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Nuevamente los taxistas, amparados en su “enjambre amarillo”, crearon ayer –como tantas otras veces en el pasado–, toda clase de dificultades a los automovilistas y peatones, esta vez para respaldar su ilegal pretensión de dificultar el libre trabajo de las empresas Uber y Muv, que se desenvuelven mediante la novedosa modalidad de plataformas digitales. Entre otras cosas, alegan que los vehículos de estas empresas saturarán el mercado. Si se aplicara este criterio, se debería prohibir que una pizzería se instale en una cuadra donde ya existen otras dos, por ejemplo. También exigen que los vehículos de Uber paguen tributos, lo que aparentemente no constituye una dificultad, pero da la casualidad de que los propios taxistas no los pagan. En tal sentido, la vocera de la empresa transnacional en Paraguay, Johanna Picciano, ha expresado que “los socios conductores que deseen utilizar la aplicación Uber deberán contar con el RUC y un talonario para emitir facturas”. Es así de simple. No obstante, es atendible que se dicte alguna ordenanza que regule el servicio de las nuevas empresas, y que los taxistas cumplan con la existente. En la actualidad, disfrutan de 79 paradas de taxis en Asunción, con más de mil lugares para vehículos, adueñándose de cuadras enteras sin pagar un guaraní. Como si fuera poco, durante su manifestación de ayer, ¡reclamaron “fusilar” a los periodistas con bala de cañón e hicieron hurras al grupo ilegal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)!
Uber es una empresa estadounidense con sede central en la ciudad de San Francisco, que se ha extendido a numerosos países donde presta un servicio aceptado por el público. Opera a través de una “Plataforma de Intermediación”, que conecta con los pasajeros, quienes ingresan a la aplicación (app), proporcionando datos sobre su localización de origen y destino final, siendo atendidos por el conductor más próximo al sitio del abordaje. Así, el pasajero puede conocer de antemano hasta la tarifa que va a pagar al llegar a destino.
Lo que quedó demostrado en nuestro país es que tiene menor costo para los usuarios, lo que justifica su rápida aceptación. Una de sus ventajas es que los conductores son autónomos, pues no dependen del dueño del vehículo que, en el caso de los taxis, suele quedarse con la parte del león, pagando el salario mínimo o poco más a los conductores. Pese a que el Paraguay es uno de los últimos países de la región que han acogido la plataforma, no por eso los taxistas asuncenos y del área metropolitana perdieron la oportunidad de rechazar la competencia y recurrieron a su principal recurso de siempre: bloquear calles con su “enjambre amarillo”, a lo que agregaron un hostigamiento en las calles a los conductores y pasajeros de la competencia hasta bordear el delito.
Un reciente episodio de esta persecución a los Uber por parte del gremio de taxistas de Asunción y de ciudades circunvecinas fue el protagonizado por la intendenta de Mariano Roque Alonso, Carolina Aranda, quien, en vísperas de la apertura de la Expo 2019, emitió una resolución prohibiendo el servicio de Uber en la jurisdicción del municipio, en abierto desacato a una medida cautelar para que dicha plataforma pueda operar libremente. La intendenta atribuyó la decisión a la Junta Municipal. Tras desatarse una ácida polémica a raíz de la ilegal medida administrativa, calificada por la vocera de Uber Paraguay como “sorprendente y decepcionante”, la jefa comunal no tuvo más remedio que levantar la arbitraria prohibición. La portavoz de la empresa señaló que esa medida afectaba el derecho de la gente de elegir cómo viajar, y limitaba las oportunidades de miles de paraguayos de ganar dinero dignamente a través de la aplicación.
La Constitución, en su art. 86, establece: “Todos los habitantes de la República tienen derecho a un trabajo lícito, libremente escogido y a realizarse en condiciones dignas y justas. La ley protegerá el trabajo en todas sus formas, y los derechos que ella otorga al trabajador son irrenunciables”. Esta norma concuerda con el art. 107, según el cual toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia (…) Se garantizará la competencia en el mercado”.
Sin emitir juicio de valor sobre los alegatos esgrimidos contra la plataforma de Uber –sistemáticamente rechazados por tribunales de otros países, como así también por nuestra Justicia–, cabe destacar que el gremio de taxistas de Asunción y del área metropolitana se extralimita en su pretensión de reclamar al Congreso o a las municipalidades respectivas la prohibición de que las nuevas modalidades les hagan limpia competencia en la explotación de un servicio que es público.
Mal acostumbrados a explotar indebidamente a su favor privilegios gremiales obtenidos mediante canonjías otorgadas por autoridades nacionales y políticos oportunistas, a cambio de transportar gratuitamente a sus adherentes a los locales de votación en jornadas electorales, los taxistas buscan torcer la vara de la Justicia por la fuerza. Puede recordarse que, retribuyendo ese servicio, el exintendente de Asunción Arnaldo Samaniego nombró al eterno dirigente de los taxistas, Arístides Morales, nada menos que director de Tránsito de la Municipalidad, donde prestó un mediocre servicio.
Los taxistas no pueden vivir en el pasado, en ilegal y directo perjuicio de los usuarios. No les queda más remedio que modernizarse para competir en el mercado. Sus flotas se caracterizan por vehículos mal cuidados y sucios, muchos sin aire acondicionado, con manijas o mecanismos automáticos levantavidrios que no funcionan, entre otras falencias. Deben convencerse de que la época de imponer sus pretensiones mediante la prepotencia de los “enjambres amarillos” ha pasado.