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La lluvia de pedidos de aumentos salariales empezó con la Corte Suprema de Justicia, cuyo presidente, Raúl Torres Kirmser, tuvo a su cargo la exposición del proyecto de presupuesto de la entidad ante los legisladores miembros de la comisión bicameral.
La Corte acompañó el pedido de los sindicatos de la institución de 20% de incremento salarial en general para 12.241 cargos, con un costo de G. 159.296 millones, con el argumento de que desde 2012 no tienen mejoras en sus salarios.
Las autoridades señalaron que no fue incluido aún en el proyecto presentado, a fin de que la decisión sea tomada como parte de una política salarial del Estado.
Además, la Corte incluye la creación de más de 350 cargos, el pago de bonificación por grado académico para todos los funcionarios nombrados y comisionados en la Corte que hayan obtenido el título de grado en universidades nacionales o privadas; y bonificación por antigüedad exclusivamente para funcionarios nombrados que hayan alcanzado la antigüedad mínima de diez años en el ejercicio activo de la función.
El plan de gasto de la Corte para el ejercicio 2019 asciende a más de G. 1,6 billones (US$ 273,7 millones al cambio vigente), lo que implica un aumento de G. 283.955 millones (US$ 48,2 millones), equivalente a 21%, con relación al presupuesto 2018.
Fiscalía con ampliación
El Ministerio Público, a cargo de la fiscala general Sandra Quiñónez, solicitó un mayor presupuesto de lo que el Ministerio de Hacienda le asignó, argumentando que en esa institución se desempeñan en medio de una gran precariedad. Reclaman pasar de G. 627.000 millones asignados a G. 815.000 millones, considerados como lo mínimo para funcionar, aunque para cumplir cabalmente precisarían el doble.
Quiñónez apeló a los legisladores para que sea aprobado el aumento, señalando que están luchando contra el narcotráfico y el crimen organizado.
El plan de gasto, según dijeron, ya incluye el aumento salarial (de entre 10% a 18%) que el Congreso le otorgó la semana pasada vía ampliación presupuestaria para el presente ejercicio, aunque desde Hacienda los técnicos adelantaron que pedirán el veto total, porque no existen recursos para financiar.
Defensa pública
El Ministerio de la Defensa Pública, dirigida por la defensora interina Selva Morel de Acevedo, también requirió un aumento salarial del 10% para sus funcionarios, argumentando que los salarios son bajos y no reciben reajuste desde 2011.
A esto se suma el pago de subsidio por escolaridad (G. 700.000), bonificación por antigüedad en la función (G. 500.000) y creaciones de cargos.
Dentro de este grupo del Poder Judicial, el presidente de la Justicia Electoral, Jaime Bestard, dijo que aunque tuvieron un recorte en su presupuesto, están conformes con el monto establecido por Hacienda y pidió que se apruebe esto.
La cifra asciende a G. 505.929 millones, pero el 70% va a servicios personales, mientras el resto a gastos corrientes y subsidio y aportes a partidos políticos. Este último llega a G. 65.742 millones.
Bestard también habló de la necesidad de que las próximas elecciones municipales sean una oportunidad para implementar un plan piloto para el uso de urnas electrónicas e identificación biométrica de los electores.
Los parlamentarios le consultaron cuánto cuesta una urna y, según dijo, el que se adecuaría a las leyes del país rondaría los US$ 2.600 el alquiler por unidad, lo que implica un alto costo.
Conatel no quedó atrás
Por otro lado, también defendió su proyecto de presupuesto el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Andrés Gubetich, quien no se quedó atrás y solicitó igualmente un incremento salarial del 10% para los funcionarios de la entidad.
También asistió ayer a la comisión el titular de la Secretaría Nacional de la Juventud, Felipe Salomón, quien informó de un recorte de alrededor del 30% que se realizó en Hacienda.
Dijo que esto significará 1.600 jóvenes sin posibilidad de seguir usufructuando las becas de la institución.