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El Poder Ejecutivo hizo bien en presentar diez proyectos de ley relativos –sobre todo– al lavado de dinero, y el Congreso en aprobarlos sin mayores dilaciones, de acuerdo a lo sugerido por el intergubernamental Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que en 2020 volverá a evaluar in situ la lucha de nuestro país contra dicho delito y el correlativo crimen organizado. Que los senadores hayan aprobado la última de las iniciativas dos días antes del inicio del receso parlamentario y que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, la haya promulgado ayer, implicaría que el Paraguay está comprometido con ese esfuerzo internacional y que, por tanto, puede confiar en eludir la “lista gris” de los Estados no cooperantes, con las graves consecuencias económicas que ello acarrearía. El Gafilat había dispuesto como plazo máximo el 20 de mayo próximo para que esas leyes fueran promulgadas, de modo que se ha emitido una buena señal actuando con la celeridad debida.
Aunque también se ocupa del terrorismo y del soborno transnacional, entre otras cosas, el “paquete” de leyes gira en torno al lavado de activos, al que se refiere en especial la que modifica la ley sobre su prevención y represión. Ella amplía los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas y encarga su aplicación a la Unidad de Inteligencia Financiera, antes llamada Seprelad. Así como es plausible que el Congreso se haya expedido con prontitud acerca de las recomendaciones del Gafilat, es deplorable que la Cámara Baja no haya tratado aún un proyecto de ley que incluye a los clubes deportivos entre dichos sujetos obligados y otro que modifica normas del Código Electoral para impedir la legitimación de dinero o bienes en las campañas electorales. Con todo, se ha dado un buen paso en la dirección correcta, siendo de esperar que las reglamentaciones y otras disposiciones permitan la vigencia efectiva del paquete aprobado y no contengan los conocidos atajos que posibiliten a los sinvergüenzas escapar del escrutinio de sus perversas actividades.
De ninguna manera están de más estas suspicacias, pues bien se sabe que el país real no coincide en absoluto con el legal y que la legislación es violada incluso en el Congreso, cuando se otorgan pensiones graciables, se crean municipios o se contrata a personas al margen de los requisitos establecidos por las leyes generales. No es que falten normativas, sino que la “voluntad política” de cumplirlas y hacerlas cumplir brilla por su ausencia. En los últimos meses, por ejemplo, ha salido a la luz, gracias a la Justicia brasileña, con cuánta facilidad el “cambista de cambistas”, Darío Messer, prosiguió sus actividades delictivas en el Paraguay, con la cooperación de ciertas personas y casas de cambio. También se supo que la exdiputada Cynthia Tarragó habría realizado, en el curso de una operación encubierta del norteamericano Buró Federal de Investigaciones (FBI), una operación de lavado de dinero, también con la presunta intervención de una casa de cambio. En ambos casos, las informaciones fueron proveídas por organismos extranjeros, sin que la ex-Seprelad y la Superintendencia de Bancos hayan tomado nota de nada. No obstante, los hermanos Óscar y Ramón González Daher, el diputado Ulises Quintana (ANR), el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y el extitular del Indert Justo Pastor Cárdenas guardan prisión preventiva o arresto domiciliario porque habrían cometido, entre otros hechos punibles, el de lavado de dinero. Sobre el diputado Miguel Cuevas (ANR) pesa una imputación por el mismo delito, aunque hasta ahora no se haya llevado a cabo la audiencia preliminar, debido a sus chicanas sistemáticas.
Lo antedicho significa que, pese a todo, algo se está haciendo en la grave materia, incluso afectando a ciertos “peces gordos” del ambiente político-deportivo. Pero es necesario hacer mucho más para evitar que el Paraguay se convierta en una amenaza, no solo para sus vecinos, como receptáculo de la plata sucia, incluyendo la proveniente de la corrupción pura y dura. Está visto que las campañas electorales, las transferencias de jugadores y las casas de cambio pueden servir para legitimar el dinero mal habido. El crimen organizado tiene muchos canales, como la presunta transferencia de fondos desde Ciudad del Este a una firma estadounidense exportadora de vehículos y ligada al fundamentalismo islámico. También el tráfico de armas, por supuesto, es una fuente copiosa de dinero sucio, que requiere ser blanqueado. Lo que nuestro país haga o deje de hacer en esta cuestión afecta a todo el mundo hoy globalizado, de modo que es comprensible que la comunidad internacional esté muy interesada en que los órganos del Estado actúen con eficiencia, respaldados por leyes bien concebidas, que no dejen resquicios para disimular el origen de los fondos introducidos en el sistema financiero. En tal sentido, la cooperación entre la UIF, el Ministerio Público, la Senad y la Senabico debe ser mucho más estrecha, para que los datos sean compartidos en tiempo oportuno, es decir, para que no se repita la historia de que se retenga durante años un reporte del Banco Nacional de Fomento sobre las operaciones sospechosas del “hermano del alma”.
Es preciso que las normativas no sean letra muerta. El crimen organizado, sobre todo, dispone de ingentes recursos que puede destinar a la compra de conciencias para que las autoridades competentes hagan la vista gorda. No tendría que haber sido necesaria una evaluación del Gafilat para que se haga lo que se debe hacer, pero bienvenida sea si ella sirve para mejorar la legislación y, más que nada, decidirse a ejecutarla, “caiga quien caiga”.