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Pese a los fundados temores de que se ignore el reclamo ciudadano de transparentar el financiamiento político, la Comisión Permanente del Congreso resolvió, en buena hora, incluir en el orden del día de la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, convocada para el 4 de febrero, el estudio del proyecto de ley sobre el origen del dinero aportado en las campañas electorales internas, municipales y generales, presentado en diciembre del año pasado por los diputados Rocío Vallejo (PPQ) y Jorge Ávalos Mariño (PLRA), entre otros proyectistas de cuatro partidos, ninguno de la ANR. No fue tratado en el periodo ordinario de sesiones, so pretexto de que ¡se necesitaba algún tiempo para estudiar la iniciativa!
En verdad, lo que se pretendía con este dudoso argumento es que los comicios internos del 12 de julio y municipales del 8 de noviembre próximos se realicen bajo la legislación vigente, que ya no podría ser alterada luego de que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) los convoque el 6 de marzo. La norma actual está lejos de impedir que el financiamiento político sirva para el lavado de dinero o para la promoción de candidaturas del crimen organizado. Si estas aberraciones han venido ocurriendo en las últimas décadas, es ahora muy probable que se multipliquen debido a que el desbloqueo de las listas presentadas alentará la competencia entre sus propios integrantes. Ya no bastará con adquirir uno de sus primeros lugares, sino que también será preciso destinar fondos adicionales para conservarlo o incluso ocupar uno mejor tras el escrutinio.
Hay serios indicios de que, aunque la referida iniciativa sea finalmente tratada durante el receso parlamentario, la mayoría de los diputados se resistirá a que, como se propone, todo candidato entregue una declaración jurada de los gastos e ingresos de su campaña electoral, a que manifieste si tiene o no participación en sociedades, a que abra una cuenta bancaria auditable, a que lo recaudado e invertido se publique en el portal web del TSJE, y a que también las organizaciones políticas estén obligadas por la Ley N° 1015/97, que previene y reprime los actos ilícitos para legitimar dinero o bienes, siendo su órgano de ejecución la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). En suma, lo que está en juego es la trazabilidad, esto es, el origen de los fondos empleados en una campaña electoral, algo que gran parte de la llamada clase política se empeña en ocultar. La diputada Vallejo teme, incluso, que la falta de quorum impida la sesión plenaria prevista, no solo porque muchos de sus colegas se oponen a la transparencia, sino también porque varios de ellos estarían turisteando, o sea, priorizando actividades ajenas al bien público.
Entretanto, el diputado Arnaldo Samaniego (ANR) –líder de la bancada abdista– anunció que recién en la semana venidera su sector tendrá una opinión sobre “esos temas que hacen a la transparencia de la gestión pública, que es lo que más reclama la ciudadanía”. Acaba de confesar que solo conoce el título del proyecto de ley presentado el 11 de diciembre de 2019, que modifica varios artículos del Código Electoral, modificado por las leyes N° 4743/12 y 6167/18, que regulan el financiamiento político. En otras palabras, no le interesa en lo más mínimo, y probablemente tampoco a sus correligionarios, pese a reconocer que es “lo que más reclama la ciudadanía”. Vergonzoso. Estos son los pomposamente autodenominados “representantes del pueblo”. Hasta el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, expresó su interés en la materia, pero parece que no lo comparten ni siquiera sus adherentes en la Cámara Baja. En efecto, Samaniego no creyó necesario asistir a la primera sesión de una “mesa de trabajo”, a la que asistieron invitados el ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, y su directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira, así como el director de partidos políticos de la Justicia Electoral, César Rosell. Tampoco estuvo el líder de la bancada cartista, Basilio “Bachi” Núñez, lo que no debería sorprender porque su sector ya había anticipado antes del 21 de diciembre de 2019 que no había ningún apuro para aprobar la iniciativa. Lo que sí resulta curioso es que solo concurrieron dos de los siete proyectistas: Vallejo y Ávalos Mariño. Todo indica que el dinero sucio tendrá nuevamente vía libre en las próximas campañas electorales.
Para desalentar aún más a quienes esperaban que los legisladores se avinieran a que se echara luz sobre las cuentas de las campañas electorales, el senador Fernando Silva Facetti (PLRA) advirtió lisa y llanamente que ya no hay tiempo para aprobar las reformas sugeridas, salvo que ocurra un milagro. Conste que si el 4 de febrero hubiera quorum y los diputados dieran media sanción al proyecto, tendría que convocarse de inmediato una sesión del Senado para ratificar lo aprobado sin introducir ningún cambio, pues, de lo contrario, el documento tendría que volver a manos de los diputados. Como se ve, la fecha fijada para la reunión, sobre el tiempo límite, ya indicaba que los partidos, especialmente el Colorado, no tienen ninguna intención de que se controle el origen del dinero que llegue a sus arcas y a las de sus candidatos. Más bien, parecen decir: bienvenidos los fondos del narcotráfico, del contrabando, del lavado de activos y de otros delitos.
De modo que no hay motivos para el optimismo, sino para sospechar que, pese a la convocatoria a la sesión extraordinaria, quienes se oponen a transparentar el financiamiento político lograrán su objetivo en provecho de quienes se postulen en los próximos comicios. Y hasta podría ocurrir que repitan la indignante historia de cara a los de 2023, cuando muchos buscarán su reelección. Cualquiera sea el desenlace, ya resulta claro que el jefe del Poder Ejecutivo, que alguna vez comparó al Senado con un burdel, ni siquiera lidera a los diputados del movimiento Colorado Añetete, suponiendo que fue sincero al estimar prioritario el control de los fondos en las próximas campañas electorales.
La movilización ciudadana ya ha demostrado su efectividad para castigar a los sinvergüenzas. Más que nunca se impone en esta oportunidad que se les demuestre, firme y públicamente, que los paraguayos ya no quieren que los impresentables continúen rigiendo los destinos del país.