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El 1 de julio, en un vuelo procedente de uno de los países menos transparentes, más corruptos y más autoritarios del mundo, Bielorrusia, llegaron 25 toneladas de insumos para combatir al covid-19, adquiridas, según el Ministerio de Salud, por intermediación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sin publicidad previa ni mayores datos sobre los consultores involucrados, los proveedores o las comisiones erogadas.
Los autores de esta compra de tapabocas, batas, gafas y máscaras trataron de mimetizarla en una donación del Gobierno canadiense sin especificar cuánto del material es donación y cuánto compra.
Los productores paraguayos de esos materiales aún no se han manifestado sobre esa adquisición del Gobierno.
A mediados de junio, el Ministerio de Salud había anunciado, a un país ingratamente sorprendido, que el stock de hisopos requeridos para realizar los test de covid-19, esenciales para desarrollar la contención de la pandemia en nuestro territorio, habían alcanzado un nivel peligrosamente bajo, cercano al desabastecimiento.
La sorpresa se debió a que fue el propio Gobierno el que arriesgó el abastecimiento al comprometerse en un negociado absolutamente irregular para obtener insumos chinos.
El abastecimiento, según el discurso del propio Gobierno, era indispensable para ir superando las sucesivas fases de desescalada de la estricta cuarentena impuesta debido al covid-19, pero, aun así, el Gobierno consintió vías torcidas para generar beneficios a sus amigos antes que manejar con seriedad y rigor la política contra la pandemia.
El pueblo paraguayo tal vez ni se hubiera enterado de las irregularidades si no fuera porque el negocio con fuerte tufo a podrido había sido disputado entre dos tribus de amigos del Gobierno, y la perdidosa, ligada a Mónica Seifart, asesora jurídica del presidente Mario Abdo Benítez, “encendió el ventilador” al verse despojada de la operación que ya daba por segura, a juzgar por su reacción.
El propio Gobierno se vio obligado a reconocer, por boca de su ministro Arnaldo Giuzzio, que la corrupción en el Ministerio de Salud alcanzó a una treintena de concursos de abastecimientos por cerca de veintisiete millones de dólares. En el Ministerio que es el principal frente de batalla contra el covid-19.
Así, sin asumir responsabilidad alguna del fiasco de los abastecimientos, el Gobierno hizo el anuncio de sus limitadas reservas de hisopos y tan pronto como el 17 de junio anunció una compra de unos 550.000 kits de análisis de covid-19 pero por un procedimiento especial: Vía Organización Panamericana de la Salud.
Al anunciarlo, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, confesó y confirmó su total incompetencia en materia de compras de Salud, un área de su responsabilidad exclusiva y excluyente, y también la total incompetencia del Gobierno para hacerlo, recurriendo como sustitución a un mecanismo harto probado como corrupto en Paraguay, la tercerización de funciones indelegables del Estado.
Los que medran en el Estado encontraron hace rato este modus operandi absolutamente irregular: destruyen deliberadamente la capacidad de operación de los organismos públicos y, con la falacia de que el Estado no puede hacer la tarea por la cual existe, las delegan en terceros, generalmente organismos internacionales con las que evaden el control de la Dirección de Contrataciones y el escrutinio público, para beneficiar en forma directa a consultores, proveedores y comisionistas.
El Presidente de la República, en lugar de despedir a un ministro que se declara incompetente, y que ya debe explicaciones sobre la cuestionada compra de insumos chinos, consiente en que se recurra a un mecanismo oscuro, fuera del contralor ciudadano para abastecer al país.
La Organización Panamericana de la Salud no es un dechado de virtudes. Y menos aún lo es la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, que realiza acciones gerenciales en estas operaciones. La UNOPS ha sido objeto, en los últimos años, de varias investigaciones internas de Naciones Unidas, que coinciden en señalar su falta de transparencia, su falta de rigor, su laxitud administrativa incompatible con las normas de buen Gobierno.
El Gobierno delega la adquisición de insumos en porcentajes que no los publicita, pagando comisiones sobre las que existe escasa información, mediante organizaciones que operan bajo dudosa claridad, sin rendir cuentas a la ciudadanía, con la precisión a la que está obligado, respecto a qué organismos están involucrados, quiénes son los proveedores, comisionistas, consultores e intermediarios.
El sistema de salud sigue sin estar en los niveles requeridos por la desescalada, lo que obliga a este Gobierno incompetente a amenazar a un pueblo empobrecido con más parálisis económica de la que ya tuvo que soportar y a imponerle adquisiciones vidriosas con la excusa del apuro, priorizando negociados antes que la vida.