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Así lo adelantó ayer a radio ABC Cardinal Sante Vallese, presidente de la citada operadora de telefonía móvil y la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco).
“Lo estamos hablando con la Procuraduría y con Pablo (Seitz, titular de la DNCP) para pasar a Contrataciones Públicas. Creo que este mes o inicios del próximo mes ya estaríamos implementando”, informó el presidente de Copaco.
La operadora de telefonía móvil lleva diez años realizando compras millonarias entre cuatro paredes, amparada en un dudoso dictamen de la Procuraduría General de la República cuando era su titular Enrique García, quien fue destituido hace poco de la Contraloría General de la República.
Vox fue adquirida por US$ 3 millones en 2009 por la Copaco, cuando era presidida por el ingeniero Mario Esquivel Bado.
Para que continuara como si fuera una empresa privada, la Procuraduría había argumentado que “una empresa telefónica debe realizar compras urgentes para poder competir en el mercado”. Decía que el principal obstáculo para despegar era la Ley 2051 de “Contrataciones Públicas” por los largos procesos de compras.
Aún con las millonarias inversiones en tecnología y publicidad fuera de la DNCP Vox no logró repuntar. Al contrario, siguió registrando pérdidas económicas.
Arrastró a la Copaco con sus problemas financieros, porque le avaló con sus depósitos CDA (más de G. 40.000 millones) compras tecnológicas superiores a los US$ 20 millones y cubrió con acciones nuevas una deuda que ronda los G. 64.000 millones.
Estos datos constan justamente en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República de agosto de 2018. En este informe el ente de control consignó que Vox es una empresa pública al ser propietaria de Copaco –otra empresa del Estado–, por lo cual debe estar sujeta a la Ley 2051/03 así como las demás normas que rigen a todas las entidades públicas.