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El intendente de Mayor Otaño, Pedro Chávez, los concejales Jorgelina Vera y Darío Saenger, así como el presidente de la seccional colorada local, Leonardo Sánchez –todos ellos colorados cartistas– cometieron la necedad de querellar por calumnia y difamación al joven estudiante Nelson Maciel, quien desde hace dos meses viene denunciando, en su carácter de presidente de un centro estudiantil, la presunta malversación de unos 3.000 millones de guaraníes provenientes del Fonacide. Gracias a la torpeza de quienes se creen afectados en su honor y reputación –en vez de ponerse a disposición de la Justicia–, la ciudadanía se enteró de que una fiscalización especial inmediata (FEI) del ejercicio fiscal 2017, realizada en agosto de este año por la Contraloría General de la República, detectó quince graves irregularidades en el uso de fondos públicos. Entre ellas figuran la compra de un inmueble sin título de propiedad (G. 100 millones), el pago sin documentos respaldatorios de combustibles y lubricantes (G. 585 millones), así como de construcciones (G. 184 millones), el pago de dinero de los royalties sin vinculación con gastos de capital (G. 329 millones), la administración municipal de fondos transferidos a comisiones vecinales y el mantenimiento de caminos no identificados, a cargo de una firma que declaró una dirección correspondiente a una heladería y librería.
El valiente estudiante querellado visitó el último lunes al contralor general, Camilo Benítez Aldana, en compañía de seis concejales y de miembros del centro estudiantil que preside, para pedirle una auditoría general administrativa y financiera de la Municipalidad. El anfitrión informó que enviará los antecedentes referidos al Ministerio Público, donde ya obra, por cierto, una denuncia formal contra el presidente de la seccional colorada, por coacción grave y amenaza de muerte. Se informó de ataques perpetrados por turbas pagadas por el intendente contra estudiantes que se manifestaban frente a la sede municipal, contra los domicilios de tres de ellos y contra una radioemisora local. Matonismo puro con el fin de amedrentar y evitar que prosigan las denuncias. Con razón, el edil Hugo Giménez (ANR) dijo que tenían miedo.
Es lamentable que se haya llegado a tales extremos. Vale la pena destacar que es ejemplar que los estudiantes se hayan movilizado en defensa del dinero público y de su derecho a la educación. También es plausible que el presidente del Sindicato Nacional de Directores de Instituciones Educativas (Sinadi), Miguel Marecos, quien habla de un supuesto mal manejo de hasta 15.000 millones de guaraníes del Fonacide, haya dicho que el gremio apoya el pedido estudiantil de que se investigue el uso de esos recursos y que el mismo realizará un “acompañamiento jurídico”, tanto en la Contraloría como en el Ministerio Público, para que las pesquisas no terminen por el camino. Y es deplorable, en fin, que los docentes del Colegio Nacional Mayor Otaño aún no se hayan pronunciado ante hechos tan graves, como si no les importaran ni las agresiones contra los alumnos ni el desvío de dinero destinado a la educación. Este es, precisamente, un aspecto que nuestro diario viene denunciando desde hace mucho tiempo: los docentes reclaman mayor Presupuesto para la educación, pero no se inmutan ante los robos descarados que se producen en el sector. También es reprochable que el Ministerio de Educación y Ciencias no se haya pronunciado sobre este tema.
Por de pronto, es de esperar que los padres de los 200 estudiantes que el 30 de setiembre exigieron la renuncia del intendente protejan a sus hijos y no se dejen atemorizar por los corruptos y prepotentes. Que el Ministerio Público, por su parte, haga lo suyo para evitar la impunidad. El seccionalero Sánchez le habría dicho a la madre del joven Maciel que perdería su puesto de limpiadora en el centro de salud local si su hijo no se callaba. Esto significa que, aparte de la violencia, también la arbitrariedad administrativa puede ser empleada para que la gente de bien cierre los ojos y la boca ante las fechorías municipales. La querella sería solo la manera más “civilizada” de amedrentar.
La ciudadanía debe actuar en defensa propia cuando las entidades públicas no cumplen con su deber de precautelar el patrimonio de todos. Una de ellas es la Junta Municipal, muchas veces cómplice, por acción u omisión, de los latrocinios de los intendentes. La de dicho municipio de Itapúa tiene doce miembros, pero solo la mitad de ellos –cuatro colorados y dos liberales– ha creído necesario solidarizarse con los jóvenes. Las radioemisoras locales pueden y deben jugar un papel fundamental en esta lucha, ejerciendo con plenitud la libertad de prensa y poniendo sus micrófonos al servicio de la población, sin temer a los matones de los bandidos de guante blanco.
A propósito, ¿qué han dicho de los desmanes referidos los diputados del departamento de Itapúa, Walter Harms (ANR), Edgar Ortiz (PLRA), Colym Soroka (ANR), Hernán Rivas (ANR), Fernando Oreggioni (PLRA) y Rubén Balbuena (ANR)? Absolutamente nada, como si en Mayor Otaño reinara la mayor tranquilidad. Una demostración más de que la ciudadanía debe actuar muchas veces por sí misma, ante la defección de sus representantes electos en mala hora.
Vale la pena destacar el valor cívico de los jóvenes estudiantes, de los concejales que los apoyan y de una parte de la población que también les acompaña. Ojalá que esta experiencia tan penosa como alentadora sirva para que, también en otros puntos del país, el pueblo se vaya poniendo de pie allí donde su presente y su futuro estén siendo afectados por los corruptos de todo pelaje.