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El primer proyecto que presentó el Ejecutivo al Senado preveía un ancho de 20 metros de cada lado del eje (40 metros en total) a lo largo de toda la franja de dominio, desde Asunción hasta Ypacaraí, que es el tramo que pretenden impulsar en esta primera etapa. No obstante, el proyecto establece mecanismos de liberación de la franja, que los vecinos consideran confiscatorios.
Al modificarse el proyecto, reduciendo el ancho a menos de la mitad (17 metros), se afectará a una menor cantidad de vecinos, que en principio habían sido estimados en 1.500, según Roberto Salinas, presidente de Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa).
Sin embargo, para la Coordinadora Nacional de Comisiones Vecinales mantiene artículos claramente inconstitucionales.
Por ejemplo, en el inciso D del artículo 5 del proyecto de norma se lee que, “en caso de que algún particular presentase oposición judicial o inicie una acción legal, serán competentes los tribunales en lo civil y comercial, los que no podrán dictar medidas cautelares que impidan las tareas”.
En el mismo artículo, en su inciso C, se lee que en caso de no llegarse a un acuerdo con los particulares, Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa) solicitará orden judicial para demoler las construcciones.
El doctor Wilfrido Fernández, uno de los representantes de la coordinadora, dijo que “es una pena que el nuevo proyecto siga siendo absolutamente inconstitucional, al pretender confiscar sin indemnizar”.
También cuestionó las facultades que se atribuye el Ejecutivo al buscar prohibirle al Poder Judicial dictar medidas cautelares en los litigios que se planteen, violando el principio de la independencia de poderes del Estado.
Complicada puesta en marcha
Según Salinas, este mismo año Fepasa elegirá al “socio financista” del proyecto para su inmediata puesta en marcha.
No obstante, fuentes del Senado adelantaron que el nuevo proyecto presentado por el Ejecutivo sería rechazado por las razones ya enunciadas.