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El 2 de noviembre de 2014, los representantes de los tres Poderes del Estado, reunidos en el Palacio de López, se comprometieron a iniciar una “lucha frontal” contra el narcotráfico. Veinte días después, la senatorial Comisión de Lucha contra el Narcotráfico brindó datos, proveídos por la Senad, que atribuían vínculos con dicha actividad delictiva a los diputados Bernardo Villalba, Freddy D’Ecclesiis, Marcial Lezcano y Carlos Rubén Sánchez (suplente), a la “parlasuriana” Concepción Cubas de Villaalta y al exdiputado Magdaleno Silva (hoy fallecido), todos ellos colorados. También fueron mencionados en tal contexto, entre otros, el coronel (SR) Luis Rolón y la intendenta de Nueva Germania, Alicia González de Saiz, quien hoy permanece en el cargo. Antes de la presentación del informe, que estuvo a cargo del actual ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, el entonces senador Arnoldo Wiens (ANR) señaló que “el gran negocio de las drogas ha infectado los tres Poderes del Estado paraguayo”, opinión repetida luego por el actual vicepresidente, Hugo Velázquez, quien presidía la Cámara Baja. La denuncia presentada por el Senado ante el Ministerio Público no tuvo consecuencia alguna, según recordó hace poco el ministro Giuzzio.
Y bien, han pasado casi cinco años desde el compromiso asumido en aquella Cumbre de Poderes y resulta que el narcotráfico está más fuerte que nunca. En los últimos tiempos, hubo algunos logros, como la captura de Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña y de su presunto cómplice, el diputado Ulises Quintana (ANR), hoy en libertad ambulatoria. Empero, es indudable que el crimen organizado está actuando dentro y fuera de las prisiones con mucha desenvoltura, según lo demostró, por ejemplo, la sangrienta fuga del narcotraficante Jorge Teófilo “Samura” Samudio, gracias a la valiosa colaboración de guardiacárceles. Pero hay episodios aún más recientes que muestran hasta qué punto el narcotráfico está contaminando el aparato estatal.
Es sabido que la Policía Nacional (PN), dependiente del Ministerio del Interior, es una de las instituciones más corrompidas del país, de modo que no resulta asombroso que un comisario principal, tres subcomisarios y cinco suboficiales hayan vendido protección a Faustino Ramón Aguayo, uno de los narcotraficantes más buscados. Siendo jefe de la comisaría 1ª de Pedro Juan Caballero, el comisario principal Edelio Celso Loreiro se habría puesto literalmente a sus órdenes, diciéndole que no dudara en pedirle ayuda si la necesitaba. Debe subrayarse que el alto jefe policial actuó por propia iniciativa, es decir, que el prófugo no tuvo que ofrecerle un soborno, que podría haber sido muy elevado, si se considera que el subcomisario Pedro Molinas, jefe de la oficina pedrojuanina contra el Crimen Organizado, le habría cobrado a Aguayo 200.000 dólares por liberar un cargamento de cocaína. De hecho, los demás detenidos estaban a sueldo de los narcotraficantes, pues percibían 1.500.000 guaraníes mensuales por recibir y escoltar cargamentos de estupefacientes en Puentesiño y Yby Yaú. Todos ellos fueron aprehendidos el 25 de septiembre. Cabe preguntarse durante cuánto tiempo habrían venido delinquiendo y cuántos uniformados más estarían al directo servicio del crimen organizado, no solo en Amambay y en Concepción.
Por cierto, es de suponer que algunas jurisdicciones policiales son más apetecidas que otras y que quienes disponen los traslados podrían tener algún interés en el “gran negocio de las drogas”, que no solo contamina a los tres Poderes del Estado. En efecto, acaba de saberse que entre 2016 y 2018 el intendente de Jesús de Tavarangue, Hernán Schlender (ANR), habría lavado 3.000 millones de guaraníes de los narcotraficantes Wilfrido y Rigoberto Bareiro, cuñados suyos, valiéndose de la cuenta del Fonacide. Contrataba supuestas obras de infraestructura educativa con una empresa de maletín manejada por el pariente político, sin que ni los concejales ni los vecinos se dieran por enterados. Así de simple, así de repugnante. El ministro Giuzzio habló de su “osadía”, algo que, en realidad, apenas se requiere en un país donde el control institucional y ciudadano es de lo más débil. La actual intendenta de Nueva Germania, la citada Alicia González de Saiz, fue más discreta, pues “solo” obtuvo el traslado del jefe de la comisaría local por haber detenido un vehículo que transportaba drogas, según informó en 2014 la citada Comisión de Lucha contra el Narcotráfico. Debe recordarse que el último 16 de abril la administración de Schlender –hoy imputado por el delito de lesión de confianza, así como por los de producción y uso de documentos falsos– fue salvada de una intervención por sus correligionarios diputados.
Tampoco en este caso es descabellado preguntarse si es posible que otras cuentas administradas por Municipalidades o Gobernaciones estén siendo empleadas para lavar dinero del crimen organizado. Más de una vez se ha señalado que bien podría estar financiando campañas electorales, de modo que no sería raro que, cuando tal haya sido el caso, los electos retribuyan el favor recibido mediante un mecanismo similar al detectado en Jesús de Tavarangue.
Está visto que los tentáculos del narcotráfico son muy largos, tanto que llegan hasta el nivel político-administrativo inferior. No solo puede resultarle útil comprar a legisladores, jueces o policías, sino también a intendentes o gobernadores. En estos casos, parece importante que la población se ocupe mucho más que hasta ahora de vigilar el comportamiento de las autoridades locales, venciendo la indiferencia o el temor. Si el aparato estatal está infectado no solo en los tres Poderes del Estado por obra y gracia de las autoridades corruptas, muchas de ellas elegidas por el pueblo, está visto que la “lucha frontal” anunciada en aquella Cumbre de Poderes debe ser asumida por la población honesta, en defensa propia.