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El documento que fue dado a conocer recientemente por la ministra de la Función Pública, Nuria Isnardi, revela el crecimiento que tuvo el sector del funcionariado público en el sistema estatal paraguayo. En ese sentido, solamente desde el gobierno de Fernando Lugo en 2008 hasta abril de este año (que termina con Federico Franco como titular del Ejecutivo) se tiene un aumento de 66.354 nuevos funcionarios públicos, entre contratados y nombrados.
El número de contratados tuvo un crecimiento importante en los últimos años: En ese sentido, de 29.000 contratados que tenía el Estado en 2008, para 2011 se llegó a 41.000, el año pasado la cifra aumentó a 53.000 y el informe cierra con 50.845 nuevos contratados. Si bien se tiene una disminución con respecto a 2012, el significativo aumento de personal contratado para el sector público saltó a 20.891 funcionarios en apenas cinco años.
En cuanto a los nombramientos, el cuadro de la SFP muestra que cuando Nicanor Duarte Frutos dejó el gobierno en agosto de 2008, el Estado contaba con 167.171 funcionarios nombrados. El aumento llegó a más del 35% cinco años después, ya que actualmente se tiene un total de 212.634 nombramientos, lo que significa que en cinco años el aparato estatal paraguayo registró a un total de 45.463 empleados nombrados nuevos.
Falta de concursos
El documento de la SFP también revela un bajo nivel de concursos públicos en comparación a los nombramientos realizados en los últimos años.
Si bien el número de concursos públicos de oposición aumentaron significativamente en los últimos años, si se hace una comparación con los nombramientos no se tiene el nivel requerido. En ese orden, en los últimos años se tuvieron unos 27.047 cargos públicos concursados. En 2008, apenas se tenían 15 concursos públicos.
No obstante, haciendo un comparativo entre concursos y nombramientos, se tiene que se realizaron unos 18.000 nombramientos sin pasar por un concurso público de oposición en los últimos 5 años dentro de las entidades del Estado.
Todos estos números no tienen en cuenta a entidades públicas consideradas “claves” para el cuoteo político o “padrinazgo” a la hora de hacer los nombramientos o contrataciones, como el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
De acuerdo con el informe de Isnardi, además del TSJE, varias otras entidades no enviaron informes de sus respectivos empleados. Entre ellas menciona a las Fuerzas Armadas y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, entidades que tienen retrasos de más de un año incluso sin enviar documentación alguna de sus funcionarios. Otras instituciones que no actualizan datos de sus empleados son la Industria Nacional del Cemento (INC), el Instituto Nacional del Indígena (Indi), entre otras.