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La decisión fue recibida con beneplácito por los miembros de la Comisión para el Cumplimiento del Tratado de Yacyretá, porque forma parte de las obras principales descriptas taxativamente en el Anexo B del tratado y que solo se requiere de una decisión política para su aprobación, señaló ayer el abogado Walter Fidel Cardozo.
Recordó que el paso fronterizo incluso fue declarado de interés legislativo y provincial por la Cámara de Senadores de Corrientes y que permitirá ahorrar unos 300 kilómetros del tramo de ida y vuelta de Asunción a Buenos Aires, además de revalorizar toda la zona ribereña del lado paraguayo, así como lo está en el lado argentino.
Por su parte, Marta Coronel, integrante de la comisión, dijo que es un paso más para el lograr el cumplimiento de todo lo dispuesto en el acuerdo internacional.
Asimismo lamentó que hasta el momento la Fiscalía de Delitos Económicos no avanzara en la investigación relacionada con el daño patrimonial causado al Estado paraguayo debido a la violación del tratado y sus anexos, teniendo en cuenta que recientemente la Contraloría (CGR) se ratificó en su dictamen sobre la ilegalidad de la Nota Reversal firmada el 9 de enero de 1992 por el entonces embajador paraguayo en Buenos Aires Dido Florentín Bogado, que modificaba el Anexo C del tratado.
El 7 de agosto pasado presentaron un segundo urgimiento a la fiscala de Delitos Económicos María Victoria Acuña, para que impute a las personas que desde sus cargos en la EBY consintieron la violación.