Cargando...
Últimamente, la sociedad paraguaya ha sido sacudida por la desconcertante constatación hecha por las autoridades nacionales de que el minúsculo grupo criminal autoproclamado “Ejército del Pueblo Paraguayo” (EPP) está reclutando a niños y niñas de tan solo 12 a 13 años de edad –incluidos sus propios vástagos e hijos de familiares cercanos– para utilizarlos como soldados. A tal efecto, los menores son entrenados física y sicológicamente para seguir los pasos de sus padres y parientes dentro de la banda criminal. Nacidos en el monte, los menores son enviados a la Argentina para ser inscriptos por declaración de supuestas madres ligadas a la gavilla criminal, para posteriormente ser regresados a los campamentos de los facinerosos y entrenados como guerrilleros, pasando así a revistar en sus filas y a tomar parte en sus fechorías.
Las dos niñas abatidas el 2 de setiembre de 2020 en un choque sostenido por una patrulla de combate del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) con elementos del EPP eran hijas de la conocida terrorista Magna Meza y de su expareja, Osvaldo Villalba, la una; y la otra, de Liliana Villalba y Manuel Cristaldo Mieres, este último otro connotado líder de la gavilla terrorista. Ambas fueron acribilladas a balazos en la oscuridad de la noche cuando fungían como centinelas avanzadas del campamento atacado. Tras su nacimiento, habían sido llevadas a la localidad argentina de Puerto Rico y allí inscriptas por sus tías Laura Villalba (la enfermera del EPP recientemente capturada) y Myrian Villalba (asesora jurídica de dicho grupo criminal), como las supuestas madres, según los datos conocidos.
Con más de quince años de preocupante actividad criminal, lejos de haber sido derrotado en su confrontación con las fuerzas de seguridad del Estado, el EPP está dando muestras de que estratégica y políticamente está más bien fortaleciéndose al amparo de la ineficacia operacional de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) creada por el expresidente de la República Horacio Cartes y continuada sin modificación de estrategia de lucha por su sucesor, Mario Abdo Benítez. La posterior creación del CODI –del que hoy forma parte la FTC– y su estrategia de despliegue militar-policial territorial, no mejoró en absoluto su desempeño operacional. Estratégicamente, configuró más bien una suerte de “contemporización” con el grupo criminal antes que de “persecución” del mismo por los montes en que se guarecen sus células.
Debido a la falta de resultados contundentes, el despliegue militar-policial en la zona norte del país ha sido una aventura, en el sentido crítico de la palabra, desde su mismo lanzamiento bajo estados de excepción declarados en la zona norte durante el Gobierno de Fernando Lugo. El despliegue siguió bajo los gobiernos de Cartes y de Abdo Benítez, con un plan de operaciones defectuoso y con otro peor de ocupación territorial con puestos de vigilancia estáticos, dejando libertad de acción al EPP, con el resultado de que, a esta altura, en vez de ser ya neutralizado este grupo mediante una tenaz persecución por los montes, más bien se encuentra a un tercio de la etapa de renovación generacional con sus hijos nacidos en la selva hace menos de 15 años.
Solo recientemente, los militares y policías han roto ese círculo vicioso de despliegue territorial estático, conformando grupos de combate mejor armados y equipados para la lucha en la selva y, en vez de cubrir puestos de vigilancia en lugares fijos, realizan rastrillajes en los montes en persecución de los forajidos, logrando así abatir a algunos de sus líderes y a capturar a sus auxiliares mimetizados entre la población.
Es lamentable que tres compatriotas continúen privados de su libertad en poder del EPP. Es de desear que todos ellos recobren su libertad o que las autoridades proporcionen datos fidedignos sobre ellos a sus familiares, para terminar con la atroz incertidumbre en que se encuentran, lo que aumenta su sufrimiento. El Gobierno de Abdo Benítez rechazó el pedido de dar intervención a la Cruz Roja para entablar alguna conversación con los secuestradores, pero, en contrapartida, poco hace para conseguir resultados alentadores en favor de las víctimas.
Por eso, ya es hora de que el Gobierno haga el máximo esfuerzo para capturar o aniquilar a los integrantes de la gavilla criminal del EPP en el menor tiempo posible mediante una sistemática persecución por los montes donde se esconden, en vez de atacarlos solo periódicamente, o cuando perpetran algún secuestro. De lo contrario, se va a cumplir lo vaticinado por el exministro del Interior del gobierno de Horacio Cartes y gran responsable de la inoperancia de la FTC, Francisco de Vargas, en el sentido de que el pueblo paraguayo debe acostumbrarse a convivir con el EPP y con los secuestros prolongados, como el hermano país de Colombia, al que citó como ejemplo. Pero, un país que se precie de decente, no puede convivir con terroristas.