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El monto presupuestado fue de G. 5.560.857.492 y firmaron la propuesta el Ing. Óscar Franco y el Lic. Gustavo Ravetti Ybarrola.
El 29 de octubre de 1999 se firmó el contrato, la orden de inicio fue impartida el 12 de noviembre de 1999 y se estableció un plazo contractual de 720 días calendario.
El monto del anticipo pagado a la firma del contrato fue de G. 834.128.624.
A octubre de 2000, con un avance de obra del 30%, la contratista ya había certificado G. 1.277.671.523 (hasta el certificado N° 7), que sumando G. 373.244.028 en concepto de reajuste de precios, hacía un total de G. 2.485.044.175.
Como ingeniero residente en este ramal se desempeñó el Ing. Óscar A. Sitjar C. y el fiscal designado por el MOPC fue el Ing. Óscar López.
Contraloría verificó los trabajos
Según la empresa, hasta el certificado 7 se habían construido 21.612,64 m2 de empedrado (unos 3 km), pero un primer informe de Contraloría, basado en una verificación in situ, constató la ejecución de solo 6.500 m2, lo que frenó el pago de los certificados que ya estaban “aprobados”.
Sin embargo, según un segundo informe de Contraloría, ordenado por el entonces contralor abogado Francisco Javier Galiano Morán y llevado a cabo por un nuevo equipo de “auditores” comandado por el Lic. Antonio Cristaldo Albospino y el Ing. Atilio Perazzo Bisso, basado en un muestreo selectivo del 58% de los certificados emitidos y rubros elegidos, la cantidad ejecutada fue de 23.857,8 m2.
Este “informe” posibilitó que se liberara el pago del Certificado N° 9, de G. 922.163.485, mediante bonos del tesoro, lo que hizo un total de G. 3.407.207.660 a favor de la contratista, que restando los G. 250.238.587 por devolución de parte del anticipo, finalmente la empresa se embolsó G. 3.156.969.073 por un poco más de 1 km de empedrado construido hasta ese momento. Los auditores que emitieron el informe revelador que desnudó el negociado de los “empedrados chinos” y frenaron los pagos fueron despedidos por el contralor Galiano.
¡Costo de los “empedrados chinos” sigue aumentando!
Recientemente, el MOPC adjudicó de nuevo la misma obra, en este caso a la empresa Sigfrido Felman, con un costo de G. 40.000.000.000, que sumado a lo pagado hasta el momento a Benito Roggio e Hijos SA, incluyendo los ajustes, permite concluir que la obra finalmente costará cerca de G. 49.200 millones (previendo el “reajuste” de precios fijado en los pliegos de bases y condiciones que sirvieran de base para el llamado a licitación).
Vale decir que el costo de este “empedrado” podría rondar los G. 2.236 millones el km, que al tipo de cambio actual de 4.190 G./US$, sería unos US$ 533.272 el km, casi el mismo costo de la carretera asfaltada Paraguarí-Villarrica.
Todas las obras del MOPC serían “empedrados chinos”
Los “empedrados chinos” se constituyen en el ejemplo más palpable de la connivencia entre empresarios inescrupulosos, funcionarios infieles y auditores venales, complotados para saquear al contribuyente.
De hecho, no podría negarse la responsabilidad política de los que manejan los resortes institucionales al ceder al chantaje permanente, a ciertas “vinculaciones” que incluso conspiran contra las normas del buen arte en la construcción, y emplean métodos viciados que privilegian negocios viales en lugar de custodiar los intereses de los contribuyentes.
Este caso exige una vez más la adopción de políticas viales adecuadas, de lo contrario los precios no se transparentarán, como viene ocurriendo con empedrados de pésima ejecución.