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En la nota dirigida al contralor Óscar Rubén Velázquez Gadea y a la auditora general, Berta Rodríguez, la viceministra explica los motivos de su pedido señalando “las graves acusaciones que se vienen formulando y difundiendo en contra mía a través de los distintos medios de prensa, cuyas copias adjunto, en especial los referidos a la vinculación y al asesoramiento profesional que brinda el Sr. Jacinto Santa María a esta Subsecretaría y al supuesto hecho de que desde mi cargo, vengo promoviendo la adjudicación de trabajos profesionales para la firma auditora Audicon, de la cual me encuentro desvinculada temporalmente desde agosto pasado, al incorporarme a la función pública”.
Los contadores cuestionan a la viceministra porque lo consideran juez y parte en la nueva reglamentación para habilitar y controlar a los auditores externos impositivos, ya que es propietaria de la firma Audicon, gestión de la cual está desvinculada. Sin embargo, su esposo Jacinto Santa María ocupa el cargo de socio gerente y asesora a Tributación sin estar nombrado ni contratado.
La citada empresa, por su parte, fue adjudicada con tres contratos en el sector público, por un monto total de 311.656.000 guaraníes.