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La transacción se hizo en plena campaña electoral. La comuna tiene un escalafón para la venta de terrenos, sean estos urbanos, suburbanos y portuarios.
El inmueble vendido se encuentra en la ribera del río Paraguay en la compañía Guasu Corá. Fue avaluado como urbano y se la había establecido un precio de G. 10.000 el metro cuadrado, pero la enajenaron por G. 1.000. Si la comuna consideraba que se trataba de una zona portuaria, el monto que debió cobrar era G. 35.000 el metro cuadrado, o sea dejó de percibir más de G. 26.000 millones de guaraníes, según denunció la administración actual. “El perjuicio económico para la comuna es enorme porque se le despojó de una propiedad valiosa en la ribera del río y por una suma irrisoria”, expresó el intendente Teodosio Gómez (PLRA).
Solicita la anulación de la venta del bien patrimonial. La investigación del caso estuvo primeramente a cargo de la fiscala local, Mirta Rivas, pero la misma fue recusada por Giménez y la causa fue derivada al fiscal Humberto Houdín, de Itá, y en menos de 15 días ya pidió la desestimación de la causa.
“La investigación ya lleva tres años, porque existieron varios incidentes y recién el año pasado me enviaron el informe del peritaje que confirma que hubo lesión de confianza y daño patrimonial”, expresó Rivas. Cuando estaba todo listo para la acusación apelaron la resolución de la fiscalía general que la confirmaba en el caso y el expediente fue derivado a Itá a cargo de Houdín, quien en dos semanas pidió la desestimación, añadió.
El juez de garantías de J. Augusto Saldívar, Leonardo Ledesma, le dio trámite de oposición y ahora la carpeta está en la fiscalía general adjunta a cargo de Ricardo Merlo, que bien puede ratificar el pedido o rectificarla. Houdín indicó que no encontró elementos penales para continuar. “Me pidieron resolver y tras verificar decidí pedir la desestimación de la causa, porque según pericias es una zona inundable y se justificaba el precio de la venta”, aseguró.