Cargando...
Al asumir su cargo en el periodo gubernativo anterior, el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, formuló formal promesa de acabar con la endémica corrupción instalada en dicha cartera de Estado de la mano del nefasto binomio conformado por funcionarios agavillados con empresarios viales mafiosos. Harta de la corrupción enquistada en dicha repartición pública desde los tiempos de la dictadura estronista, su promesa fue acogida con esperanza por la ciudadanía, en el convencimiento de que el flamante ministro llevaría consigo a sus nuevas funciones la honestidad que se le conocía en su vida privada.
Lamentablemente, su gestión al frente de dicha cartera de Estado con el mayor presupuesto de inversión de la República no fue mejor que la de sus antecesores en el cargo. Dio la sensación de que siguió el mismo derrotero, y por partida doble, pues al duplicarse la inversión en las obras públicas durante los cinco años de Gobierno del presidente Horacio Cartes, es de suponer que la defraudación al fisco también dobló en monto. En estas condiciones, se puede pensar que se reforzó el patentado sistema viciado, generalizando sobrecostos en la mayoría de las obras viales construidas o completadas durante su gestión, apelando a la ampliación del 20 por ciento encima del monto del contrato, permitida por la Ley de Contrataciones Públicas, para cubrir imprevistos.
Inició su política de filantropía pública con el dinero de los contribuyentes con el proyecto que calificó como “la peor herencia” recibida: la avenida Ñu Guasu. La continuó con la ruta Concepción-Vallemí, con un final que desconcertó a la ciudadanía: en el acto de inauguración oficial de la misma, el ministro Jiménez Gaona lanzó la insólita advertencia de que ella no tenía la capacidad de soportar el tránsito de camiones pesados, porque faltaba reforzar la carpeta de rodadura con un recubrimiento de concreto asfáltico de 15 centímetros de espesor, a un costo aproximado de US$ 1,5 millones.
Una de las pocas obras iniciadas y terminadas bajo su gestión fue la ruta que une las localidades de Cruce Guaraní-Corpus Christi-Pindoty Porã, en el departamento de Canindeyú, cuyo costo inicial de US$ 24 millones trepó finalmente a US$ 28,5 millones (19% más). El encarecimiento se debió, supuestamente, a “modificaciones introducidas en la planilla de cantidades”, según la pertinente resolución ministerial.
Finalmente, al término de su gestión, dejó a su sucesor, Arnoldo Wiens, como “mejor herencia” el desastroso proyecto Metrobús, con un aparente tácito acuerdo de encubrimiento de la colosal estafa al Estado al mejor estilo de los “empedrados chinos” de la era de “Icho” Planás, y otros casos flagrantes de presunta lesión de confianza y de estafa, reminiscentes de la era estronista.
Las precedentes referencias de corrupción en la construcción de obras públicas vienen a propósito de las recientes noticias de prensa, acerca de las irregularidades constructivas detectadas en la ruta que une Villeta con Alberdi. A propósito, a finales de 2014, durante el Gobierno de Horacio Cartes y la gestión de Jiménez Gaona, el MOPC adjudicó por G. 230.761 millones a la constructora Heisecke S.A. (del exviceministro de Obras Públicas José Luis Heisecke) los trabajos de mejoramiento de la ruta Villeta-Alberdi, de 78 kilómetros de extensión. Los mismos se iniciaron en julio de 2015 y debían culminar en julio de 2018. Sin embargo, dicha obra vial hasta ahora no ha concluido y ya presenta un sinnúmero de baches. Para más, registra un sobrecosto de G. 46.130 millones, supuestamente por obras que se adicionaron al contrato original hasta el mencionado tope del 20 por ciento admitido por la Ley de Contrataciones Públicas. Como si eso no fuera suficiente, la actual administración del MOPC ha licitado un paquete de “obras complementarias” conexas por G. 46.120 millones más. Como puede verse, las obras públicas continúan siendo el barril sin fondo de siempre, por donde se escurren millonarios recursos aportados por los contribuyentes.
El proyecto de ingeniería de la ruta fue elaborado por la empresa consultora Tecno Dinámica S.A. y para la fiscalización fue contratado el consorcio ETH (Electropar Ingenieros Consultores S.R.L., Tecon Técnica E. Consultoría Ltda. y Hagaplan Engenharia e Serviços Ltda.). El ingeniero Alcides José Cáceres Vargas –del Consorcio fiscalizador, quien tuvo a su cargo la revisión y aprobación del proyecto constructivo de la ruta–, en vez de asumir su responsabilidad por haber aprobado un proyecto de ingeniería defectuoso (altura de terraplén insuficiente, y por tanto, sujeto a inundación con crecientes extraordinarias del río Paraguay), optó por echarles la culpa a los arroceros de la cuenca del lago Ypoá, quienes con sus canalizaciones habrían tornado “impredecibles” las condiciones para realizar un estudio hidrológico acabado, indispensable para elaborar un proyecto geométrico correcto, acorde con las condiciones topográficas del terreno por el que cruza la ruta. Siempre hay una explicación, como cuando al poco tiempo de ser habilitada, la avenida Costanera Norte sufrió desperfectos en uno de los puentes adyacentes a la calzada.
Más allá de las explicaciones traídas de los pelos, ensayadas por los directivos del Consorcio ETH para eludir su responsabilidad, están los funcionarios del MOPC, encargados a su vez de aprobar el proyecto de ingeniería, así como el ingeniero “Supervisor”, a cargo del control in situ de los trabajos de construcción y de la gestión del consorcio fiscalizador contratado para el efecto.
El escándalo y perjuicio que representa esta obra para la población y para el Estado se asemeja en todo a lo ocurrido con la rehabilitación y pavimentación de la ruta Paraguarí-Villarrica, deteriorada casi de inmediato, construida durante el Gobierno de Nicanor Duarte Frutos, y que, como tantos otros hechos perniciosos, quedaron impunes. En esta ocasión, el ministro Arnoldo Wiens tiene la oportunidad de enmendar lo que aparece como una actitud encubridora de hechos punibles, como el fallido proyecto Metrobús, dando a conocer a la opinión pública la plantilla de funcionarios que tuvieron o tienen responsabilidad en la administración de este defectuoso proyecto, sin necesariamente emitir juicio de valor acerca del eventual grado de culpabilidad de los mismos en el entuerto, tarea que le cabe al Ministerio Público y, finalmente, a la Justicia.
Mientras el costo de las pérdidas que generan las obras defectuosas se siga cargando a los contribuyentes, la corrupción y la impunidad continuarán enquistadas en los organismos del Estado, y la “patria contratista” irá engordando cada vez más.