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Aunque uno supone que nadie puede estar ajeno a la calamitosa situación económica por la que atraviesa nuestro país y el mundo en estos momentos, algunos grupos políticos no dejan de sorprendernos con trasnochadas propuestas. A pesar de los apocalípticos pronósticos con relación al futuro económico que nos espera, el Frente Guasu y el Partido Democrático Progresista (PDP) han presentado proyectos de ley que buscan incrementar tributos sobre algunos productos y crear otros nuevos a manera de “solución” para hacer frente a los gastos que demanda la lucha contra el covid-19. Pretenden apagar el incendio con combustible, como se dice comúnmente. Por ello, la oportuna declaración del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, rechanzando el intento oportunista y desubicado de ambos partidos, trajo alivio a las fuerzas productivas que necesitarán del mayor apoyo para encarar el enorme desafío de reconstruir la economía y generar empleos en el corto y mediano plazo.
El proyecto de ley presentado por la bancada del Frente Guasu en el Senado, ampulosamente titulado de “Justicia tributaria ante la Pandemia”, plantea medidas tributarias permanentes y otras transitorias. Básicamente propone: un nuevo Impuesto a los Altos Salarios Públicos (IASP) que impedirá que cualquier funcionario estatal, incluido el de las entidades binacionales, pueda ganar más que el Presidente de la República; el incremento de las tasas del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los tabacos, bebidas alcohólicas, bebidas azucaradas y otras bebidas, así como la aplicación de un arancel a las cajetillas de cigarrillos; y un Impuesto Verde (IV) que recaería sobre la exportación de soja en estado natural. Además, incluye la creación de un Impuesto a los Elevados Patrimonios (IEP) que tendría vigencia durante tres años; la aplicación de descuentos temporales del 20% a los salarios de funcionarios públicos con altos cargos (por tres meses) y la reinserción del aumento del 16% para los docentes, suspendido por la ley de emergencia ante el covid.
Con estas medidas, este grupo político considera que se podrían recaudar anualmente US$ 30 millones en impuestos a altos salarios públicos; US$ 157 millones adicionales en concepto de aumento del ISC al tabaco; US$ 10 millones adicionales en ISC a bebidas; US$ 63 millones en tributo a la exportación de soja; US$ 997 millones en el nuevo gravamen al patrimonio y casi US$ 2 millones por recortes del 20% a los funcionarios con altos cargos. En materia tributaria, la mayoría de estos números no resisten el mayor análisis, en un contexto de depresión económica y drástica caída en las ventas en general. Asimismo, demuestran una ignorancia crasa en cuanto a la manera en que se maneja el negocio de la producción agropecuaria y toman de referencia datos manipulados del Censo Agropecuario repitiendo la vieja y gastada cantinela de la alta concentración de tierras en manos de pocos propietarios, sin hacer una diferenciación básica entre las realidades diametralmente opuestas que se observan al comparar las Regiones Oriental y Occidental. Además, ignoran que el Estado es uno de los principales terratenientes de la República.
Por su parte, el senador Pedro Santacruz (PDP) ha presentado al Congreso dos proyectos de ley: uno que busca aumentar de manera sustancial las tasas del ISC a los diferentes tipos de tabacos y cigarrillos y otro que busca aumentar el impuesto a las ganancias de los productores, comercializadores y exportadores de soja. En el caso del Selectivo, este planteamiento es más sincero que el del Frente Guasu cuando define que su objetivo es desincentivar el consumo de tabaco en la población y no aumentar las recaudaciones. Además, tiene por objeto reducir su impacto en costos estatales para tratamientos de enfermedades respiratorias provenientes de su consumo. En el caso del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), que rige a partir de este año, la intención es aumentar la tasa del 10% al 18%, lo cual implicaría una variación del 80%. Sobre este último punto no se hace mención alguna en cuanto a la mejora que representaría a las recaudaciones fiscales.
Hablar de crear o aumentar impuestos en una situación de calamidad económica como la que atraviesa el país, o representa una ignorancia supina de la manera en que se afrontan los problemas en situaciones de crisis o, sencillamente, busca soliviantar a algunos sectores con la intención de sembrar el caos para luego imponer mesías salvadores que solo buscan satisfacer sus apetencias políticas y económicas a expensas de la tan golpeada ciudadanía. Las experiencias funestas en la región son amplias en este sentido y los resultados palpables como el tan admirado chavismo de Venezuela para el Frente Guasu.
Las proyecciones más optimistas de organismos privados e internacionales indican que nuestro país cerrará este año con un Producto Interno Bruto (PIB) de -1%, muchas empresas cerradas y un tendal de desempleados. Nunca tan oportuna la declaración del presidente Abdo Benítez para rechazar estos desatinados proyectos y llevar tranquilidad a las fuerzas productivas del país: “En este momento no se puede hablar de eso. Voy a usar una frase que hace unos días escuché al presidente (uruguayo) Lacalle Pou, que dijo: No podemos en este momento ponerle más carga a quienes están pedaleando, nosotros queremos proteger el empleo”. Es por ello que sin más trámite el pleno del Senado debe botar al basurero estos proyectos de ley y de esa manera llevar seguridad, tranquilidad y previsibilidad a los contribuyentes a fin de aunar esfuerzos en la guerra contra el covid-19, y, pasada la crisis, tirar el carro todos juntos para levantar el país. Parafraseando a Gabriel García Márquez, autor de “El amor en los tiempos del cólera”, podemos decir, “el populismo en tiempos de coronavirus”.