Ven intolerancia en la reacción del Ejecutivo en caso Petrobras

El senador Adolfo Ferreiro (Avanza País) sostuvo que el Gobierno revela debilidad al responder en forma furibunda un pedido de informes de la Justicia en el caso del recurso de amparo planteado por Petrobras contra decretos que conceden un monopolio parcial a favor de Petropar.

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Adolfo Ferreiro consideró inapropiada la forma en que respondieron el asesor jurídico de la Presidencia, Sergio Godoy, y el ministro Gustavo Leite al juez Hugo Garcete ante los pedidos de informes sobre el caso Petrobras, enviadas al Ejecutivo y también de forma específica al Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

Las expresiones de prepotencia y arrogancia en la contestación no corresponden y antes que mostrar fortaleza resultan más bien una manifestación de debilidad, según el senador, quien apuntó que, aparentemente, reaccionan como si fuese una osadía que una empresa recurra a la Justicia cuando se siente perjudicada por una medida del gobierno, “como si fuéramos una republiqueta o una monarquía absoluta, en la que el poder está por encima de los derechos legales y constitucionales”.

Los representantes del Gobierno deberían contestar con seriedad ante un requerimiento de la Justicia, ya que a la larga este tipo de mensajes que lanzan son perjudiciales para su relación con otros sectores, como los empresariales, sostuvo.

Destacó además que este tipo de manifestaciones, ante un juez serio, no tendrán ningún peso, porque ni siquiera las tomará en cuenta. El hecho de que quieran descalificar a la parte demandante, no implica que les dará la razón, apuntó.

En cuanto a la referencia que hace Leite sobre los antecedentes de la empresa Petrobras o cualquier otra que sea, Ferreiro indicó que nada tiene que ver con la cuestión que se está tratando.

Sin embargo, Ferreiro no consideró fuera de lo normal que el mismo Presidente Horacio Cartes firme la nota de respuesta, no obstante, indicó que el tono que adoptan sus representantes directos en esta causa, afectan su imagen, y desestimó que pueda ser un motivo de juicio político para el mandatario, pero cree que son hechos que de alguna manera minan su autoridad como Presidente.

Indicó que causas judiciales contra el Estado por medidas de Gobierno son normales en cualquier país y no pueden ser motivo de reacciones virulentas que revelan intolerancia y falta de institucionalidad.

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