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La referida propuesta de solución planteada recientemente por el Gobierno, incluso a través del vicepresidente de la República, Juan Afara, fue aceptada parcialmente por los campesinos de la colonia Guahory, distrito de Tembiaporã (Caaguazú). Ayer realizaron una asamblea general en la que se tomaron algunas decisiones y otras están pendientes de definición.
Uno de los voceros campesinos, Onécimo Araújo, informó ayer que se aceptó la propuesta de ingresar a los lotes recuperados por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en Guahory y en la colonia colindante, San Sebastián. Según lo explicado, son unos 57 lotes que estaban en manos de no sujetos de la reforma agraria y que no se llegaron a titular.
“Estamos verificando los lotes que son regularizados por el Indert. Lo que decidimos es que las familias ingresen a estos lotes, mientras se espera a ver lo que pase con el proyecto de ley de expropiación, que se encuentra para análisis de la Cámara de Diputados”, afirmó Araújo.
De acuerdo con la información divulgada ayer tras la asamblea, en el transcurso de esta semana se informará la decisión tomada por los labriegos sobre la otra propuesta del Gobierno, que hace referencia a la reubicación. Es que la idea era que una parte de las familias queden en la colonia y la otra sea llevada a las tierras a adquirir por el Indert, donde prometen construir una “colonia modelo”, con servicios públicos, caminos, viviendas, salud, educación, etc.
En ese sentido, el ente rural maneja dos propuestas concretas que, considera, reúnen las condiciones adecuadas. Por un lado, las 1.445 hectáreas en la localidad caaguaceña de San Joaquín, propiedad de la Industrial Maderil, del empresario Juan Altieri. Por otro lado, las 1.550 hectáreas del distrito de Yhú del mismo departamento, de la empresa España Informática, cuyos dueños son Khalil Ahmad Hijazi y su esposa Zulma Fernández.
Según los propietarios de ambos inmuebles, son tierras altamente productivas en los dos casos, ubicadas en zonas de gran prosperidad y cuyos precios de mercado oscilan entre US$ US$ 4.000 y US$ 5.000 por hectárea. De concretarse la compra de cualquiera de estas opciones, el pago se realizaría con los fondos del Indert, pero posteriormente el ente trasladará el precio a los adjudicatarios.
Al respecto, Araújo resaltó ayer que si ese es el precio definitivo, será rechazada la propuesta de reubicación, pues los campesinos no están en condiciones de abonar las sumas de referencia.
El ente rural, en su momento, llegó a hablar de un eventual subsidio a los campesinos, pero de eso no hay nada oficial. Ayer ABC intentó tener una respuesta de Justo Cárdenas, titular del ente, pero no atendió nuestras llamadas ni mensajes.
También quisimos consultar a Cárdenas sobre una versión que trascendió, de que el Gobierno estaría presionando a los campesinos para que acepten la reubicación, bajo amenaza de procesarlos por invasión. Pero no hubo acceso al funcionario, ni siquiera a través de la Dirección de Comunicación de la institución.
En Senado piden solución
Ayer se reunió la recientemente creada comisión sobre el caso Guahory del Senado, presidida por la legisladora Esperanza Martínez. Este grupo invitó a la representante legal de los labriegos, Abog. Mirian Cristaldo, para que dé un informe completo del caso, cómo ocurrió el desalojo de las familias a mediados de setiembre, de qué forma actuaron las fuerzas del orden público, la Justicia y el Indert.
Según resaltó Cristaldo, “hay mucho interés” en la comisión de referencia para que se resuelva lo antes posible la situación en conflicto y que las familias tengan su lugar de refugio y asentamiento definitivo, sin enfrentamientos con terceros por las tierras.