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Debido a que el perito agrimensor designado para la mensura es un coronel activo, las Fuerzas Armadas intervinieron en el caso Barbero Cue. El profesional, de nombre Santiago Teófilo Vera Duarte, fue apresado esta semana en extrañas circunstancias, por una supuesta sanción de conducta, y de su liberación depende que se realice la medición judicial de la mencionada colonia.
“La mensura de Barbero Cue se hubiera realizado en noviembre si la jueza que entendía en la causa (Mafalda Cámeron Luque) no se hubiera ilegalmente sometido a la voluntad de uno de los ganaderos (Vista Alegre SA) que entorpecen su realización desde el principio”, señala un comunicado que ayer envió a los medios de prensa el equipo jurídico de los campesinos, quienes promueven desde hace años, sin éxito, la realización de esta medición judicial. Este proceso es el trámite necesario para gestionar posteriormente la transferencias de las tierras, que en el 2013 fueron donadas a través de un Tratado Internacional para los ocupantes de hecho, sujetos de la reforma agraria.
“El agrimensor estuvo en poder del expediente para iniciar su tarea técnica, hasta que la jueza, denunciada posteriormente por prevaricato, le ordenó la devolución del mismo un día antes de la fecha fijada”, explica la misiva. Agrega que con la nueva fecha fijada para este lunes 28, las trabas ya no son de orden judicial, sino de las Fuerzas Armadas. “En efecto, con el argumento de una falta menor de parte del agrimensor, el ejército supuestamente ordenó su arresto y eso está comprometiendo ahora la realización de la mensura judicial. Hecho que desconocemos si es real, porque no hemos accedido a ningún documento sobre el asunto”, resalta.
Según denuncian los abogados de los campesinos de Barbero Cue, no se entiende cómo las Fuerzas Armadas pueden dejar a un lado el mandamiento constitucional del artículo 257, que le ordena cooperar con el Poder Judicial, existiendo resoluciones que demandan la presencia del perito agrimensor habilitado por la Corte Suprema de Justicia en la mensura fijada para el 28 de diciembre de 2015 (ver facsímil). “Estamos aguardando la autorización del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, conforme a las resoluciones judiciales y oficios judiciales que le fueron emitidos”, finaliza la nota.
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