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Referentes del Poder Ejecutivo están anunciando desde hace algunas semanas el próximo lanzamiento de un plan de reactivación económica, cuyos detalles precisos aún se desconocen. El proyecto, conforme a las explicaciones generales brindadas, tiene por finalidad incorporar acciones que buscan reactivar los motores de la economía y generar un ambiente pospandemia que trate de amortiguar el fuerte desplome previsto. Las autoridades aseguran que se reutilizarán empréstitos ya aprobados y se incentivará la participación privada, aunque no se descarta un nuevo endeudamiento a ser cargado sobre las espaldas de la ciudadanía. La falta de mayores datos, la mala experiencia respecto a la eficiencia de la gestión pública, la corrupción rampante y el casi nulo diálogo con cada uno de los sectores afectados, arrojan un manto de dudas respecto a los resultados esperados.
Casi todos los organismos, tanto públicos como privados, estiman que para diciembre del 2020 el Paraguay cerrará con los peores números económicos en casi cuatro décadas. El Ministerio de Hacienda calcula que el Producto Interno Bruto (PIB) caerá 2,5%, incluso podría ser más si se profundiza la crisis pandémica; se espera un déficit fiscal (más gastos que ingresos financiados con endeudamiento) de aproximadamente 6% (en el sector privado se habla hasta de 7,5%); y por supuesto, el deterioro de los indicadores de empleo y pobreza. Hay certeza de que estamos ante un año perdido y otros que se avecinan que serán muy duros. El ritmo de recuperación dependerá de las medidas que asumamos y la capacidad de respuesta que tengamos a las necesidades, todas ellas urgentes.
El plan esbozado levemente por las autoridades económicas gira en torno a tres ejes fundamentales: fuerte inversión en obras públicas, una mayor participación a las inversiones privadas mediante alianzas con el sector público, y la continuidad de la ayuda social mediante subsidios a sectores puntuales a través del programa Pytyvõ manejado por el Ministerio de Hacienda. No se tienen números exactos ni se sabe cómo será financiado, pero inicialmente se estima serán necesarios 2.500 millones de dólares. Dicen que el dinero saldrá del redireccionamiento de créditos ya aprobados al Paraguay, parte de lo que quede del primer paquete de emergencia, la inyección de recursos privados y no se descarta más endeudamiento vía bonos internacionales. El paquete estímulo, de esta manera, representaría cerca del 7% del PIB. La intención, aseguran, es generar 124.000 nuevos empleos en el corto y mediano plazo.
El ministro Benigno López ha dicho en reiteradas oportunidades que con la Ley de Emergencia aprobada al principio de la crisis tienen para aguantar hasta finales de mayo. Esta norma autorizó préstamos por 1.600 millones de dólares, de los cuales fueron utilizados hasta ahora poco más de 600 millones de dólares, conforme a datos extraoficiales. El secretario de Estado anunció el envío de otro paquete de leyes que incluirá un proyecto para garantías inmobiliarias que permitirá la creación de empresas por acciones simplificadas y de resolución de insolvencias. Como podrá apreciarse, hasta ahora es poco lo que sabemos de ese plan, pero sí hay mucho por evaluar con base en las experiencias en la materia así como lo que están haciendo en otros lugares, como el plan “Acelera Foz” impulsado en la vecina ciudad fronteriza, donde sector público y privado ya están en plena implementación de un proyecto que aglutina a representantes de todos los sectores.
A nivel interno, preocupa que los actores de la economía no hayan sido convocados para dar su opinión con respecto a este proyecto. La experiencia hubiera podido redundar en beneficios teniendo en cuenta que son los conocedores de la coyuntura actual y de cómo podrían coadyuvar para la reactivación. La inversión pública será fundamental para recuperarnos, pero no menos cierto es que no será suficiente. Los voceros de gremios se han cansado de pedir ser escuchados a fin de acelerar las fases de la llamada “cuarentena inteligente”, pero no han obtenido mayores respuestas. El temor es que los burócratas de siempre terminen dibujando planes no aplicables a la realidad.
Hasta el momento se desconoce qué se hará con los miles de paraguayos que están arribando a diario a nuestro país, compatriotas que se vieron obligados a emigrar en su momento a causa de falta de oportunidades en su tierra. Tampoco se sabe qué planes se aplicarán en las ciudades fronterizas que viven del comercio de triangulación. El exministro de Hacienda Manuel Ferreira afirmó recientemente en entrevista con ABC que el covid-19 puede convertirse en el certificado de defunción para este negocio. Ciudad del Este no solo es aportante de cuantiosos ingresos para el fisco, sino además es generadora de unos 100.000 empleos que hoy están en riesgo si no se actúa de manera rápida y eficaz. Los economistas coinciden en que el sector agropecuario será clave para la recuperación del país, pero hasta ahora se desconoce de alguna discusión sobre las condiciones financieras para una campaña agrícola en ciernes y sobre el futuro de un sector ganadero que se debate en la miseria de los precios y el cierre de los mercados.
Otro aspecto no menor tiene que ver con la capacidad de gestión del Estado para la ejecución de sus proyectos. La ciudadanía tiene todavía fresca en la memoria el rimbombante anuncio del año pasado respecto a un plan de reactivación económica de 1.500 millones de dólares mediante obras públicas, sin que se sepa hasta hoy de los detalles de sus resultados. A propósito, el 2019 cerró con 0% de crecimiento del PIB. Muchas pequeñas y grandes empresas siguen esperando mayor agilidad en la movilización de créditos por parte de entidades públicas como el Banco Nacional de Fomento (BNF) y la gestión del Fondo de Garantía de Depósitos (Fogapy). Ni hablar de la corrupción en los contratos públicos, mirando apenas la experiencia reciente en instituciones como Salud, Dinac, Petropar, ANDE, solo por citar algunas.
Son sombras que se ciernen sobre el nuevo plan, en medio de las cuales crece el temor, como ya lo advirtiéramos en otra oportunidad, de que apenas sea una cortina de humo para endeudar aún más a los paraguayos a fin de mantener a un grupo privilegiado de funcionarios, para un Estado ineficiente y corrupto.
Es alentador que el Gobierno esté pensando en un proyecto de reactivación, pero deberían analizar seriamente la creación de un equipo de trabajo más amplio que incluya al sector privado y escuche sus reclamos. Las autoridades deberán extremar recursos para mejorar la eficiencia de su gestión, transparentar los contratos y buscar el castigo ejemplar de cualquier foco de corrupción. Caso contrario estaremos de nuevo ante un anuncio rimbombante que solo servirá para mantener la clientela política y generar nuevos ricos.