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Fundado en el Código Sanitario, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) hizo bien en tomar una serie de “medidas drásticas, en el afán de mitigar el avance del coronavirus”, según las calificó el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Lo hizo respondiendo a las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya aplicadas en numerosos países, tras haberse constatado que la pandemia llegó a estas tierras.
La oportuna resolución ministerial –dictada tras la confirmación de dos casos, que hoy ya suman cinco– rige por quince días y prohíbe diversas actividades en las que se aglomeran personas, como las clases en los centros educativos, los oficios religiosos y las reuniones políticas, así como los eventos deportivos y culturales. Su carácter temporal sugiere que antes de concluir la vigencia del acto administrativo se hará una evaluación para decidir si conviene o no prolongar las citadas restricciones y, en caso afirmativo, si ellas deberán ser reforzadas o atenuadas. O sea que el MSPBS deberá hacer un monitoreo constante de la evolución, lo que supone un control estricto del cumplimento de lo dispuesto en virtud del art. 25 del Código, que le permite tomar “medidas para disminuir o eliminar los riesgos de enfermedades transmisibles, mediante acciones preventivas, curativas y rehabilitadoras, que tiendan a elevar el nivel inmunitario de las personas y combatir las fuentes de infección, en coordinación con las demás instituciones del sector”. En verdad, no solo conviene que intervengan otros órganos ligados a la sanidad, sino también, tal como ya lo estarían haciendo, los ministerios de Educación y Ciencias, de Industria y Comercio y el de Obras Públicas y Comunicaciones. Asimismo, la Policía Nacional debe estar preparada para prestar auxilio a las autoridades sanitarias si así lo requieren.
Para que la inédita resolución tenga vigencia real, es preciso no solo que la población se entere de su contenido, sino también que cada habitante se convenza de su indudable necesidad y asuma la responsabilidad individual de colaborar para su cumplimiento. Verificar la observancia de la suspensión de las actividades afectadas no tendría que conllevar excesivas dificultades y los organizadores de las que se realicen deben ser inexorablemente sancionados por el MSPBS, de acuerdo al art. 302 del Código, que prevé la amonestación, la multa, el decomiso, la clausura o la cancelación del registro. La situación es demasiado seria como para hacer la vista gorda ante los infractores que pongan en riesgo la vida de los demás. Los funcionarios actuarían incluso en defensa propia si aplicaran la ley a los insensatos que se permiten semejante atentado contra la sanidad. Es conveniente insistir también acerca de la responsabilidad de los padres, para hacer que sus hijos jóvenes obedezcan las prohibiciones vigentes, ya que muchos de estos creen que son inmunes al mal, porque solo afectaría a personas adultas.
Un caso especial supone el transporte público de pasajeros, cuyo servicio no será suspendido. El viceministro de Transporte, Pedro Britos, dijo que se ordenará a sus prestadores reforzar la desinfección de los buses, que, por cierto, siempre deben reunir las condiciones sanitarias exigidas por el MSPBS en épocas de epidemias o no, al igual que las unidades de transporte internacional y las que hagan viajes ocasionales de turismo, según al art. 293 del Código. Además, dijo que se prohibirá que los pasajeros estén de pie, acaso para que el virus no se difunda a través de los pasamanos. En otro aspecto, dado que es imposible evitar que la gente acuda a los mercados o a otros sitios de concurrencia masiva para proveerse de alimentos, será preciso que actúe con responsabilidad y trate de permanecer en sus hogares durante más tiempo que el habitual. Como es obvio, el art. 31 del mismo cuerpo legal prohíbe a las personas afectadas por enfermedades transmisibles concurrir a lugares de reunión o concentración durante el periodo de transmisibilidad.
También importa, tal como aconsejan las autoridades sanitarias, lavarse las manos con frecuencia y, al toser o estornudar, cubrirse la boca con el ángulo interno del codo o bien con un pañuelo desechable. Quienes valoran la salud propia y ajena deben adoptar las medidas de prevención, aunque no tengan encima el ojo avizor de un funcionario de control. Lo que cada uno de nosotros haga o deje de hacer incidirá mucho en la evolución de la crisis. Como en el reiterado caso del dengue, no se puede ni se debe esperar que las entidades públicas lo hagan todo, pues también depende de las potenciales víctimas del coronavirus que tomen los recaudos necesarios para no infectarse. Es muy cómodo culpar a las autoridades y descuidar las propias espaldas o las de la familia.
La intrincada situación demanda sacrificios, como el de renunciar a ciertas actividades colectivas que pueden ser placenteras, pero es lo que la ley y el sentido común imponen en esta grave circunstancia. La evidente importancia de las medidas adoptadas ilustra la necesidad de que se apliquen las normativas que apuntan al bien común. En el caso referido, los avivados que las eludan podrían provocar una mortandad que vale impedir con todo rigor. Otros de la misma calaña podrían aprovechar la ocasión para aumentar artificialmente los precios de ciertos productos hoy reclamados, de modo que convendría denunciarlos si es que se atreven a aprovecharse de la desgracia.
Esta es una prueba de fuego para la responsabilidad social, que tiene que ver tanto con acatar las disposiciones dictadas en pro del interés general como con la comprensión del rol individual en la salud pública. Confiamos que dentro de dos semanas ya sean levantadas estas medidas restrictivas, porque la población ha estado a la altura del desafío planteado por la pandemia. Sería lamentable que ocurra lo contrario.