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El 4 de septiembre de 2017, el precandidato presidencial Mario Abdo Benítez denunció ante el Ministerio Público el uso de vehículos de Itaipú Binacional y de varias municipalidades en el marco de un acto proselitista realizado en Lambaré, en favor de su contrincante Santiago Peña. Se fundó en la Ley Nº 2880/06, que castiga con pena de multa al “funcionario que, indebidamente y en beneficio propio o de un tercero, use o permita a otro el uso de bienes del Estado”. Ahora se espera que el jefe del Poder Ejecutivo se denuncie a sí mismo o al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, por el empleo de un avión de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) para que este y su comitiva viajen al departamento de Amambay, de cara a los próximos comicios internos del 20 de junio. Lo de menos aquí es que en tales comicios la propaganda electoral no debe exceder de treinta días: lo indignante es que, con el mayor descaro, se haya utilizado un bien público, solventado por contribuyentes de todas las formaciones políticas, para realizar una actividad absolutamente ajena al cargo ejercido. Es más, el avión fue pilotado por un oficial de la FAP, pese a que la Ley Nº 1115/97 prohíbe al personal militar “la participación directa o indirecta en las actividades de partido o movimiento político alguno”. Mientras Velázquez se paseaba en una aeronave estatal en campaña política, familiares de una mujer ishir que vino desde la zona de Bahía Negra al hospital de Concepción, donde falleció, pasaban una triste odisea para trasladar, tras varias horas de espera, los restos de la extinta, por tierra y por agua, a su lugar de origen para su sepelio.
El desvergonzado de marras trató de justificarse con un par de disparates. Alegó que, como mandatario, debe cumplir ciertas medidas de seguridad, sobre todo al trasladarse a una “zona roja, como lo es el norte del país”. O sea que si quisiera tomar vacaciones en Cancún, bien podría viajar allí –gratuitamente– en un avión de la FAP, porque parece que en México hay mucha inseguridad. También sostuvo lo siguiente: “Tenemos nuestro compromiso con el partido; es el partido el que nos llevó al poder de la República y, si bien quedó el avión en Capitán Bado, estoy haciendo el trabajo por tierra”. Por lo visto, la “zona roja” solo abarca el espacio aéreo, pues, de lo contrario, también debería haber utilizado un vehículo militar o policial para trasladarse a los otros cuatro municipios del departamento, según su aberrante criterio. También dijo que no importaba que su actividad haya sido o no oficial, pues seguía siendo vicepresidente, de lo que se desprende que tendría derecho a hacer uso y abuso de bienes afectados a un servicio público, durante las veinticuatro horas del día. Se nota que no tiene idea de la línea roja que separa sus escasísimas atribuciones oficiales de los asuntos privados.
El problema de fondo, que revela su concepción de la investidura que tan mal ostenta, es que está convencido de que él no se debe al pueblo paraguayo, sino a la ANR y, más concretamente, a cierto movimiento interno. Por tanto, se cree con derecho a disponer de un bien público y de un miembro de las Fuerzas Amadas de la Nación para cumplir con su compromiso espurio. De hecho, por confesión propia, Velázquez no es el vicepresidente de la República, sino de la ANR, dado que se siente comprometido con ella y no con el país. A decir verdad, se siente obligado, en primerísimo lugar, consigo mismo, razón por la que supo sacar buen provecho de su antigua condición de agente fiscal. Su notoria inconducta tiene que ver, además, con el patrimonialismo, es decir, con la vieja concepción de que los bienes, los servicios y las personas asignados a un cargo, pertenecen a quien lo detenta.
En este país no se estila distinguir entre lo público y lo privado, tal como lo están demostrando, por ejemplo, varios intendentes que buscan ser reelectos. Uno de ellos es el asunceno Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), que se vale de carteles, uniformes, volantes, toldos y puertas de vidrio, financiados con dinero público, para su extemporánea campaña electoral, en la que también intervino al menos una camioneta municipal, a la que habría recurrido un funcionario solo porque su vehículo tuvo un desperfecto: así de simple. Como se apunta a las elecciones internas, se aguarda que se manifiesten los demás precandidatos del mismo partido que el de los sinvergüenzas que apelan a recursos humanos y materiales que no les pertenecen. Sería plausible que sigan el ejemplo dado por el senador Mario Abdo Benítez en la ocasión antes referida, pero también que más tarde sean consecuentes con la actitud que vayan a asumir, no como el jefe de Estado que hoy sufre de una aguda amnesia.
El comandante en Jefe de las Fuerzas Amadas de la Nación habría permitido a su segundo el uso indebido de un avión de la FAP, a no ser que este haya actuado motu proprio. Por de pronto, cabe esperar que impida a Velázquez volver a volar a una “zona roja” antes de las elecciones municipales de octubre y, una vez más, en vísperas de las generales de 2023. Y, desde luego, que no se le ocurra imitarlo, si algún respeto siente por la ley y se cree obligado a servir al Paraguay antes que a la ANR, salvo que esté convencido de que recibió el voto de sus correligionarios y de que solo ellos le pagan el sueldo.