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Pensar que nuestro país puede afrontar en un futuro cercano un peligroso proceso inflacionario cuando la variación de precios ha sido de -0,3% entre enero y julio de este año parece una posibilidad lejana y hasta descabellada. Sin embargo, el exministro de Hacienda Manuel Ferreira Brusquetti aconseja asumir medidas drásticas de manera inmediata a fin de evitar lamentos en un futuro cercano. Argumenta que el alto déficit fiscal previsto para el 2020, el elevado nivel de endeudamiento que está llegando a su tope recomendado y la crisis que afectará las recaudaciones tributarias han agotado el modelo de financiación que tiene el Estado. El economista sugiere un fuerte ajuste de “cinturón”, con reformas en el sector público y la búsqueda imperiosa de fuentes alternativas de financiación.
Las estimaciones oficiales señalan que este año nuestro país cerrará con una variación del Índice de Precios del Consumidor (IPC) de apenas 1,2%, consecuencia de la pandemia que azota al país, que ha llevado la actividad económica a niveles mínimos históricos a consecuencia de la baja demanda. El Instituto de Previsión Social (IPS) informó oficialmente que, desde marzo pasado, en que se declaró el inicio de la cuarentena en sus diferentes etapas, la entidad ha tenido que abonar subsidios a aproximadamente 150.000 trabajadores cuyas labores fueron cesadas temporalmente, en tanto que en el mismo periodo perdió un total cercano a los 20.000 aportantes. Esto demuestra de manera clara el impacto que está teniendo el virus en los establecimientos económicos.
El modelo de Estado donde los ingresos corrientes financian los gastos corrientes y el endeudamiento es utilizado para potenciar los gastos de capital, es decir las obras públicas, se ha agotado. Este es el criterio del extitular del Ministerio de Hacienda, quien advierte que la pandemia ha anticipado el problema que se sabía llegaría en algún momento respecto al límite de endeudamiento del Estado, que hoy ya supera el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) y para finales de año se estima alcanzará el 34%. El déficit fiscal (más gastos que ingresos financiados con endeudamiento) llegará a un nivel impensado de 7,2% del PIB, porcentaje que debe ser paulatinamente encaminado hacia su límite del 1,5% dispuesto por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), que en los últimos años ha traído sostenibilidad al ritmo del endeudamiento.
Una de las grandes preocupaciones que afronta el Estado tiene que ver no solamente con el crecimiento geométrico que están teniendo los pagos de intereses de la deuda pública, que deben hacerse con recursos genuinos, sino también la aproximación del primer vencimiento de capital de 780 millones de dólares que debe ser honrado en el 2023. En materia de recaudaciones, durante el presente año se tendrán problemas con el IVA por la baja actividad económica y el año próximo el golpe lo soportarán las recaudaciones en concepto del impuesto a la renta de las empresas, debido a que muy pocas seguramente podrán cerrar este año con utilidades.
El ajuste de cinturones al que hace alusión Ferreira no solo significa evitar que el Estado paraguayo tenga que llegar a endeudarse en algún momento para el pago de los gastos corrientes, sino también apretar el freno a la asunción de deudas para financiar los gastos de capital, con lo cual se tendrá que admitir un menor ritmo en la ejecución de las obras públicas. Esto llevará a las autoridades a tener que buscar fuentes alternativas de financiamiento como la venta de algunos activos (inmuebles de mucho valor en lugares privilegiados), el desprendimiento de algunas empresas públicas, una mayor apertura y seguridad para la aprobación de proyectos de asociación público-privada y la facilitación a la entrada de capitales privados al negocio de la electricidad y el agua, que requieren de normas regulatorias.
No caben dudas de que la aprobación de una nueva Ley del Servicio Civil será de gran ayuda para afrontar los desafíos del mediano y largo plazo; sin embargo, es imperioso que las autoridades apliquen una “podadora” a los gastos innecesarios a los que nos tienen acostumbrados los funcionarios públicos. Más aún teniendo en cuenta la proximidad de presentación del Proyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2021. Esta, sin dudas, deberá ser una ley sumamente austera, acorde a las exigencias del momento.
Otro plan que requiere de un impulso más acelerado es, por ejemplo, la reforma de la ley de contrataciones públicas en donde se concentra una parte importante de la manera en que se esquilman las arcas públicas, gracias a empresas que forman parte de una rosca perfectamente aceitada junto a funcionarios venales y corruptos. El ahorro en este sector puede ser crucial. Así también, urge una ley de regulación para el sistema de pensiones, afrontar el déficit galopante de la Caja Fiscal, entre muchos otros desafíos.
Está claro que reformar profundamente el Estado, detener el déficit fiscal y encontrar fuentes alternativas de financiamiento son tareas ineludibles. No tomar las medidas ahora nos expone a seguir el derrotero argentino, de un país que hoy está inmerso en una alta inflación con cesación de pagos de sus compromisos externos, con su consecuente caída en la actividad económica y una profunda crisis cambiaria. La baja inflación que registra nuestro país no debe cegarnos. Las autoridades no deben escatimar esfuerzos en asumir las medidas más drásticas para retomar el rumbo de la estabilidad de la economía que tantos beneficios nos ha redundado en las últimas dos décadas.