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De acuerdo con los datos recibidos, doña Feliciana es una de las primeras pobladoras de esta zona del país, ubicada en el distrito altoparanaense de Itakyry. Tiene 17 hijos, 10 de ellos menores de edad, y el fin de semana último fue víctima de lo que consideran una violación del estado de derecho.
Con el argumento de recuperar tierras, Cárdenas encabezó una comitiva que incluyó a policías y a la fiscala de Minga Porã, Mónica Da Rosa. El mismo titular del ente agrario fue fotografiado y grabado dando instrucciones del desalojo.
“Vino y mandó echar mi casita. Le pedí que me muestre su orden judicial y me respondió, riéndose: ‘Yo soy la ley’. Entonces le pedí que por lo menos me dé 24 horas y no quería saber nada y mandó echar mi casa”, relató la pobladora.
Otros informes dicen que Cárdenas intentó desalojar a más lugareños, pero como estos mostraron resistencia ante la falta de orden judicial, no lo hizo finalmente. Aun así, a la fecha cinco viviendas fueron literalmente destruidas por disposición del Indert. “Ellos no les sacan las tierras a los brasileños que tienen plata y que tienen plantaciones de soja aquí en Santa Lucía. Solo a los más débiles nos saca. Yo ahora estoy viviendo en casa de uno de mis hijos mayores, pero voy a tener que levantar mi casa aunque sea de carpa”, añadió doña Feliciana.
Derechos pisoteados
Abogados consultados al respecto coincidieron en que se están pisoteando derechos, pues lo único que el Indert mostró en Santa Lucía es una notificación dirigida a la “manzana IV”, sin poner ningún nombre de remitente y ni siquiera la firma de Cárdenas (ver facsímil).
El representante legal de una familia de Itakyry que también tiene conflictos con el ente, Abog. Gustavo Pedrozo, afirmó: “Se está violando la Constitución Nacional de una manera vergonzosa, al sacar tierras a personas que tiene posesión y un lugar ganado, trabajado, por el mero capricho del presidente del Indert de decir que está recuperando tierras del Estado, por las que ellos mismos cobraron”. Añadió que el Gobierno y esta administración del instituto están actuando como ladrones, pues “van y roban lo que ellos mismos vendieron, se están volviendo peores que rateros”.
Alertó sobre el problema social que el Indert genera al dejar sin tierras a paraguayos y al desconocer títulos de propiedad, contratos vigentes, medidas cautelares. “La Fiscalía no tiene potestad para hacer desalojo en ningún lado, la Policía menos aún. La Fiscalía puede actuar en invasiones, pero en este caso eso no existe, lo que existe son derechos creados, ganados. El desalojo tiene que venir de una orden judicial y quienes tienen que hacerla cumplir son los oficiales de justicia. Esto es un abuso de poder, una vergüenza nacional; esto tiene que recorrer el mundo porque están pisoteando derechos de una manera descarada”, puntualizó.
“Proceso legal”
A través de un comunicado de prensa, Cárdenas afirmó que la actuación en Santa Lucía es un “proceso legal contra ocupantes ilegales”. Sin embargo, nada responde sobre la falta de orden judicial.
Según los datos, estos atropellos se dan debido al afán de conseguir tierras para los campesinos reubicados hace más de un año en el lugar, quienes repudian el desalojo a paraguayos y reclaman lotes para la producción. Esta es la colonia “modelo” del Indert.