Cargando...
La ciudadanía interesada en que los hasta ahora intocables sean perseguidos puede aplaudir que los agentes fiscales Josefina Aghemo y Luis Said hayan acusado al senador Javier Zacarías Irún (ANR) y a su esposa, la exintendenta Sandra McLeod, por los delitos de lesión de confianza y de declaración jurada falsa. En el primer caso, los agentes del Ministerio Público lo hicieron en un escrito de 234 páginas, acompañado por 34 tomos de pruebas recogidas durante más de un año de investigación sobre la presunta malversación de 2.174 millones de guaraníes presupuestados para la publicidad institucional de la Municipalidad de Ciudad del Este: ese dinero habría sido desviado a las campañas electorales del nefasto clan y de sus allegados, previas a las elecciones municipales de 2015 y a las internas de la ANR de 2017, así como a un programa televisivo del joven Enrique Zacarías McLeod. El segundo caso consiste en que el opulento Javier, que alguna vez confesó no haber pagado nunca el impuesto a la renta personal, omitió informar a la Contraloría General de la República que era dueño en el Brasil de tres departamentos, en tanto que su cónyuge ocultó que había prestado 500 millones de guaraníes de una entidad bancaria.
El Ministerio Público volvió a pedir la prisión preventiva del senador por obstruir sus pesquisas en torno al presunto hecho punible de lesión de confianza, en el que está acusado como instigador. La jueza penal Cinthia Garcete la había denegado en diciembre último, luego de que el expediente estuviera paralizado durante nueve meses en un Tribunal de Apelaciones esteño, a raíz de un incidente dilatorio que planteó el encausado. La Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción sostuvo que Zacarías Irún ordenó al coprocesado Juan Sanabria Notario, ex jefe de Prensa municipal, la quema de documentos públicos, entre otras cosas. El grave daño patrimonial sufrido por la Municipalidad, en beneficio de particulares, se habría generado mediante licitaciones relativas a anuncios publicitarios, ganadas por una firma de Carlos María Bordón, compadre del todopoderoso “asesor ad honorem” de la Municipalidad y esposo de la intendenta de entonces.
La presunta trama, en la que también habrían intervenido el exintendente interino Alberto Rodríguez y el exdirector de Finanzas de la Municipalidad, David Espínola, entre otros, supuso una notable ingeniería delictiva y un enorme desprecio a los pobladores de Ciudad del Este. Todo indica que Zacarías Irún –el intendente de facto– manejaba a sus anchas la administración municipal y que se creía intocable, de modo que le habrá sorprendido que en octubre de 2018 los agentes fiscales Natalia Fúster y Luis Piñánez allanaran la Municipalidad para recoger las evidencias que condujeron a su procesamiento. Como sigue siendo un personaje influyente en la Circunscripción Judicial del Alto Paraná, supervisada por la ministra Gladys Bareiro de Módica, no está acusado por enriquecimiento ilícito. En efecto, el Tribunal de Apelaciones, integrado por Isidro González, Mirian Meza de López y Stella Maris Zárate, confirmó el fallo del juez de la Adolescencia Marino Méndez –hoy suspendido porque prohibió a la Junta Municipal que tratara la renuncia de la intendenta Sandra McLeod– que rechazó el pedido fiscal de reabrir la investigación, porque la causa habría prescrito en 2017, diez años después de que Zacarías Irún haya ocupado un cargo público. Empero, fue nombrado “asesor ad honorem” en 2008 y confirmado en 2011, lo que le permitía acceder a información privilegiada. La acción de inconstitucionalidad promovida por el Ministerio Público duerme el sueño de los justos en la Corte Suprema de Justicia, como si se tratara de un asunto irrelevante.
Es alentador, al menos, que al fin se haya dado un paso que hace suponer que la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción ha reunido elementos de juicio convincentes y que el jefe del clan Zacarías Irún puede ser alcanzado por la Justicia, tal como lo fue el exsenador Víctor Bogado tras largos años de chicanas. Si a ello se suma que el exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón y el exsenador Óscar González Daher, así como el diputado Ulises Quintana, ya han conocido la prisión preventiva, hay motivos para confiar en que se proceda también con la firmeza necesaria en el caso del matrimonio que durante dos décadas manejó Ciudad del Este como si fuera su feudo.
Por ahora, los nombrados cónyuges gozan de la presunción formal de inocencia, aunque el latrocinio que sufre el país induce a sospechar que el común de los paraguayos ya ha invertido, de hecho, esa presunción constitucional. Duele que así sea, pero lo cierto es que hoy se espera que quienes ocupan un cargo público demuestren su honestidad, pues la experiencia enseña que lo normal es lo contrario. Las continuas chicanas de capitostes procesados indican, precisamente, que se saben culpables. Es presumible que el senador y su esposa sigan recurriendo a ellas para trabar las actuaciones judiciales, confiando en que el paso del tiempo les otorgue la impunidad definitiva. Es de desear que los esteños sigan de cerca el desempeño de las partes y de la judicatura. Ellos fueron las víctimas de carne y hueso de una operación financiera que se habría concebido para la conquista de cargos electivos que no iban a ser ejercidos para el bien común, sino acaso para engrosar el patrimonio acumulado a lo largo de dos décadas de arbitrariedades.