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El próximo 12 de julio, los colorados elegirán no solo a quienes serán sus candidatos en los comicios municipales de este año, sino también a los presidentes de seccionales y a los miembros de la Junta de Gobierno de su partido. Refiriéndose a Asunción, donde la ANR tiene 45 seccionales, el senador Martín Arévalo (ANR, abdista) informó que, en promedio, un candidato gasta nada menos que 500.000 dólares (unos 3.200 millones de guaraníes), sin que se conozca el origen del dinero empleado en la campaña electoral. En sus inquietantes palabras: “Te plantean pagar candidaturas para presidentes de seccionales y te dicen: ‘dejá a mi cargo’; yo te voy a pagar todo”. Habla de un monto descomunal, imposible de conseguir para una persona “común”.
Cuesta creerlo, pero el senador sabrá de lo que habla, dada su larga experiencia en la politiquería capitalina. Sus dichos dan lugar a subrayar, primero, la enorme inversión que conllevaría incluso una candidatura a presidente de un organismo de base. Aunque no sea un cargo rentado y quien lo ejerza no goce de fueros, supone un enorme gasto que, como es obvio, no condice en absoluto con el nivel de desarrollo del país.
Algo está muy podrido en nuestro sistema democrático si se tiene que invertir tanto dinero para llegar a presidir una seccional colorada. Es presumible que se requerirán sumas mucho mayores al medio millón de dólares para convertirse en edil, intendente o diputado por Asunción. Se trata de unas campañas electorales internas, de cuyo financiamiento se ocupan los arts. 64 y 282 del Código Electoral, en su versión vigente desde 2018. La primera norma obliga a los movimientos a registrar los ingresos y los gastos, incluyendo los relativos a las elecciones de autoridades partidarias y a presentar una declaración jurada a la Subsecretaría de Estado de Tributación. También deben informar del origen y el monto de las donaciones recibidas a los Tribunales Electorales Partidarios (TEP), los que deben remitir al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) un cuadro demostrativo de ingresos y egresos de la campaña interna, para ser publicado en el portal web del TSJE.
La otra norma citada prohíbe a los candidatos y movimientos internos que reciban de personas físicas o jurídicas contribuciones individuales superiores al equivalente de diez mil jornales mínimos. Salvo esta última disposición, las demás regulaciones mencionadas no rigen para los postulantes en particular, de modo que la transparencia es bastante limitada, aparte de que es bien sabido que el control de los TEP y del TSJE es de hecho inexistente. Así se explica que, pese a lo que hoy diga el Código Electoral, al menos en la campaña electoral interna de la ANR, en Asunción, siguen rigiendo las viejas reglas del juego. A quienes ofrecen el financiamiento y a quienes lo aceptan les importa un bledo lo que ellas establezcan. Dada la falta de control efectivo, la plata juega así un gran papel en los comicios internos, tanto con respecto a los cargos uninominales como el de intendente, como a los plurinominales, como el de concejal. En este último caso, suele servir para pagar al líder del movimiento interno por un buen lugar en la lista.
Como dijo el senador, no se sabe de dónde sale el dinero y son los propios financistas quienes toman la iniciativa. Su apoyo nada altruista puede servir para lavar lo que está sucio, sin perjuicio de esperar que el favor monetario sea retribuido desde el cargo ganado en los comicios “externos”, mediante una ley u ordenanza oportunas. Claro que igual expectativa pueden tener quienes se dediquen a actividades lícitas, razón de más para regular con mayor estrictez el financiamiento de las campañas electorales, incluyendo las internas. Es lo que han pretendido en diciembre de 2019 varios diputados al presentar un proyecto de ley, redactado por Rocío Vallejo (PPQ), para controlar también los gastos e ingresos de los precandidatos, más aún atendiendo que el desbloqueo de las listas promoverá la competencia entre sus mismos integrantes, es decir, la necesidad de recaudar más fondos. Entre otras cosas, se busca que cada candidato –y no solo el movimiento interno o el partido– haga una declaración jurada de los gastos e ingresos de la campaña, que tenga una cuenta bancaria auditable y que también sus recaudaciones y gastos sean publicados en el portal web del TSJE. No menos importante es la propuesta de que también las organizaciones políticas sean sujetos obligados por la Ley Nº 1015/97, “que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”, o sea, que también estén bajo la lupa de la Seprelad. Al no tratar la iniciativa antes del inicio del receso parlamentario, la mayoría de los diputados demostró que no está interesada en la “trazabilidad” de los fondos, quizás por motivos perversos.
Como las normas electorales no podrán ser alteradas o ampliadas luego de que el 6 de marzo el TSJE convoque a los comicios municipales, la Comisión Permanente del Congreso deberá llamar antes de esa fecha a sesiones extraordinarias de ambas Cámaras, para que el proyecto de ley sea aprobado y promulgado. Habrá que ver qué resuelve la comisión; si no las convocan permitirán a los actuales aspirantes a un cargo electivo municipal o partidario recibir grandes fondos de sospechoso origen, sin respetar ni siquiera las normas que hoy tienen vigor formal. Claro que tampoco debe excluirse que ni siquiera estén dispuestos a que la iniciativa en cuestión entre a regir para las elecciones generales de 2023, en las que estos mismos legisladores volverán a postularse.
La ciudadanía debe movilizarse y ya no debe tolerar que se siga corrompiendo el sistema democrático, exigiendo cuentas claras a los candidatos. El 14 de enero, cuando se reúna la Comisión Permanente, se sabrá si el Congreso está dispuesto al menos a discutir una cuestión de tanta trascendencia.