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El escándalo que sacude actualmente al Gobierno con relación a las negociaciones en torno a Itaipú Binacional, que culminaron con la entreguista Acta Bilateral, ha tenido varios protagonistas –algunos de los cuales ya han sido removidos de sus cargos–, y ya era raro que no figurase el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, que a menudo está presente en asuntos oscuros. Ahora aparece vinculado a algo bastante turbio, como uno de los que presionaron, a través de un asesor y allegado suyo, para que el Acta Bilateral no incluyera una cláusula favorable al Paraguay, con el fin de reservar el negocio de venta de energía paraguaya en el mercado brasileño a una empresa ligada nada menos que con el presidente Jair Bolsonaro.
En los últimos tiempos, nos ocupamos muchas veces del vicepresidente Velázquez, y no precisamente para elogiarlo. Referimos, entre otras cosas, las denuncias por venalidad hechas contra él cuando era fiscal general adjunto del Alto Paraná, su notorio enriquecimiento en la función pública, sus lazos con presuntos financistas del terrorismo, y sus cuestionadas intervenciones y opiniones tanto en asuntos políticos como judiciales, inapropiadas con la función que le compete. Mencionamos también el protagonismo que ha venido adquiriendo desde su actual cargo, pese a las limitadas funciones que le asigna la Constitución.
En efecto, desde allí ha operado en varios campos, instalando a sus allegados en puestos importantes, apoyando una candidatura a la Corte Suprema de Justicia, arengando a funcionarios de Itaipú Binacional, promoviendo la componenda abdo-carto-llanista, acompañando al Palacio de López al célebre gerente José Ortiz o reuniéndose con miembros de la Coordinadora Nacional Intersectorial. El 24 de junio último afirmó: “Yo trabajo directamente bajo las instrucciones del Presidente de la República”.
Subrayamos esta frase porque viene a cuento ahora con respecto a su presunta intervención contra el interés nacional, realizada a través de su abogado José Rodríguez González, hijo de la ministra de la Seprelad, María Epifanía González, quien presentó renuncia a raíz del hecho. El mensaje que este envió a directivos de la ANDE el 23 de mayo, un día antes de la firma de la ominosa Acta Bilateral, es muy comprometedor tanto para Velázquez como para el presidente Mario Abdo Benítez. Expresa: “...el vicepresidente de la República me trasladó la posición oficial de su persona y también la del presidente de la República, en relación al punto seis (...) Sobre el mismo, me puntualizó que no están de acuerdo con la inclusión de poner a conocimiento la intención del Paraguay de comercializar energía al mercado privado brasileño, debido a que en conversaciones con el más alto mando del vecino país, se concluyó que no es lo más favorable, a fin de resguardar el manejo prudencial de la información para que la operación en marcha se efectivice con el mayor de los éxitos”.
Como se sabe, pese a que el atinado punto seis del memorándum de la ANDE garantizaba la venta de energía paraguaya en el mercado brasileño, no fue incluido en el acuerdo por nuestros negociadores, el exembajador Hugo Saguier Caballero y el aún director técnico de Itaipú Binacional, José Sánchez Tillería. El mensaje citado alude a conversaciones con “el más alto nivel” del Brasil, es decir, con su presidente Jair Bolsonaro. También se habla allí de un “manejo prudencial de la información” para que “la operación en marcha” no sea afectada. La prudencia solicitada llegó al punto de que el fallido acuerdo se dio a conocer a la ciudadanía, extraoficialmente, recién al cabo de dos meses.
Ella puede percatarse ahora de que había mucho que ocultar para que los negocios en curso no fueran afectados. Y aquí surge un elemento de juicio adicional para valorar el papel cumplido en el tremendo affaire por el Vicepresidente de la República: encargó a su abogado personal que funja de intermediario entre la ANDE y la antes mencionada empresa para que hablen de negocios. El diligente profesional del Derecho inició sus trabajos a principios de mayo, invocando a su jefe y al propio Presidente de la República, lo que sería comprensible si es cierto que fue desde el despacho presidencial que Hugo Velázquez informó al entonces presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, que su abogado hablaría con él. La intermediación continuó, al menos, hasta el 15 de julio.
Se preguntará el lector por qué se excluyó el punto seis del memorándum para los negociadores paraguayos y, por tanto, del acuerdo, si la empresa pública paraguaya iba a vender, de todos modos, la energía eléctrica excedente a una firma del mercado brasileño. La respuesta habría que buscarla en el Artículo XIV del Tratado, según el cual “la adquisición de los servicios de electricidad de la Itaipú se realizará por Eletrobras y por ANDE, que también podrán hacerlo por intermedio de las empresas o entidades brasileñas o paraguayas que indiquen” (las negritas son nuestras). Como la ANDE solo podría indicar empresas nacionales, no era cuestión de levantar la perdiz, de modo que la firma Léros Comercializadora podría inventar aquí una paraguaya para ser la única compradora, sin competir con ninguna otra. Pero más allá de los eventuales tejemanejes, resulta claro que el Vicepresidente de la República se ocupó de una cuestión del todo ajena a su cargo, valiéndose de su abogado para enviar instrucciones a los directivos de la ANDE y facilitar negociaciones con una empresa extranjera.
En cuanto al Jefe de Estado, el segundo de abordo lo deja muy mal parado y, por tanto, tiene que aclarar debidamente las cosas. El expresidente de la ANDE reveló que el 23 de mayo se le había informado que Abdo Benítez no estaba de acuerdo con la inclusión del punto seis en el memorándum antes referido. Corrió entonces junto al Presidente de la República, quien le habría preguntado. “¿El ítem seis es bueno para el Paraguay?”. Ante su respuesta afirmativa, su interlocutor le habría dicho: “Entonces, deje”. Si se dejó, fue ignorado, pero el mismo día en que estalló el escándalo, Abdo Benítez defendió a capa y espada el entreguista documento firmado en Brasilia. ¿Mintió el Ing. Ferreira o el Presidente de la República le mintió a él? El exjefe de la ANDE se negó a revelar quién le informó que el punto seis debía ser excluido. Ahora se sabe que protegía al influyente abogado Rodríguez González, es decir, al Vicepresidente de la República.
Cabe insistir en que Abdo Benítez debe poner todas las cartas sobre la mesa. Y, desde luego, lo menos que se puede esperar es que Hugo Velázquez sea destituido cuanto antes, mediante un juicio político por mal desempeño de sus funciones, por decir lo menos. Este asqueroso asunto no debe terminar con la remoción de cuatro personajes de segundo nivel, que resultaron ser unos chivos expiatorios.