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Añaden que estas investigaciones tienen el propósito de “llevar a los culpables ante la justicia y procurar la recuperación de los recursos robados”.
El documento base, elaborado para la creación de la comisión de referencia, justifica el proyecto “ante las abundantes y reiteradas denuncias de corrupción”.
Agrega que la comisión que se constituya debe tener “la responsabilidad de investigar los hechos de corrupción en Yacyretá, identificar a los responsables y hacer las denuncias pertinentes a los efectos de que los mismos sean procesados por la Justicia”.
Explican asimismo que a las denuncias, publicadas con mucha frecuencia en los diarios se suma la conclusión de la Transparencia Internacional, que en 2005 ubicó a Yacyretá entre los 10 “monumentos” a la corrupción más grandes del mundo.
Destacan que el hecho que en esos “descomunales desfalcos haya complicidad entre paraguayos y argentinos, es importante que esta comisión sea de carácter binacional”.
En las consideraciones de la propuesta de integración de la comisión especial binacional de investigación de la EBY, sus impulsores reiteran que “la justicia tiene el deber de investigar lo hechos de corrupción en Yacyretá”.
Que la investigación debe abarcar no solo a los funcionarios de la entidad binacional, sino también a los empresarios del sector privado que hayan formado parte de “la patria contratista”.
Aclaran que las indagaciones no deben limitarse a la última década, sino a las “últimas décadas”, incluso antes de que se iniciar el gobierno Kirchner”.
En rigor, la Entidad Binacional Yacyretá se instaló ya en 1974, pese a que sus mayores gastos e inversiones datan del lapso comprendido entre mediados de los años 80 y mediados de la década del 90.
Los impulsores del proyecto de creación de esta comisión especial destacan asimismo que “en los desfalcos participaron las empresas Sideco Americana y Supercemento, integrantes del grupo Macri”.
Añade que las firmas en cuestión formaban parte del consorco Eriday-Ute, contratista de las obras civiles principales del emprendimiento y que aún mantiene un multimillonario litigio con la EBY por los llamados “Asuntos Contractuales Pendientes”.
“En Paraguay, con pocas excepciones, muchos funcionarios se enriquecieron con los dólares de Yacyretá y una cierta cantidad de empresarios de la ‘patria contratista’ ligados a la entidad”, añade el material de referencia.
Destacan finalmente que la comisión binacional, en proceso de integración, debe investigar en Yacyretá para encontrar a los responsables del despojo que sufrieron el pueblo paraguayo y argentino durante el los años de ejecución del proyecto y recuperar el patrimonio robado, según explicaron los responsables de esta iniciativa.
“Monumento a la corrupción”
El 3 de abril de 1990, Carlos Saúl Menem, entonces presidente de la República Argentina, suspendía el proyecto ante evidencias ciertas de desvíos hacia propósitos non Sanctus de los recursos que habían sido asignados a la ejecución del proyecto hidroeléctrico binacional. “En menos del 50% de la obra hay inversiones de 3.000 millones”, apuntaba Menem, pese a que el su costo inicial había sido calculado en US$ 1.500 millones, según explicó.
Menem interrumpió el proyecto, al que llamó “monumento de la corrupción”, los países crearon una comisión investigadora pero con tan malos pesquisadores que hasta no pudo identificarse a uno solo de sus numerosos escultores