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El lavado de activos es un delito autónomo que implica la previa comisión de otro, del que resulta un beneficio económico, cuyo disfrute necesita ser legitimado. Es lo que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) llama “delito determinante”, siendo uno de ellos el contrabando. En su “Análisis de amenazas regionales en materia de lavado de activos”, publicado en 2015, esta organización señaló que en el Cono Sur “existe una zona de frontera conformada por tres países que está considerada como un lugar en el que el contrabando tiene una fuerte implantación”, y agregó que “una parte considerable de los rendimientos ilícitos que genera (...) es objeto de lavado en la subregión”. Dicha actividad incluiría “no solamente la importación y exportación de productos mercantiles de origen lícito mediante procedimientos ilegales (...), sino también un importante tráfico de productos falsificados”, entre ellos los “cigarros”. El análisis agrega, como caldo de cultivo, “la fuerte implantación en la zona de la economía informal, que convierte en habitual la circulación de dinero en efectivo”, algo que en otros lugares “llamaría la atención”. También dice que “en uno de los países de la subregión” hay “instrumentos societarios de inversión financiera que tienen un gran atractivo por las posibilidades de ocultamiento del origen de los fondos y de la titularidad real de los mismos”. Como se dice vulgarmente, “le estoy mirando (al país), pero no voy a decir su nombre”.
Resulta pertinente recordar este documento del Gafilat porque, en la segunda quincena de marzo, sus evaluadores vendrán a instalarse en nuestro país para ver qué se ha venido haciendo aquí para combatir el lavado de activos y porque, en tal contexto, el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor, sostuvo que dicha organización solo busca constatar “si hubo condena por lavado, no por contrabando”. En verdad, resulta extraño que no le preocupe qué se ha venido haciendo para reprimir este “delito determinante”, cuyo producido necesita ser lavado imperiosamente.
Lo mismo cabe decir en cuanto al tráfico de productos falsificados y a la economía subterránea, la que en 2019 habría movido nada menos que 16.522 millones de dólares. Y, por supuesto, al Gafilat le gustaría saber sobre el terreno, más allá de la actualización del marco normativo que le entregó la Seprelad en noviembre último, si se han reforzado de hecho los controles sobre las entidades remesadoras de fondos y las casas de cambio, ya que serían “los operadores más proclives a ser utilizados para el lavado de activos”, según el análisis referido. En general, sus evaluadores querrían averiguar si las normas vigentes son realmente aplicadas y no meros ejercicios teóricos que apuntan a satisfacer formalmente las recomendaciones realizadas.
Sobre el punto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, señaló con toda razón que “no nos van a medir por las leyes sancionadas, sino por su efectividad”, es decir, por su decidida aplicación, sin mirar a quién. El “mecánico de oro” Miguel Ángel Carballo acaba de recibir una suave condena por enriquecimiento ilícito, aunque lo que en realidad habría hecho, actuando como testaferro, es lavar el dinero sucio del exsenador Víctor Bogado. Habrá que ver si sobre el también exsenador Óscar González Daher cae todo el peso de la Ley Nº 1015/97, que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes: parece claro que la sentencia a ser dictada concitará la atención del Gafilat, más aún atendiendo su afinidad con cierto sospechoso poder fáctico y que tiene prohibido ingresar en los Estados Unidos, de por vida, por “significativamente corrupto”. Mucho interés también tendrá esa organización sobre el juicio seguido a Ramón González Daher, el usurero del clan, quien manejaba voluminosas sumas no declaradas y despojaba de sus bienes a muchas personas con ayuda de la Justicia. Tampoco dejará de llamar la atención de los evaluadores el reciente cuasi blanqueo por la Justicia de políticos y autoridades involucrados en el caso de la estancia San Agustín, un oscuro episodio que movilizó voluminosos fondos. El clan Zacarías Irún también ha venido blanqueando sospechosas operaciones, como que “aquí no ha pasado nada”.
En enero del año pasado, uno de los asistentes al Foro Parlamentario de Seguridad e Inteligencia, realizado en Asunción, el argentino Mariano Federici, dijo que ya no bastaban los maravillosos enunciados, sino que era preciso que nuestras leyes e instituciones sean efectivas en la lucha contra el lavado de dinero, el narcotráfico y la corrupción. Como es obvio, también estos dos últimos son “determinantes” para el Gafilat. En julio del mismo año, el jefe de la Seprelad, Carlos Arregui, admitió que el Paraguay corría el serio riesgo de ingresar en la “lista gris” de dicho grupo, hecho que afectaría gravemente la economía.
Es evidente que los evaluadores no quedarán satisfechos con la sanción de ciertas normas, sino que también estarán interesados en su vigencia efectiva. Es improbable que les impresione la nueva resolución de la Seprelad que obliga al cliente de una casa de cambio a justificar incluso el origen de unos mil dólares, con lo que los cambistas callejeros, que nada exigen, estarían de parabienes. Mientras a los clientes de bancos se les exige que justifiquen el origen de unos cuantos millones que van a depositar, hay casas de cambio presuntamente ligadas al narcotráfico que manejan sumas multimillonarias. La Ley Nº 1015/97 solo impone exigencias a las operaciones que superen diez mil dólares, pero ahora resulta que ellas, mediante un acto administrativo irregular, se extenderán a sumas muy inferiores. Es de mal gusto que en un país donde las normas se aplican según la cara del cliente, se sancione una con el fin de aparentar un rigor inexistente a la hora de combatir el lavado de activos en gran escala. Los peces gordos de la delincuencia saben que no tendrán por qué preocuparse mientras los organismos estatales se limiten a actuar como engañabobos, controlando pequeñas operaciones, en vez de perseguir el contrabando, el narcotráfico y la corrupción.