Cargando...
El 24 de julio de 2019 se conoció un documento aberrante para los intereses del pueblo paraguayo: un Acta Bilateral suscrita con sigilo el 24 de mayo de 2019 por Hugo Saguier Caballero, nuestro por entonces embajador en el Brasil, y Pedro Miguel Da Costa e Silva, secretario de negociaciones bilaterales y regionales para América, de la Cancillería de ese país, que causaba a la ANDE un daño patrimonial de 300 millones de dólares anuales y permitía al director técnico brasileño el uso discrecional de 19.000 millones de metros cúbicos de agua del embalse de la represa. Fue suscrita en Brasilia por dos personas que no representan a las altas partes, como exige el Tratado de Itaipú, y a las escondidas, como se planifican los delitos. El hecho fue ocultado por el Gobierno de Abdo Benítez, pese a la enorme importancia que la usina hidroeléctrica tiene para el Paraguay, porque se trataba de un negociado, en el que participaron, según todos los indicios y evidencias, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el vicepresidente, Hugo Velázquez, por una parte, y la familia del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, por otra.
Mario Abdo Benítez quiso desentenderse del plan de apropiación de los derechos del Paraguay a través de la venta de energía a empresas privadas del Brasil. Sus confusas explicaciones fueron una bofetada a la ciudadanía y una ofensa a la inteligencia. Pretendió que el pueblo crea que él ignoraba las “gestiones” que había realizado el joven “abogado” José Rodríguez González (Joselo), invocando la representación de Hugo Velázquez ante las autoridades de la ANDE. Claro que esto es inverosímil, pues Velázquez y el entonces presidente de la empresa estatal, Pedro Ferreira, confirmaron que el jefe del Poder Ejecutivo estaba al tanto de todo. De hecho, este contubernio entregó al cartismo la llave de las esposas que lleva hoy: podría haber perdido el cargo vía juicio político, de no ser por el oportuno auxilio de Horacio Cartes, que mereció su agradecimiento.
Cuando ya era imposible evitarlo, el Ministerio Público abrió un simulacro de investigación y designó a los agentes fiscales Marcelo Pecci, Susy Riquelme y Liliana Alcaraz para “hacerse cargo” del desaguisado. Como es costumbre en nuestra Justicia, cuando las causas afectan intereses de los círculos del poder, los agentes fiscales y los jueces se mueven como marionetas, esperando instrucciones. En este caso, salir en fotografías ingresando a Mburuvicha Róga, acudir a programas televisivos con cara de intelectuales, hablando de la gravedad del hecho y de otras obviedades.
El 20 de noviembre de 2019, la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso presentó a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, sus conclusiones sobre la bochornosa y delictiva firma del Acta en cuestión. De nada sirvió y conste que, probablemente, los agentes fiscales ya estaban enterados de ellas. En el marco de la parodia, citaron a todas las personas que supieron del entuerto y recibieron toda la documentación existente al respecto, pero el caso nunca avanzó, tal como es norma en escándalos similares. Nunca peritaron los teléfonos de los involucrados, aunque el Presidente de la República puso el suyo “a disposición”. Que un escándalo sea cubierto por otro es la “técnica” gubernativa para distraer la atención y lograr la impunidad.
El Ministerio Público no tiene ninguna credibilidad. Es visto como un grupo de ineptos y serviles, que llegan de la mano de políticos para estar a sus órdenes cuando sea preciso. No representan a la sociedad, como indica la Constitución, sino que, al contrario, son enemigos suyos que, en vez de investigar hechos tan graves como estos, actúan como encubridores de quienes roban al Estado. Tanto el plan delictivo del Gobierno de intentar comerciar con la energía de Itaipú en beneficio propio, como la cobardía o complicidad de los agentes fiscales son actos de traición a la patria. Todos son antipatriotas que lucran desde el cargo y que, al ser descubiertos, huyen y se encubren unos a otros para evitar el castigo. Más temprano que tarde serán juzgados por los ciudadanos de bien y recordados como viles traidores. Deberán responder ante la historia y cargar con la marca de la vergüenza, esa que ya no les queda.
Tal como están hoy las cosas, la principal responsable de que todo acabe en la nada será Sandra Quiñónez. El Ministerio Público está obligado por su ley orgánica a informar objetivamente a la prensa sobre los principales asuntos o investigaciones, pero en este caso está guardando un silencio sepulcral, que hace temer lo peor, es decir, la impunidad de los protagonistas ante una miserable indefensión del interés nacional, como resultado de un infame encubrimiento.
Para impedirlo, es preciso que la ciudadanía demuestre que no se ha olvidado del Acta Bilateral, finalmente fallida gracias a su firme repudio. Esta vez, su movilización podría evitar, pese a todo, que el manto de la impunidad proteja a quienes intervinieron en la gestación de semejante atentado contra el país. No basta con que el Gobierno haya comunicado, el 1 de agosto de 2019, su “decisión unilateral y soberana de dejar sin efecto” el engendro: también hace falta que el rigor del Código Penal caiga sobre sus perpetradores.