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Siempre ocurre que un nuevo escándalo hace olvidar el anterior, favoreciendo la impunidad de los implicados. Mientras la atención se concentra en la flamante corruptela, quienes están acusadas de otras de más larga data guardan un discreto silencio, confiando en que el paso del tiempo las borre de la memoria colectiva y la distracción de la gente les permita eludir o atenuar la pena que les corresponda. Es lo que hoy ocurre con las causas que afectan a los exsenadores Víctor Bogado y Óscar González Daher, al exjefe del Indert Justo Pastor Cárdenas y a los diputados Ulises Quintana (ANR), Tomás Rivas (ANR) y Carlos Portillo (PLRA), así como al senador Javier Zacarías Irún (ANR).
Bogado está por beneficiarse con la extinción del proceso abierto por los hechos punibles de estafa y de complicidad en el cobro indebido de honorarios, en tanto que González Daher y Cárdenas guardan hoy arresto domiciliario, tras haber estado en prisión preventiva por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El caso más preocupante es el del primero, que se saldrá con la suya si el Tribunal de Alzada no resuelve cuanto antes la apelación presentada por la agente fiscal Liliana Alcaraz contra el inicuo fallo que lo absolvió del delito de estafa y lo condenó a solo un año de cárcel, con suspensión de la pena, por haber cooperado con Gabriela Quintana (la “niñera de oro”), funcionaria de la Cámara Baja, para que cause a Itaipú Binacional un daño financiero de más de 106 millones de guaraníes. Como la causa abierta por esta última corruptela se extinguiría en octubre, el Ministerio Público urgió la resolución pertinente. Si su pedido es lisa y llanamente ignorado, la apelación es rechazada o la Corte Suprema de Justicia no se expide con premura ante una eventual acción de inconstitucionalidad promovida por Bogado, este chicanero ni siquiera podrá ser considerado cómplice del cobro indebido de honorarios, pues el fallo de primera instancia no habrá quedado firme. El Ministerio Público pidió también que la Cámara de Apelación anule los puntos que lo absolvieron del hecho punible de estafa, para volver a ser juzgado por ello. Sería escandaloso que quien durante más de cinco años trabó la apertura del juicio oral y público, abusando de su derecho a la defensa, pueda jactarse así de no haber sido condenado.
González Daher y Cárdenas fueron favorecidos por un cambio del art. 245 del Código Procesal Penal, que permite la excarcelación por el hecho punible de enriquecimiento ilícito, quedando a criterio del juez determinar si hay peligro de fuga o de obstrucción a la Justicia. Aquí hay un amplio margen para la subjetividad judicial y, por tanto, para el influjo del ambiente político reinante. El acuerdo abdocartista pudo haber incidido en las decisiones tomadas con respecto a los connotados González Daher y Cárdenas, partidarios del expresidente hoy erigido en el nuevo patrón de la política paraguaya. La importancia que acaba de ganar su líder al sostener a Mario Abdo Benítez en el Gobierno sugiere, entre otras cosas, que el “control aleatorio” de los detenidos no será muy estricto y que el Poder Judicial y el Ministerio Público vuelvan a la docilidad habitual. No obstante, es plausible que las agentes fiscales Josefina Aghemo y Sussy Riquelme hayan acusado al expresidente del Indert por un presunto enriquecimiento ilícito de más de 2.600 millones de guaraníes, ignorando la componenda referida.
Pero, a propósito, hay algunos asuntos inquietantes, como el hecho de que nada se sabe de la pesquisa abierta en junio por el Ministerio Público en torno a la adjudicación a dos firmas del exdiputado José Chamorro de un contrato de 140.000 millones de guaraníes, presuntamente con un 40% de sobreprecio, para proveer de servicios de seguridad y vigilancia al Instituto de Previsión Social (IPS), resuelta por el Consejo de Administración encabezado entonces por Armando Rodríguez, hoy destituido del cargo. También aquí es probable que algún nuevo affaire hunda en el olvido esas licitaciones públicas amañadas en beneficio de un viejo amigo de la casa y del poder de turno. Llegó a creerse que el Gobierno actual no protegería a los facinerosos, pero ahora hay indicios de que las aguas agitadas por el discurso anticorrupción están volviendo a la calma. No hace falta que los agentes fiscales o los jueces reciban órdenes precisas de los que mandan para asegurar la impunidad de los sinvergüenzas a su servicio. Los timoratos pueden interpretar los signos de los tiempos y adaptarse a las circunstancias por sí solos.
Al focalizar el interés ciudadano, la entreguista Acta Bilateral les vino muy bien, entre otros, a los diputados Tomás Rivas, Miguel Cuevas, Ulises Quintana y Carlos Portillo, así como al senador Javier Zacarías Irún. Imputados o investigados por delitos varios, sus respectivas causas han escapado de la atención pública durante las últimas semanas. Pero, al igual que Bogado, González Daher y Cárdenas, dichos procesados tienen que sentirse bajo la lupa de sus conciudadanos. Desde ya, es de temer que la nueva “unidad granítica” colorada, que no es más que un pacto siniestro, sirva para que los diputados referidos, dos de los cuales –Rivas y Cuevas– aún no han sido desaforados, conserven la investidura enlodada.
Es preciso, en fin, impedir que el olvido favorezca la impunidad de quienes se valieron de un cargo público para cometer actos ilícitos, recordándolos una y otra vez, hasta que se haga justicia. Una opinión pública atenta puede ayudar a imposibilitar que los procesos o las investigaciones en curso, que afectan a varios políticos, acaben en el acostumbrado “oparei”.