplazarse. No obstante, deberían ser visitados por funcionarios honestos de la Subsecretaría de Estado de Tributación y del Viceministerio de Transporte: su contabilidad y sus buses merecen que se les eche un vistazo, sin perjuicio de que el Ministerio Público inicie una investigación acerca del subsidio defraudado. Ya no se debe permitir que unos chantajistas consuetudinarios continúen abusando de la gente.