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Nadie ignora el abismo que existe entre el país “legal” y el real, debido a que las leyes no se aplican por la ineficacia o la corrupción de los órganos competentes. Esta incoherencia se revela con crudeza en el ámbito penal, donde la impunidad de los poderosos responde a que algunos son “más iguales que otros” frente a las normativas vigentes. No es cuestión de promulgarlas solo para dar la impresión de que se pretende sancionar la delincuencia y en especial la de guante blanco, sino de que el Ministerio Público y la judicatura obren en consecuencia con la premura y el rigor necesarios. Aparte de reprimir la comisión de hechos punibles, esa actuación sistemática tendrá un efecto disuasivo, ante la alta probabilidad de que los autores sean castigados.
Valga lo antedicho a la luz de unas recientes declaraciones de Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que está evaluando lo hecho en el Paraguay contra el lavado de dinero, entre 2015 y 2020. En sus palabras: “Ya no nos importa tanto si se aprobó la ley que modifica el tipo penal, sino que se enfoca en cuán bien uno lo está haciendo”. Al respecto aclaró que “Se ve el tema de las sentencias, delitos que se están persiguiendo (...), cuán bien los bancos están haciendo los reportes a la Seprelad, cuán bien ella está enviando información a la Policía, al Poder Judicial”. Y concluyó que “Se va a ver todo el sistema preventivo, así como el represivo”.
Si al Gafilat le interesa lo que ocurre en la práctica, tendrá en cuenta, por ejemplo, que el Ministerio Público guarda desde hace seis meses un informe de la Seprelad relativo al raudo crecimiento de las empresas de Justo Ferreira, en el que consta que no halló documentos que justifiquen esa “bonanza”. Es presumible así que el hoy procesado por el caso de los insumos chinos sea un mero testaferro y que Imedic SA y Eurotec SA hayan servido para el blanqueo, mediante jugosas contrataciones públicas. No debería sorprender que el propio Estado se preste a ello si, como dijo Juan Ernesto Villamayor, jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, ante la Cámara Baja, el “hermano del alma” Darío Messer había lavado dinero a través de una cuenta en el Banco Nacional de Fomento. Dudamos de que estas palabras hayan conmovido a la “protegida del alma”, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, pues en la entidad clave que dirige no se nota mucha actividad al respecto.
El secretario ejecutivo del Gafilat dijo que quiere ver sentencias si el país tiene como “amenazas” la corrupción, el contrabando o el tráfico de estupefacientes. Dejando de lado que no se trata de amenazas sino de penosas realidades, es comprensible que lo más “preocupante” para la organización sea la respuesta que se les da. En tal sentido, Fullin dijo cuanto sigue: “Esperamos sentencias de casos de corrupción, no de seis meses y vuelta a su casa. Esperamos prisión y comiso de dinero”. Estas palabras ponen el dedo en la llaga, pues no pueden estar más acordes con nuestra situación. Los últimos fallos dictados en los casos del exsenador Óscar González Daher y del “mecánico de oro” Miguel Ángel Carballo, supuesto prestanombre del exsenador colorado Víctor Bogado, tendrían que haberle decepcionado y hacerle temer el desenlace del juicio a ser abierto al primero de ellos y a su hijo Óscar González Chaves, por los delitos de enriquecimiento ilícito, declaración jurada falsa y lavado de dinero.
Otro miembro del ominoso clan luqueño, Ramón González Daher, acaba de ser formalmente acusado, junto con su hijo Fernando, por el delito del que se ocupa en especial el Gafilat y por el de usura: la diferencia entre sus ingresos reales y los declarados ante la Subsecretaría de Estado de Tributación, por alquiler de inmuebles, sería de nada menos que 6,5 billones de guaraníes. No se blanquea en gran escala de la noche a la mañana, pero la Seprelad exige ahora que se declare ante las casas de cambio ¡el origen de mil dólares! Por cierto, Ramón fue durante largos años amo y señor de un club de fútbol, del que se sospecha que sirvió de pantalla para lavar activos mediante la transferencia de jugadores. Fullin señaló que una entidad como esa puede ser incluida entre los sujetos obligados por la ley que debe ejecutar la Seprelad, lo mismo que las firmas tabacaleras, “si el país entiende que hay un riesgo específico”. En concreto, el director ejecutivo de Gafilat, que está alarmado por el movimiento de dinero en la Triple Frontera, anunció que los comisionados investigarán el contrabando de cigarrillos en esa zona.
El informe será emitido en diciembre de este año, tras el análisis del periodo comprendido entre el 2015 y finales del 2020, lo que equivale a tres años del Gobierno de Horacio Cartes y dos del de Mario Abdo Benítez, así que ambos serán los principales responsables en caso de que nuestro país reciba una sanción. Lo que ya resulta claro es que la evaluación no se fundará tanto en las leyes vigentes, como en su aplicación efectiva, lo que debería inducir a los poderes Ejecutivo y Judicial, lo mismo que al Ministerio Público, a que no solo se limiten a elogiar la bondad del marco legal, sino a que se muestren mucho más diligentes en el momento de aplicar las medidas preventivas y represivas del lavado de dinero y de los delitos que oculta. Según puede entenderse de las palabras del directivo del Gafilat, ya no podrán seguir mirando a los costados, mientras los negocios sucios florecen en todas partes en manos de los peces gordos.