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A partir de documentos entregados por el presidente de la Industria Nacional del Cemento (INC), Ernesto Benítez, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, abrió una causa penal sobre la ejecución de 80.411.000 dólares –provenientes de la emisión de bonos soberanos– en varios proyectos ejecutados entre 2015 y 2018, cuando dicha empresa pública era presidida por Jorge Méndez. El informe de la fiscalización especial de la Contraloría General de la República (CGR), el dictamen técnico de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y el informe de la auditoría general interna de la INC revelan que las inversiones estuvieron lejos de lograr los objetivos propuestos. El Ministerio Público no recibió una denuncia formal, sino que se dejó a su cargo identificar los hechos punibles de acción pública que se habrían cometido.
Los datos publicados por la prensa sugieren que se cometieron tantas barbaridades que a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción no le debería costar mucho detectar más de un hecho punible, como el de lesión de confianza. Uno de los contratos, por un valor total de 28.170.880 dólares –ampliación incluida–, apuntaba a cambiar el combustible del horno III de clínker de la planta de Vallemí, a fin de aumentar la producción diaria de 2.000 a 2.200 toneladas y lograr un ahorro de 20 millones de dólares anuales, pero resultó un fiasco ya que el horno III no opera a plenitud porque no se obtuvieron los repuestos necesarios para la molienda de coque ni se tiene un estudio de impacto ambiental del azufre emitido.
También otros cinco “proyectos de inversión” habrían sido ejecutados con serias irregularidades, entre las que se citan pagos hechos sin respaldo presupuestario, extemporánea presentación o vencimiento de las pólizas para garantizar el fiel cumplimiento contractual y la recepción de bienes o servicios sin los detalles que sirvan para compararlos con las exigencias técnicas del pliego de bases y condiciones. Las contrataciones para comprar materias primas fueron realizadas, en su mayoría, sin previa licitación pública o por concurso de ofertas. Es llamativo que el contrato para la compra de coque haya sido firmado, con toda premura, el mismo día de su adjudicación, que la respectiva póliza de su fiel cumplimiento fue entregada con atraso y que no se cobraron multas por valor de 44.245 millones de guaraníes, lo mismo que en el caso de la provisión de clínker, sin respaldo documental del costo estimado ni previa comparación técnica de las ofertas.
Los funestos resultados de las “inversiones” se resumen en que la planta de Vallemí despacha hoy menos de 50.000 bolsas de cemento portland por día, es decir, lo mismo que antes de recibir los fondos a ser devueltos con intereses y que tendrían que haber elevado la producción a 120.000 bolsas. La repudiable gestión de Jorge Méndez al frente de la INC requiere una investigación penal, exhaustiva pero no interminable, que sirva para determinar su responsabilidad en los probables hechos delictivos revelados en documentos oficiales.
Por cierto, este presunto culpable –por acción u omisión– de que se haya malgastado tanto dinero público, por decir lo menos, será gerente de una fábrica cementera a ser montada el próximo año en Concepción y que tendrá como principales accionistas al expresidente de la República Horacio Cartes, a su exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, y el exasesor ad honorem José Ortiz, quien informó del proyecto al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en marzo de este año. Todos ellos sabrán mucho no solo de cómo opera la INC, con la que competiría, sino también de los planes de un grupo inversor italiano que en 2016 visitó el país para informar, entre otros a Horacio Cartes, de su intención de instalar una planta precisamente en Concepción. Según su representante legal, Stephan Vysokolan, los italianos se mostraron “sorprendidos” por la anunciada fábrica cementera de su interlocutor, pero retornaron más tarde al país para señalar, entre otras cosas, que en algún momento se incomodaron, aunque mantienen su idea de llevar a cabo el proyecto, y que tienen el apoyo del actual jefe del Poder Ejecutivo.
Aunque no parece apropiado que un expresidente con información privilegiada y su reemplazante intervengan directa o indirectamente en ese asunto, sería saludable que la INC compita en igualdad de condiciones y que no siga contando con la protección estatal. Desde su creación en 1969, siempre se ha distinguido por la ineficiencia y la corrupción, tanto que hoy cubre apenas la mitad de la demanda diaria de cien mil bolsas de cemento, pese a haber disfrutado de un ilegal monopolio de hecho, con el consecuente perjuicio para la industria de la construcción, sobre todo los fines de año, cuando suele dejar sin el sustento a millares de obreros del sector. Una de las últimas expresiones formales de protección indebida a esa calamitosa empresa estatal es la inconstitucional Ley N° 3103/06, que dispuso “la utilización obligatoria de clínker nacional para la fabricación de cemento”, obligación exigida a cualquier empresa del ramo que se instale en el país, pese a que la INC no dispone del mismo en cantidad suficiente y se ve forzada a importarlo (siendo la única que puede hacerlo).
Esta empresa estatal no puede continuar siendo fuente de recaudación de autoridades y políticos de todos los partidos que se han apoderado a su turno de ella. La intervención del Ministerio Público constituye una brillante oportunidad para disponer la liquidación de la misma o su verdadera modernización para que sirva realmente al país y no a grupos de avivados.