Cargando...
La disciplina en el manejo de la cosa pública es la condición ineludible para cualquier país que pretenda caminar por el sendero del desarrollo. Si aún existía algún atisbo de expectativa en que la situación pudiera cambiar en el Paraguay, la última medida asumida por el Ministerio de Hacienda, institución que administra los ingresos y gastos públicos, terminó echando por tierra todas las esperanzas. En medio de rimbombantes discursos cargados de pesimismo a causa del derrumbe de la economía durante el 2019, las bajas recaudaciones tributarias, el elevado gasto rígido, el mayor déficit del Estado, entre otras cosas, argumentos utilizados por las autoridades de las finanzas públicas para oponerse a los irracionales incrementos introducidos por los legisladores, especialmente por los diputados, resulta que el Ministerio de Hacienda terminó pagando subrepticiamente a sus funcionarios un “aguinaldo extra” bajo el eufemismo de “subsidio familiar y alimentario”. De esta manera, quien debería dar el ejemplo, el ministro Benigno López, abrió la “canilla” para que otras instituciones públicas hicieran lo mismo.
El fin de semana tomó estado público la última medida asumida por el Ministerio de Hacienda, que decidió abonar a cada uno de sus funcionarios un total de G. 4 millones en concepto de “subsidio por alimentación” y “subsidio familiar”. De esta manera recibieron su tercer “aguinaldo” en lo que va del ejercicio, convirtiéndolos en privilegiados frente a la “gente común”, como diría el inefable diputado Carlos Portillo (PLRA). Conforme al comunicado dado a conocer por los sindicalistas de la institución, se trata de una victoria en sus reivindicaciones tras la medida de fuerza que asumieran en pleno estudio en el Congreso del proyecto de Presupuesto General de la Nación 2020. López había asegurado en su momento que no iba a ceder ante las presiones de los funcionarios, pero terminó arrodillado ante el chantaje.
Tras esta decisión efectivizada por la entidad responsable del manejo de los recursos públicos, hay más de una veintena de instituciones estatales que se aprestan a liquidar beneficios similares para sus dependientes, bajo el argumento de que son abonos previstos en el presupuesto que se ejecutan año tras año desde hace mucho tiempo. Valdría la pena hacer una revisión profunda de estos argumentos, más aún cuando los paraguayos en general están atravesando por un momento particularmente duro en materia económica y social.
Conforme a los datos del plan de gastos del Estado para el presente ejercicio, solo el rubro de “subsidio familiar” requerirá de un total de US$ 76 millones para su cumplimiento. Se trata de una cifra casi similar a la que demandará el nuevo beneficio acordado a los adultos mayores en “situación de vulnerabilidad social”, recientemente vetado por el Poder Ejecutivo pero ratificado por el Parlamento. El ministro López, precisamente, fue uno de los que pegó el grito al cielo aludiendo que el Estado no estaba en condiciones de asumir tremendo compromiso debido a las dificultades de ingreso y la rigidez de los gastos. ¡Con qué cara podrá ahora sostener sus palabras ante tamaño atropello que él mismo autorizó!
Las autoridades económicas de la República, encabezadas por el titular de Hacienda, se han pasado el año lloriqueando públicamente que los resultados de la economía no serán de los mejores. El Banco Central del Paraguay (BCP) ha estimado que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) calculado inicialmente entre 3,5% y 4%, finalmente cerrará en un pobre 0,2%, y con mucha suerte. El Fisco calcula que las arcas dejarán de percibir unos US$ 300 millones a raíz de los problemas respecto a lo presupuestado inicialmente, en tanto que el Tesoro admite que el déficit fiscal (más gastos que ingresos financiados con endeudamiento) alcanzará los US$ 1.000 millones, aproximadamente. Las remuneraciones del personal público seguirán llevándose el año próximo casi el 75% de los ingresos tributarios, en tanto que los gastos rígidos (se adicionan a lo mencionado las jubilaciones, pensiones y parte de la deuda) absorberán el 92% de lo que paga la ciudadanía en diferentes impuestos.
Utilizando parte de esto entre sus argumentos, el Poder Ejecutivo con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a la cabeza, ha impulsado una reforma tributaria. Para ello se ha utilizado el remanido y engañoso discurso de la necesidad de aumentar la presión tributaria, porque hace falta un mejor equilibrio de la carga impositiva, porque urge una mayor redistribución de la riqueza a fin de atender los requerimientos sociales, entre otros. Se habló mucho sobre que el dinero recaudado será blindado para mejores gastos, la gastada cantinela que se escucha desde 1991, con la primera reforma tributaria posdictadura. Desde la Ley de Adecuación Fiscal del 2004, los ingresos se han casi sextuplicado y el Estado sigue gastando tan mal como entonces. Hasta ahora nada hay de la reforma de la Caja Fiscal que sufre un déficit galopante, apenas se ha prometido un ahorro de US$ 100 millones en compras y contrataciones del Estado y una promesa de otros US$ 600 millones anuales a partir del 2020, cuyos detalles concretos en ambos casos nadie conoce.
Para el año venidero la situación internacional sigue pintando complicada y la regional incierta, con una Argentina administrada por un nuevo Gobierno que trata de evitar que se hunda el barco y un Brasil que ha frenado sus reformas ante el temor de un levantamiento a la chilena. En Paraguay las autoridades hablan de una mejora económica que dependerá principalmente de la recuperación agroganadera. En medio de la incertidumbre, el 1 de enero entrará a regir la última reforma tributaria con dudosos resultados positivos ante este contexto. La situación estructural del presupuesto público no sufrirá mayores cambios. Por ello, la decisión asumida por el ministro López va a contramano de su discurso, resta seriedad a sus advertencias sobre la difícil situación fiscal y abre la “canilla” para desatar un nuevo carnaval en el manejo de dinero de las instituciones públicas. A partir de ahora, que no venga a pedir que Juan Pueblo se siga apretando el cinto, porque perdió toda autoridad moral para hacerlo.