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El presidente Mario Abdo Benítez tiene mucha razón al afirmar que la fuga a Finlandia de los presuntos secuestradores Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán es una derrota que nos duele a todos, por la indignante impunidad que conlleva. Puede agregarse que también es una derrota de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen, dado que los dos primeros viajaron con documentos expedidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el tercero con una cédula de identidad emitida por el citado país europeo. El aporte de la sede central de Interpol fue bloquear ya en julio, a pedido de los interesados, los respectivos códigos rojos, que avisan a la policía del mundo entero sobre los fugitivos con orden de captura.
Todo ocurrió con llamativa celeridad. El 27 de setiembre, un juzgado penal de Montevideo hizo lugar al pedido de refugio político de los requeridos por la Justicia paraguaya, denegó su extradición y dispuso su inmediata libertad. La resolución fue notificada el lunes 7 de octubre al laboralista Enrique Falco, uno de los dos abogados uruguayos contratados por nuestra Embajada para ocuparse del caso a un costo de solo 3.000 dólares cada uno. Los prófugos no perdieron el tiempo y viajaron a Helsinki, vía Madrid, a las 13:20 del martes 8. Quien sí perdió el tiempo fue el abogado Falco, pues informó de la disposición judicial al embajador paraguayo Rogelio Benítez, exsenador y exministro del Interior, recién a las 20:00 de ese día, es decir, cuando los pájaros de cuenta ya volaron y no estaban lejos de su lugar de destino.
Es probable, como dice el procurador general de la República, Sergio Coscia, que ya desde la cárcel montevideana hayan estado en tratativas con el Acnur y con el Gobierno finlandés. Si es así, estos organismos confiaban en que la Justicia uruguaya ampararía a sus interlocutores, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había rechazado en junio la pretensión de Arrom y Martí de que el Estado paraguayo los indemnice porque habrían sido torturados y a que poco después la brasileña Comisión Nacional de Refugiados (Conare) les había privado del estatus de refugiado obtenido en 2003, decisión confirmada en julio por el ministro de Justicia Sergio Moro. Del Brasil, huyeron al Uruguay, donde tales antecedentes no sirvieron para que sean juzgados en nuestro país, donde no había una dictadura cuando delinquieron ni la hay ahora cuando se le deniega un pedido de extradición.
Entrevistada por la prensa, la jueza Blanca Rieiro fundó su fallo en supuestas pruebas “confidenciales” de que Arrom, Martí y Colmán habían sido aquí torturados, en que existían “temores fundados” de que si fueran extraditados sufrirían “apremios físicos” y en que la Fiscalía uruguaya no había documentado su apelación del refugio político. El primer motivo fue rechazado por la CIDH y el segundo implica un agraviante prejuicio, así como una supina ignorancia. La Cancillería convocó al embajador uruguayo Federico Perazza para trasmitirle “el malestar del Gobierno y de la ciudadanía”, a lo que el diplomático respondió responsabilizando al Poder Judicial de su país, según el ministro sustituto Enrique Insfrán. Sin duda, no se le puede culpar al Gobierno de Tabaré Vázquez por lo que dispuso un juez independiente. Más bien, debe preguntarse a nuestro embajador en Montevideo, que entró en el cuerpo diplomático en virtud de la cuota que corresponde a politicastros disponibles, por qué encargó el seguimiento del grave asunto a unos abogados bien baratos y, por lo visto, muy negligentes.
Por su parte, poco resultado tendrá que el Gobierno paraguayo vaya a protestar ante el finlandés, cuya embajada concurrente tiene su sede en Buenos Aires, ya que es difícil que se logre la extradición de los prófugos, como dijo la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez: si están allí es precisamente porque “no hay extradición con Finlandia”. También se protestará ante el Acnur, la Secretaría General de las Naciones Unidas, la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito, y ante los órganos de la Unión Europea, que Finlandia integra, entre otros. Es presumible que también se proteste ante Interpol, que levantó los códigos rojos.
Sería insensato hablar de una suerte de conspiración internacional contra el Paraguay, pero no así sostener que la gran rapidez del Acnur y del Gobierno de Helsinki podría explicarse por el hecho de que ya tenían tratos con los tres prófugos reclamados por la Justicia paraguaya. Si a ello se agrega la gran negligencia de nuestro servicio diplomático, el panorama está completo. En todo caso, será muy beneficiosa una gran barrida de los ignorantes e inútiles que fueron designados para defender los intereses del país.
Como siempre ocurre después de escándalos como estos, distintos funcionarios y oficinas “se tiran la pelota”, tratando de esquivar el bulto. La Cancillería y la Procuraduría General de la República supieron del fallo judicial recién al cabo de once días. Por eso, la flagrante chapucería también debe acarrear consecuencias locales o, en palabras del ministro sustituto, se le debe “adjudicar la responsabilidad” a ciertas personas, como el improvisado embajador Benítez, una de las tantas fallidas designaciones del Jefe de Estado.