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Para cobrar tributos o para controlar a la “gente común” no hay drama alguno. Un simple depósito bancario de 50 millones de guaraníes obliga al depositante a revelar el origen de los fondos. Se extreman las medidas para cobrar hasta a las yuyeras o cuando se compra algo por internet. Pero cuando se trata de los privilegiados políticos surgen rebuscadas interpretaciones de sus influyentes voceros de que supuestamente existe toda clase de dificultades para controlar lo que reciben y lo que invierten en sus campañas electorales. Actualmente, quienes más se están oponiendo a la transparencia son los colorados –tanto de Añetete como de Honor Colorado–, es decir, del partido gobernante.
Según todos los indicios, la Cámara de Diputados no aprobará hoy, suponiendo que haya quorum, el proyecto de ley que apunta a reforzar el control sobre el financiamiento político, presentado en diciembre último por diputados de diversos partidos, entre los que no se incluye la ANR, que cuenta allí con la mayoría absoluta: solo uno de sus 43 diputados –el altoparanaense Ramón Romero Roa– ha tenido la honestidad y el coraje de expresar públicamente su apoyo a la iniciativa. El abdismo y el cartismo coinciden en que no conviene transparentar el origen de los fondos invertidos en las campañas electorales internas y externas. Al parecer, la expectativa de recibir dinero sucio los aglutina tanto como una eventual repartija de cargos y que la “trazabilidad” de los aportes les asusta sobremanera.
Tampoco los legisladores liberales muestran mucho entusiasmo en favor de la propuesta, acaso porque sus escrúpulos en esta delicada materia son tan débiles como los de sus adversarios tradicionales. Más aún, incluso un correligionario de su promotora –la diputada Rocío Vallejo (PPQ)– recogió en los últimos días una excusa similar a la invocada por el cartismo, desde el primer momento: el senador Fidel Zavala se opone a que el proyecto de ley sea aprobado “a tambor batiente”, aunque aclaró que el control es necesario, desde luego. Lo mismo sostuvo el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor, lo que sugiere que, en el fondo, también Mario Abdo Benítez se opone a que las cuentas de los precandidatos y candidatos a cargos electivos sean bien claras. Todo induce a pensar que quienes proveen dinero sucio para protección o para sacar ventajas habrán aceitado en estos días los engranajes claves. Es increíble que un país tan castigado por la corrupción tenga que poner excusas para aprobar una ley tan necesaria para honestizar la sucia actividad política.
El desbloqueo de las listas, incluso en los comicios internos, generará de hecho unas campañas electorales personales, con la consecuencia de que aumentaría la tentación de recurrir a fondos non sanctos. Y bien, el art. 64 del Código Electoral (CE) no se ocupa de los ingresos y gastos de los precandidatos o candidatos individualmente considerados, sino solo de los que deben registrar los movimientos internos partidarios en los comicios internos y los partidos, movimientos políticos, alianzas o concertaciones en los comicios municipales y generales. En ambos casos, a lo que se oponen es que, tras la oficialización de las candidaturas, hay que presentar a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) una declaración jurada sobre los activos y recursos al inicio de la campaña, a fin de obtener un identificador tributario que los individualice para el control del financiamiento de la campaña política. El proyecto de ley extiende esta obligación a cada uno de los competidores, quienes, aparte de declarar bajo juramento si tienen o no participación en sociedades, deben abrir una cuenta bancaria especial auditable: el art. 278 del CE solo obliga a las organizaciones políticas a “abrir en una cuenta única en institución financiera de plaza con el identificador tributario en el que se depositarán todos los fondos recaudados para financiar la campaña electoral...”.
El art. 66 del CE dice que las organizaciones políticas deben remitir el Tribunal Superior de Justicia Electoral, entre otras cosas, un “registro contable detallado de la contribuciones o donaciones recibidas para el financiamiento de estos, con indicación de su origen”. La norma no afecta a cada uno de los precandidatos o candidatos, como tampoco lo hace el art. 68 al prohibir solo a los partidos, movimientos políticos, alianzas o concertaciones “aceptar o recibir, directa o indirectamente, contribuciones o donaciones de personas condenadas por la comisión de hechos punibles (...), especialmente los relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas (...) al lavado de dinero...”.
El art. 282 del CE prohíbe también a los “candidatos y movimientos internos de las organizaciones políticas” hacer uso de contribuciones o donaciones individuales superiores al equivalente a diez mil jornales mínimos, así como echar mano a aportes de “entidades autárquicas o descentralizadas nacionales, departamentales o municipales”, entre otras, lo que plantea la cuestión de cómo impedir que esos candidatos violen dichas prohibiciones si se rechazan los controles previstos en el proyecto de ley.
En suma, de lo que se trata es de que no se quiere transparentar el financiamiento de cada una de las candidaturas. Como bien dijo uno de los proyectistas, el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA), no valdría la pena modificar el CE si se excluyera la rendición de cuentas de cada postulante a un cargo electivo: la idea surgió tras el desbloqueo de las listas sábana, con el fin de impedir que ingrese dinero sucio. Aprobar el proyecto excluyendo la transparencia individual implicaría defraudar a la ciudadanía deseosa de que sus representantes sean electos en buena ley y no gracias al dinero sucio o al proveniente de las arcas públicas. Si hoy mismo, en virtud del art. 66 del CE, la SET y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) deben cooperar con el TSJE en las tareas de fiscalización en el ámbito de aplicación del CE, ¿por qué no deberían cooperar también en el control del financiamiento de las campañas de cada postulante a un cargo electivo? Si la SET y la Seprelad ponen a los contribuyentes comunes y a las organizaciones políticas bajo la lupa, también tendrían que ocuparse de los precandidatos y candidatos a cargos solventados por la ciudadanía. La transparencia debe regir para todos, más aún respecto a quienes pretenden administrar el dinero público o al menos cobrar un sueldo o una dieta financiados por la población.