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El jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor, confesó que el pacto abdo-cartista, conocido como “Operación Cicatriz”, apunta a que el presidente Mario Abdo Benítez concluya de buena forma su mandato en 2023. Por lo que puede colegirse de lo que viene ocurriendo en nuestro país desde que está en vigencia esta siniestra entente, para conseguir ese objetivo, vale todo.
En palabras del verborrágico funcionario: “...la llegada al final del mandato, en buena condición, nos conviene a todos más allá de que entre o salga el cigarrillo”. En buen romance, eso significa que si el Gobierno tratara de impedir el contrabando de dicho producto, el dueño de la principal firma tabacalera del país podría promover o apoyar un juicio político. O sea que la “Operación Cicatriz” respondió a un vulgar chantaje antes que al deseo de restañar heridas coloradas.
En teoría, esa espada de Damocles que es el juicio político puede caer si el jefe del Poder Ejecutivo delinque o desempeña mal sus funciones, pero ahora resulta que, si incurriera en una de esas causales o en ambas, no caería si hiciera la vista gorda a los negocios de su padrino. Que la estabilidad gubernativa dependa, en última instancia, de que se tolere alguna operación delictuosa dice mucho acerca de la calidad institucional del país.
También el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República chantajea al poner a la ciudadanía ante el dilema de aceptar el contrabando o de resignarse a la complicada terminación de un mandato. Si el jefe de Estado no tuvo la sensatez ni el coraje de rechazar la amenaza planteada, los gobernados deben negarse a aceptar que el precio de la estabilidad sea que cierto delito sea permitido de hecho. Es obvio que lo convenido entre el jefe del Ejecutivo y su antecesor compromete a los legisladores de la ANR, que así volverían a impedir un juicio político, aunque el cigarrillo compita con la marihuana como principal producto de exportación ilícita. ¿Sería necesario recordarles, eventualmente, que no están sujetos a mandatos imperativos, según la Constitución? Mario Abdo Benítez tendrá la lapicera, pero Horacio Cartes tiene el cigarrillo, que ha valido más en el desenlace de la operación infeliz, para escarnio de la República, según puede deducirse de las palabras de Villamayor.
Costaría hallar en nuestra agitada historia política un episodio más vergonzoso que el protagonizado por esos dos señores. El Presidente de la República atentó contra la dignidad de su cargo al ceder ante la amenaza de quien desprecia una senaduría vitalicia. Es tan miserable lo ocurrido que hasta bien podría dar pie a un juicio político, basado en los dichos aquí comentados y hasta hoy no desmentidos. Claro que tal posibilidad es muy remota, ya que los líderes de las dos grandes facciones coloradas se han puesto de acuerdo contra la ley y la moral. La componenda acaba de reflejarse en la Cámara Baja, cuando la bancada de la ANR solicitó a destiempo, en una confusa sesión virtual-presencial, que se revise la votación que rechazó un proyecto de ley, porque varios diputados cartistas se habrían equivocado al emitir su voto. Tras la rectificación irregular, quien presidía en ese momento la sesión de la Cámara, Enrique Mineur (PLRA), dio por aprobada la iniciativa estudiada. Si los diputados cartistas corrigieron su “error” fue quizá porque recibieron una orden desde fuera del recinto.
Lo referido es solo un ejemplo más de que en el Congreso puede acontecer cualquier cosa, sobre todo cuando sus miembros son teledirigidos, como sin duda lo serán cuando habrá que mantener en el cargo al jefe de Estado contra viento y marea, salvo que se le ocurra traicionar el pacto y combatir en serio el contrabando de cigarrillos. Desde luego, también podría ocurrir lo inverso, es decir, que el mismo Horacio Cartes ordene promover o apoyar un juicio político si a su flamante aliado se le ocurre hacer cumplir las normas aduaneras. En todo caso, es evidente que la ciudadanía es testigo de una repugnante operación contra el decoro y la legalidad, que conlleva un notorio y acaso irreparable descrédito del primer mandatario.
Los paraguayos y las paraguayas no se merecen tanta infamia, por lo que deben manifestar pública y sostenidamente su repudio contra quienes están rifando la dignidad de la República.